La justicia europea da la razón al Polisario y ordena anular los acuerdos de comercio y pesca entre Marruecos y la UE

El Tribunal General anula los pactos porque implican comerciar con productos del Sáhara Occidental, un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos

El barco 'Playa Yerbabuena', beneficiario del vigente acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, a su llegada Barbate (Cádiz) en julio de 2019, tras faenar en aguas del Sáhara Occidental.
El barco 'Playa Yerbabuena', beneficiario del vigente acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, a su llegada Barbate (Cádiz) en julio de 2019, tras faenar en aguas del Sáhara Occidental.Román Ríos (EFE)

Batalla a batalla, la vieja guerra legal del Frente Polisario sigue avanzando en la Unión Europea. En una decisión de gran trascendencia política y potencial seísmo diplomático, el Tribunal General de la UE ha ordenado anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Marruecos y la UE, tal como reclamó el Frente Polisario en sendos recursos. El tribunal anula los acuerdos porque implican comerciar con productos del Sáhara Occidental y desplegarían sus efectos sobre un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos.

Las dos sentencias del tribunal con sede en Luxemburgo, contra las que cabe recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, piden que se mantengan los efectos de los pactos durante un período de tiempo, que no puede ser superior a dos meses, o al pronunciamiento del TJUE si hubiera recurso, pues su anulación con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta.

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El motivo de la anulación es que la justicia europea entiende que no se tuvo en cuenta, a la hora de suscribir los acuerdos, el consentimiento del pueblo saharaui, en su calidad de tercer afectado. Y aunque las sentencias son recurribles, el TJUE ya se pronunció a favor de las peticiones del Frente Polisario en abril y junio de 2019, en relación, por un lado, al acuerdo de libre comercio y productos agrícolas firmado entre Bruselas y Rabat, y, por otro, el acuerdo pesquero refrendado en 2019 entre ambas partes.

“El Consejo [órgano que representa a los 27 Estados miembros] no tuvo suficientemente en cuenta todos los factores pertinentes relativos a la situación del Sáhara Occidental y consideró erróneamente que disponía de un margen de apreciación para decidir si cumplía la exigencia de que la población de dicho territorio expresara su consentimiento”, afirma una de las resoluciones.

A pesar de que la UE había realizado “amplias consultas” con los “actores socioeconómicos”, los cuales se mostraron en su mayoría “favorables a la ampliación de las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación al Sáhara Occidental”, o al menos así lo aseguraban los acuerdos impugnados, el tribunal estima que de estas consultas no puede inferirse que hubiera un consentimiento. “Ese enfoque permitió, como mucho, recabar la opinión de las partes afectadas, sin que dicha opinión condicionase la validez de los acuerdos controvertidos ni vinculase a las partes”, dice una de las sentencias.

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El Tribunal General considera que, en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental y a sus aguas adyacentes, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento. Por tanto, “las decisiones impugnadas tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio”. El 90% de las capturas incluidas en el acuerdo de pesca se obtienen en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, ha declarado que la doble sentencia abre una nueva etapa en la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y marca al Consejo de Seguridad de la ONU el camino que debe seguir para terminar el proceso de “descolonización del Sáhara Occidental”.

Marruecos reaccionó oficialmente a la decisión a los pocos minutos de difundirse, con una declaración conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Con ella quisieron transmitir tranquilidad: “Adoptaremos las medidas necesarias para asegurar el marco jurídico que garantice la continuación y la estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos”.

“Las relaciones con España no se verán afectadas”

Una fuente diplomática de Marruecos indicó a El PAÍS que las sentencias no afectarán en nada a las relaciones bilaterales con España. “Las cosas que están programándose respecto a España seguirán igual que ahora”. Respecto a los acuerdos de agricultura y pesca con la Unión Europea, la misma fuente vaticinó su continuidad. “Esta sentencia va a ser apelada ante el Tribunal de Justicia europeo y va a ocurrir lo que ya sucedió en 2016: que la justicia europea rectificará otra sentencia que se produjo en 2015 y que anulaba los acuerdos. Estamos seguros”. La citada fuente oficial ve en el tribunal “mucha política y muy pocos argumentos jurídicos”, además de “incoherencias y contradicciones”. Y apela a la UE para que “asuma su responsabilidad para proteger el acuerdo global con Marruecos”.

La onda expansiva de las decisiones relativas a un acuerdo comercial y a otro de pesca suscritos entre Bruselas y Rabat, pero con incidencia directa en el Sáhara Occidental, tienen capacidad para hacer saltar por los aires los lazos de Marruecos con la UE y especialmente con España, socio principal en la relación entre ambas orillas.

El Frente Polisario exigía la anulación de los acuerdos con Marruecos alegando, ente otros motivos, la incompetencia del Consejo de la UE (el organismo que representa a los veintisiete Estados miembros) para suscribirlos. La organización alegó en sus recursos que la Unión Europea y Marruecos “carecen de competencia para negociar acuerdos internacionales aplicables al Sáhara Occidental en lugar de la población de dicho territorio, que es representada por el Frente Polisario”.

Las sentencias suman otro par de legajos más en el ya amplio corpus jurisprudencial europeo sobre el territorio en disputa. El TJUE anuló en diciembre de 2015 un acuerdo comercial firmado en 2012 entre Rabat y Bruselas por el cual Marruecos podía vender productos cosechados en esa zona. El tribunal reprochó al Consejo que no tuvieran en cuenta “que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU”, según el fallo. En 2016, sin embargo, el TJUE dio la razón a la UE, permitiendo la aplicación del tratado, aunque dejando claro que en ningún caso el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos, y que por tanto este último no puede exportar productos saharauis como propios. En 2018, finalmente, la justicia europea refrendó el antiguo acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat (de 2007), aunque volvió a recordar que este no es aplicable al Sáhara Occidental porque ese territorio “no forma parte del Reino de Marruecos”.

Las relaciones económicas entre ambas partes son clave: la UE es el primer socio comercial de Marruecos y el país africano es, a su vez, el mayor socio de la UE de entre los vecinos del sur. Los intercambios suman 35.300 millones de euros, con un superávit de 5.000 millones para el bloque comunitario, según cifras de la Confederación General de Empresas de Marruecos. Pero esta asociación, a través de un comunicado emitido este miércoles, asegura que el Frente Polisario “es prácticamente incapaz de ejercer ningún control sobre un territorio del tamaño del Reino Unido” y que los acuerdos comerciales y de pesca suscritos han tenido efectos beneficiosos para ambas partes, en línea con informes de la Comisión Europea, según argumentan.

Pero los intereses en juego van mucho más allá de estos intercambios o de los 128 barcos (93 de ellos españoles) que faenan en aguas saharauis; van más allá incluso de las relaciones económicas entre ambas partes. Para Marruecos, buena parte de su política exterior, desde los acuerdos sobre inmigración irregular a la cooperación contra el terrorismo islamista, se supeditan en gran parte a que los Estados miembros no cuestionen su control sobre el Sáhara Occidental.

El golpe jurídico de Luxemburgo, además, llega en un momento crítico en las relaciones entre el país africano y España, con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tratando de recomponer los platos rotos en los últimos meses. Los lazos entre ambos se vieron notablemente deshilachados cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el pasado diciembre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y se tensaron aún más cuatro meses después, cuando España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño sin anunciárselo a Rabat.

Este episodio desencadenó a su vez una nueva crisis, ahondada con la entrada en mayo de 10.000 personas en Ceuta desde territorio marroquí. Durante las tensiones, Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, como protesta. Y Benyaich continúa en Rabat, a pesar de que la ministra de Exteriores que autorizó la entrada de Gali, Arancha González Laya, ya no forma parte del Gabinete del presidente Pedro Sánchez. Desde diciembre sigue en el aire una cumbre de alto nivel prevista entre los dos vecinos, y Albares, sucesor de Laya, aún no ha logrado consensuar un viaje oficial.

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