Los Veintisiete reafirman su relación “estratégica” con Marruecos tras la sentencia europea que tumbó los acuerdos de pesca y agricultura

Apenas es un párrafo casi al final del más de medio centenar de puntos que componen las 15 páginas de conclusiones de la cumbre de líderes europeos celebrada el jueves en Bruselas. Pero las escuetas frases reafirmando la relación “estratégica” de la UE con Marruecos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que tumbó los acuerdos de pesca y agricultura de 2019 por la falta de consentimiento del pueblo de Sáhara Occidental, conllevan un fuerte mensaje político para Rabat y más allá.

Por un lado, buscan tranquilizar a Marruecos, un socio clave para Europa en muchos campos, especialmente el migratorio que tanto ocupa y preocupa ahora a los Veintisiete. “El Consejo Europeo reafirma el gran valor que atribuye la Unión Europea a su asociación estratégica con Marruecos y reitera la necesidad de cultivar y seguir reforzando relaciones estrechas en todos los ámbitos de la asociación Marruecos-UE”, subrayan en sus conclusiones.

El Consejo Europeo seguirá “definiendo la política exterior de acuerdo con los Tratados”, agrega el texto negociado por los líderes europeos, en el que se limitan a “tomar nota” de la sentencia de la justicia europea, señalan secamente. Con ello, han querido dejar claro, para que no quepan dudas en el futuro en Marruecos u otros miembros de la comunidad internacional, que la política exterior la fija el Consejo Europeo y no los jueces de Luxemburgo, subraya una alta fuente europea. A los Veintisiete les preocupa, explica, que la sentencia del TJUE pueda llevar a alguna de las partes de este conflicto largo y todavía lejos de ser resuelto a dudar de la posición de la UE, algo que sentaría un peligroso precedente de cara a otras negociaciones o acuerdos internacionales.

“Los tratados dicen que la posición la fija el Consejo y nadie más”, subraya la fuente, que se dice “conmocionada” por las potenciales implicaciones de la “problemática” sentencia del TJUE.

A comienzos de mes, el máximo tribunal de Luxemburgo dio un espaldarazo al Frente Polisario —y con ello un fuerte varapalo a Rabat y Bruselas— al fallar que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos firmados en 2019 en materia de pesca y de productos agrícolas “vulneraron” los principios de autodeterminación, y del efecto relativo de los tratados porque no contaban con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. De este modo, los jueces avalaban una sentencia previa del Tribunal General de la UE (TGUE, una especie de primera instancia) de 2021 que, a demanda del Frente Polisario, anuló esos acuerdos al considerar que implicaban comerciar con productos del Sáhara Occidental, lo que suponía desplegar sus efectos sobre un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Además, el TGUE remarcó que para esos acuerdos no se había obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, como tercer implicado.

Mientras el Frente Polisario celebraba la sentencia, Rabat ―que vio cómo esta frenaba los avances en el reconocimiento explícito de su soberanía sobre el territorio en la comunidad internacional que tanto le ha costado lograr en los últimos años― instó rápidamente “al Consejo, la Comisión y los Estados miembros de la UE” a que “adopten las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales” y “preservar los logros de la asociación” bilateral.

“La UE reitera la gran importancia que concede a su asociación estratégica con Marruecos, que es amplia, profunda y a largo plazo”, replicaron no menos rápidamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado conjunto. Los líderes de los 27 Estados miembros han querido ratificar ahora esa posición.

Lo que se busca evitar, explica la fuente, es que se dé la impresión de que la UE ha cambiado de posición política en materia de asuntos exteriores por una sentencia judicial sobre una situación “extremadamente controvertida” y que ello pueda interpretarse como que se pone en cuestión el proceso de Naciones Unidas que busca resolver esta disputa que enfrenta desde hace décadas a Marruecos y Argelia, donde permanece refugiada una buena parte de la población saharaui administrada por el Frente Polisario desde que Marruecos se anexionó el Sáhara Occidental en 1975.

El momento es además especialmente sensible. Justo antes de que los Veintisiete ultimaran los detalles de su posicionamiento común en las conclusiones, al otro lado del Atlántico, Staffan de Mistura, representante personal del secretario general de la ONU António Guterres para el conflicto del Sáhara Occidental, lanzaba por primera vez en dos décadas la propuesta de una posible partición de la antigua colonia española; el sur para los saharauis y el norte quedaría como territorio marroquí. Y de vuelta a este lado del océano, este viernes, la justicia italiana ha dado un fuerte golpe al controvertido —pero por muchas capitales europeas celebrado— plan del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni de deportar a Albania migrantes rescatados en el Mediterráneo. La decisión se ha basado, precisamente, en otra reciente sentencia del TJUE que recorta drásticamente qué países se pueden considerar seguros y a cuyos ciudadanos Italia puede aplicar el protocolo rápido de acogida y expulsión en Albania.