La justicia europea tumba los acuerdos de pesca y agricultura de la UE con Marruecos

Varapalo de la justicia europea a las instituciones de la Unión y espaldarazo al Frente Polisario. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha tumbado este viernes los acuerdos pesqueros y comerciales del club comunitario con Marruecos, aunque ha concedido un periodo de gracia de 12 meses para ejecutar el fallo sobre el segundo pacto. La validez del primero expiró en julio del año pasado. El alto tribunal europeo avala así una sentencia del Tribunal General de la UE que en 2021, a demandas del Frente Polisario, anuló esos acuerdos suscritos entre Marruecos y la UE. Entonces se determinó que implicaban comerciar con productos del Sáhara Occidental, lo que suponía desplegar sus efectos sobre un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Además, remarcó que para esos acuerdos no se obtuvo el consentimiento del pueblo saharaui, como tercer implicado. Varios Estados miembros habían apelado al TJUE esa sentencia que ahora el alto tribunal ratifica al desestimar sus recursos.

La máxima instancia judicial de la Unión establece que los acuerdos con Marruecos se celebraron “vulnerando el principio de autodeterminación”, ya que el pueblo del Sáhara no prestó su consentimiento, lo que era condición de validez en el “territorio no autónomo [pendiente de descolonización, según la ONU]”. Los jueces del TJUE se pronuncian también en línea con la abogada general de la Unión Europea, que dictaminó en marzo que el acuerdo pesquero alcanzado con Marruecos en 2019 debería ser anulado, “al no tratar al territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes de forma separada y distinta al Reino de Marruecos” y “no respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

Rabat sufre un serio revés que le obligará a revisar su política pesquera y agrícola. Pero, sobre todo, ve frenados los avances de reconocimiento explícito de su soberanía sobre el territorio en la comunidad internacional, tras los expresados por Estados Unidos e Israel, junto a varias decenas de países. Marruecos ha exigido este viernes “al Consejo, la Comisión y los Estados miembros de la UE” que “adopten las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales” y “preservar los logros de la asociación” bilateral.

El Gobierno marroquí considera que no se ve afectado por la decisión del TJUE sobre los acuerdos agrícola y pesquero, según un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, al no haber participado en ninguna de las fases del procedimiento. “Este caso afecta a la UE, por una parte, y al Polisario, apoyado por Argelia, por otra”, puntualiza la nota diplomática, que atribuye a los jueces europeos “errores jurídicos evidentes” y “un sesgo político flagrante”. Marruecos advierte además de que no suscribirá ningún acuerdo que no respete “su integridad territorial y su unidad nacional”, en las que incluye al Sáhara Occidental.

Para el Frente Polisario, el fallo representa un “triunfo de la resistencia” al haberse avalado sus recursos iniciales contra los acuerdos de 2019. El representante del Polisario en España, Abdula Arabi, ha afirmado en la red social X que negociar con el Gobierno marroquí como representante de la población saharaui implica “reconocer la ocupación” del territorio. Arabi ha advertido de que los países europeos deben ser ahora “consecuentes” con la sentencia del TJUE. El Polisario asegura que siempre ha estado “a disposición” de las empresas y de los sectores agrícola y pesquero para que puedan beneficiarse de los recursos del Sáhara Occidental, “con respeto al Derecho Internacional”, precisó su representante en Madrid.

“La UE reitera la gran importancia que concede a su asociación estratégica con Marruecos, que es amplia, profunda y a largo plazo”, han dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado conjunto, en el que señalan que pretenden llevar esa asociación a un nuevo nivel en las próximas semanas y meses “de conformidad con el principio de pacta sunt servanda [los acuerdos deben ser cumplidos]”. La Comisión Europea está analizando en detalle las sentencias, en particular sobre la preservación de la validez del acuerdo sobre productos agrícolas por otros 12 meses.

La vigencia del protocolo pesquero suscrito entre la Unión Europea y Rabat en 2019 expiró en julio de 2023, cuando abandonaron las aguas bajo control marroquí en el Sáhara Occidental la veintena de barcos andaluces, canarios y gallegos que contaban entonces con licencia, entre un máximo de 93 negociadas para España por Bruselas. A la espera de una sentencia firme, las partes dejaron en suspenso la renovación del acuerdo.

La abogada general de la UE, la croata Tamara Capeta, no fue de la misma opinión respecto al acuerdo comercial entre la UE y Marruecos de 2019, por el que se modificaban las preferencias arancelarias concedidas a los productos de origen marroquí para ampliarlas a productos procedentes del Sáhara Occidental. Consideró que una “potencia administradora” puede celebrar, en determinadas circunstancias, un acuerdo internacional en nombre de un territorio no autónomo (pendiente de descolonización, según la ONU) como el Sáhara Occidental, y argumentó que el pueblo saharaui “no puede consentir por sí solo la celebración de un acuerdo internacional relativo a su territorio”. El TJUE ha desoído ahora su recomendación.

La justicia europea, que ya negó en 2021 la validez de las consultas, favorables a los acuerdos, que la UE había mantenido previamente con asociaciones, agentes sociales y entidades locales en el Sáhara Occidental bajo control de Marruecos, con independencia de si son o no saharauis de origen, ha ratificado ahora ese criterio. El Polisario, asentado en Tinduf (Argelia) desde que España abandonó su antigua colonia en 1975 y que solo controla un 20% del territorio, no fue escuchado. El TJUE constata que “una parte considerable de ese pueblo [del Sáhara Occidental] vive fuera del territorio”.

La vigencia del acuerdo comercial, sobre liberalización en materia de productos agrícolas, se mantiene durante un año para evitar “consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión y por razones de seguridad jurídica”. El alto tribunal europeo reconoce en su sentencia que el conflicto entre Marruecos y el Polisario afecta a la legalidad de los acuerdos con Rabat que implican explotación de los recursos naturales del Sáhara, al no haberse obtenido el consentimiento del pueblo saharaui en su condición de tercera parte.

Reconocimiento al pueblo saharaui

Los jueces de Luxemburgo desestiman los recursos de la Comisión y el Consejo y reconocen también “la legitimidad del Frente Polisario, como interlocutor con Naciones Unidas, para impugnar ambos acuerdos”. El pueblo del Sáhara, “el único titular del derecho de autodeterminación sobre el territorio”, según el TJUE, no fue consultado. Solo lo fueron representes de la población actual, que “en su mayor parte no pertenece a ese pueblo (…) del que gran parte vive en el exilio”, añade el alto tribunal.

El Instituto Nacional de Estadística español registró en el Sáhara cerca de 75.000 saharauis, junto a 30.000 españoles, en el censo de 1974, antes de abandonar el territorio. Según fuentes españolas conocedoras de la antigua colonia, la ONU llegó a contabilizar entre 1991 y 2007, cuando se interrumpió la confección del censo para el referéndum de autodeterminación, unos 130.000 potenciales votantes de origen saharaui. El Polisario, por su parte, asegura que en los campamentos de Tinduf hay 173.600 refugiados con derecho a voto. Estimaciones oficiosas en El Aaiún apuntan a que entre 90.000 y 120.000 saharauis autóctonos o sus descendientes, con vínculos con la antigua Administración colonial española, viven hoy en el Sáhara Occidental, que ronda el millón de habitantes.

Tomates y melones del Sáhara

El TJUE falla también en otro caso sobre el Sáhara Occidental. Dicta que los tomates y los melones recolectados en ese territorio deben incluir en su etiquetado una mención que precise su procedencia y no de Marruecos, según dictaminaron este viernes los jueces de Luxemburgo. El alto tribunal dice que cualquier otra indicación “sería engañosa y podría inducir a error al consumidor”. La UE mantiene desde 2015 la misma postura con los productos importados desde las colonias israelíes en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Como productos importados en la UE, los melones y los tomates recolectados en el Sáhara Occidental deben indicar su país de origen en virtud de la normativa de la Unión, dicen los jueces, ya que la obligación de esa referencia se aplica no solo a “los productos originarios de un país como sinónimo de Estado”, sino también a los que son originarios de territorios.

En la Comisión de Exteriores del Congreso, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha expresado su “respeto” por la decisión del TJUE y ha prometido “todo el apoyo” a los pescadores y agricultores. Ha añadido, a continuación, que “la asociación de la UE con Marruecos es estratégica para ambas partes y también para España” y que el Gobierno apuesta “por la estabilidad de la relación con Marruecos, que es firme y no se va a ver alterada” por la sentencia del tribunal europeo, informa Miguel González.