El campo recibe con indignación el acuerdo de la UE con Marruecos

Las organizaciones sectoriales se unen para pedir compensaciones a Bruselas El sector agrario andaluz reaccionó ayer con rabia contenida a la ratificación por parte del Parlamento Europeo del Acuerdo Agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. Bajo el argumento de apoyar las reformas democráticas en el norte de África, la Unión Europea ha bendecido un tratado que aumenta considerablemente el contingente que Marruecos tiene asignado para los productos hortofrutícolas más sensibles comercialmente para los productores comunitarios, principalmente el tomate, además de liberalizar las exportaciones en el resto de productos agrícolas, entre ellos el aceite de oliva. El nuevo acuerdo, que entrará en vigor en mayo y tendrá vigencia hasta 2017, supone, en la práctica, un duro golpe para el tejido agroalimentario andaluz que verá reducida su cuota de mercado por la competencia —“desleal”, según las organizaciones sectoriales andaluzas— de los productores marroquíes. Destaca el impacto que el acuerdo tendrá entre los productores de tomate, donde Andalucía acapara el 64% de la exportación nacional, pues Marruecos incrementará su contingente con régimen arancelario especial hasta las 285.000 toneladas. También se verán afectados productos como el calabacín, pepino, clementinas, ajo o la fresa.

Todas las organizaciones piden compensaciones a la UE ya que, auguran, se producirán pérdidas de ingresos y empleo en el campo. Con una exportación de más de 500.000 toneladas de tomate, Andalucía es la comunidad más perjudicada por el nuevo acuerdo. En virtud de este convenio agrícola, Marruecos aumentará su exportación de tomate a la Unión Europea de las 253.000 toneladas de este año a 285.000 en 2017. La pérdida de la cuota de mercado prevista se traducirá en un descenso de la producción de este producto de 180.000 toneladas en el próximo quinquenio, según la estimación de la Consejería de Agricultura. La Junta cifra asimismo en 2.100 las hectáreas que dejarán de producir y la pérdida de 1.130.000 jornales. José María Andújar, gerente de CASI, la mayor cooperativa europea de tomate, afincada en La Cañada (Almería), augura que el efecto del acuerdo será devastador en próximas campañas. “Los ingresos van a disminuir por la bajada del precio de los productos”.

Según la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), solo en el sector del tomate y en el último año, el acuerdo en vigor ha provocado la destrucción de 12.500 empleos en Andalucía, Canarias, Valencia y Murcia. Pero también se liberaliza la entrada de una amplia lista de productos, entre los que destacan el calabacín, cuyo contingente se incrementa de 20.000 a 50.000 toneladas; el pepino, de 6.200 a 15.000; las clementinas, de 143.700 a 175.000; o el ajo, de 1.120 a 1.500. En el caso específico de la fresa, no solo se amplia su contingente de 100 a 3.600 toneladas en abril, sino que se amplía el período de entrada, incluyendo mayo con 1.000 toneladas más. El presidente de Asaja en Andalucía, Ricardo Serra, lamenta que la Comisión Europea no haya tenido en cuenta el impacto del nuevo acuerdo agrícola que, en su opinión, supondrá que España deje de ingresar 2.240 millones de euros al año (estimación realizada a partir del descenso previsto de las exportaciones), la mitad de los cuales corresponderán a Andalucía. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), cuyos principales dirigentes se desplazaron esta semana a Estrasburgo y Madrid, donde han mantenido una delegación permanente en la sede de la UE, anunció ayer que recurrirá el acuerdo ante el Tribunal de Justicia Europeo. El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la COAG, Andrés Góngora, avanzó que el recurso se basará en tres argumentos jurídicos. La citada organización considera que la UE “no puede avalar” acuerdos de asociación en los que una de las partes firmantes “vulnera la legalidad” al no cumplir con el articulado de los acuerdos adoptados hasta ahora. También sostiene que se confunde a los consumidores sobre la “veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos”. El principal argumento de COAG es que Marruecos “no cumple” con las normativas europeas en materia laboral, medioambiental o social, lo que “provoca un desequilibrio evidente” y una “competencia desleal”.

Todas las organizaciones lamentan que el Parlamento Europeo no tuviera en cuenta el informe de parlamentario verde francés José Bové que, además del conflicto del Sáhara Occidental, pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico, el incumplimiento sistemático de las cláusulas del acuerdo en vigor por parte de los exportadores marroquíes, las irregularidades aduaneras, y la falta de principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta.