Un juzgado abre juicio a Mónica Oltra por encubrir presuntamente abusos de su exmarido, como le mandató la Audiencia
La jueza actúa por orden de la Audiencia de Valencia, que estimó los recursos de la víctima, de Vox y de una asociación ultra, y en contra del criterio del instructor y de la Fiscalía


El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsejera de Política Inclusiva, y otros 12 colaboradores de este departamento, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por el exmarido de ella entre los años 2016 y 2017, cuando era educador en un centro religioso con plazas públicas concertadas. Luis. R. Icardi fue condenado a cinco años de prisión.
El juzgado ha tomado la decisión en contra del criterio del propio juez instructor de la causa y de la Fiscalía, pero por mandato de la Audiencia Provincial de Valencia. La Sección Cuarta de este tribunal estimó los recursos de la acusación particular de la víctima Teresa Tanco, representada por José Luis Roberto, promotor del partido ultra España 2.000 y las acusaciones populares de Vox y la entidad Gobierna-te, que dirige Cristina Seguí, una de las fundadoras de este partido de extrema derecha.
En su auto, la jueza de la Instrucción número 15, Ana María Lillo, que está cubriendo la baja laboral del titular, Vicente Ríos, manifiesta que desde el “Ministerio Fiscal no se formuló acusación contra los encausados en la presente causa al entender que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de delito”. Y añade: “Por este Juzgado se dictó Auto de 27 de Junio de 2026 acordando denegar la apertura de juicio oral” por no hallar indicios de delito (una decisión que adoptó entonces Vicente Ríos, que ya había archivado las diligencias dos veces con anterioridad). En diciembre, la magistrada suplente ratificó la decisión del titular.
En la resolución, dirige la acusación contra estas 13 personas, en función de cada caso, por delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
La jueza señala que las acusaciones interpusieron recurso de apelación “que ha sido resuelto por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y por el que, estimando dichos recursos, se revoca el Auto de 27 de Junio y ordena se dicte la presente resolución de Apertura de Juicio oral”. El juicio recaerá por sorteo en una de las cinco secciones de la Audiencia de Valencia (no en la Cuarta, que ha intervenido en la causa).
Fija una fianza de 120.000 euros
La jueza requiere a los 13 encausados que “presten, conjunta y solidariamente, fianza en cualquiera de las clases admitidas en derecho, por la cuantía de 120.000 euros”. Y advierte de que si transcurrido dicho término no han hecho el pago, les embargará bienes de su propiedad “en cantidad suficiente a cubrir dicha suma”. Para ello, abre la correspondiente pieza de responsabilidad civil y “con la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana”.
Al hilo, la jueza avisa de que no cabe ningún recurso al auto, “salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados y sobre el sobreseimiento parcial acordado”, en alusión a uno de los colaboradores no procesado, finalmente.
En contra del criterio del juzgado de instrucción y de la propia fiscalía, la Audiencia concluyó en su escrito dado a conocer el pasado 24 de febrero, “que los hechos indiciariamente acreditados por el instructor en su auto de 2024 son incompatibles con el sobreseimiento provisional, y además incongruentes con la denegación de apertura de juicio oral”. Ý señaló, por ejemplo, el hecho de que la Consejería no comunicara a los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, lo que la Audiencia califica como “silencio” y “omisión” muy importantes.
La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió del Gobierno valenciano el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la causa judicial. También dejó su acta de diputada y abandonó la política activa. El entorno de la Oltra y su partido siempre han denunciado que es objeto de persecución judicial (lawfare) y han desvinculado su posible vuelta a la política de su situación judicial.
Desde su retirada de la primera línea política, Oltra trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como posible candidata electoral a la alcaldía de Valencia y ha cobrado más fuerza en las últimas semanas.
Este miércoles, el portavoz parlamentario de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, reconoció un reciente encuentro “privado” con Oltra. Hablaron, entre otras cosas, de su “reincorporación a la política” y aseguró que vio a la exdirigente valenciana “en forma y fuerte”. “Las reuniones de carácter privado son privadas y, por tanto, no voy a desvelar qué es lo que se habló, pero hablamos de todo y con mucha afabilidad”, destacó.
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