La ‘melonización’ del debate migratorio avanza en la UE

La ultraderechización, la melonización del debate migratorio, avanza y se impone en la Unión Europea. Poco antes de la cumbre oficial de los Veintisiete, una minicumbre de líderes de varios socios comunitarios, encabezados por la italiana Giorgia Meloni, y con la participación de países de diverso color político y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro este jueves en Bruselas que la extrema derecha abandera el debate sobre las deportaciones de solicitantes de asilo y que quiere escenificarlo. La Unión camina hacia un modelo cada vez más blindado, que incluye por primera vez la apertura de centros fuera de territorio comunitario para expulsar a quienes quieren llegar a la UE, como el que la líder italiana ha abierto en Albania.

La intención de la ultraderecha es clara: marcar la pauta en el debate de un asunto que va a dominar la agenda en los próximos meses y que ya de por sí es divisivo.

Pese a que las llegadas irregulares de solicitantes de asilo a la UE se han reducido en los últimos meses, la inmigración marca todas las discusiones. Nacionales y europeas. Y en la minicumbre organizada por Italia, Dinamarca y Países Bajos, y en la que también estuvieron los líderes de Austria, Chipre, Grecia, Malta, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría, esos 11 países precocinaron de alguna manera su posición para la reunión a 27. Esperan repetir el formato, incluso con más participantes, antes de la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre, dicen fuentes diplomáticas.

La ultraderechista Meloni, que tras las elecciones europeas de junio había quedado aislada del proceso de toma de decisión sobre los altos cargos de la cúpula europea, acordada por populares, socialistas y liberales, saca pecho ahora y cabalga la ola populista contra la inmigración e intenta recuperar capital político en Europa. En realidad, el fondo de sus mensajes no es demasiado diferente al de los del nacionalpopulista húngaro Viktor Orbán, pero el envoltorio es menos sonoro.

Al otro lado de esa corriente, ya en una cumbre formal con todos los líderes europeos en la que la inmigración ha centrado las discusiones, el español Pedro Sánchez ha hecho frente al concepto de los centros de deportación y ha hablado de favorecer la inmigración regular. En la misma línea se ha manifestado el primer ministro belga, Alexander De Croo, para el que esos campos de expulsión no son una “solución mágica”, apuntan fuentes diplomáticas.

También otros líderes han mostrado dudas sobre el modelo de centros de deportación, pero son sobre todo logísticas y económicas. “Si nos fijamos en las cifras, [los centros de deportación extracomunitarios] no son realmente la solución para un país tan grande como Alemania”, ha dicho, pragmático, el canciller alemán, Olaf Scholz. Mientras, el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, se ha mostrado abierto a la idea, pero es muy escéptico. Ha insistido en que no parecen ser la solución al desafío migratorio europeo. Como la mayoría de líderes, cree que aún hace falta más claridad en ese debate concreto, que se ha tratado de forma muy colateral en la cumbre.

Como conclusión del encuentro, los líderes han urgido este jueves a Von der Leyen a trabajar en una modificación de la regulación sobre deportaciones para endurecerla —donde la alemana cree que puede encajar el concepto de los centros de deportación a nivel europeo—. También han acordado seguir ahondando en el camino de los acuerdos con países de fuera de la UE para frenar las llegadas, como los que se han firmado con Egipto, Mauritania o Túnez. “Además, se deben considerar nuevas formas para prevenir y contrarrestar la inmigración irregular, en línea con el derecho europeo e internacional”, dicen las conclusiones de la cumbre. No hay, ni se esperaba, por tanto ninguna mención a los polémicos campos de expulsión —línea roja para España— tampoco a esas soluciones innovadoras, el eufemismo tras el que se esconde esa idea en Bruselas.

“Soplan nuevos vientos en Europa”, ha lanzado, por su parte, el ultraderechista holandés Geert Wilders, cuyo partido encabeza el Gobierno de coalición en Países Bajos. Así es. No es solo que la idea de abrir campos de deportación fuera de la UE está ganando peso entre los Estados miembros. De hecho, ha estado encabezada por Dinamarca, gobernado por la socialdemócrata Mette Frederiksen, en coalición. El debate va más allá, tanto que Polonia y Finlandia ya están poniendo en cuestión el derecho al asilo para hacer frente a lo que consideran un intento de desestabilización de Rusia con el envío de migrantes desde su territorio o Bielorrusia. De hecho, los líderes han acordado que las “situaciones excepcionales” requieren “medidas apropiadas”, en respuesta a la particular realidad de Varsovia y a la instrumentalización de la inmigración.

Y más: un grupo de países, encabezados de nuevo por la ultra Meloni, abogan por revisar las relaciones con la Siria de Bachar el Asad, rotas desde 2012. Una maniobra que abriría la puerta a declarar zonas seguras partes de ese país, o incluso todo su territorio, lo que facilitaría el retorno de sirios que huyeron de la guerra civil. El debate de fondo es repensar el concepto de “tercer país seguro” y reformar la lista de esos Estados para garantizar allí más deportaciones o abrir la puerta a pactos con sus dirigentes, señalan fuentes diplomáticas.

La jefa del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen, planea revisar ese concepto de país seguro. “Hay migrantes que necesitan protección, somos perfectamente conscientes de ello, pero no es necesario que esa protección sea en Europa sino que puede ser en países terceros seguros”, ha dicho la alemana en una rueda de prensa tras la cumbre, en la que ha remarcado que el debate sobre los campos de deportación no es “simple” y que está aún muy abierto.

La conservadora, que al principio de su primera legislatura se había percibido como muy cercana a las posiciones socialdemócratas o más sociales, ha empezado así recorrer la senda marcada por su familia política, el Partido Popular Europeo, que a su vez está siendo arrastrado por la extrema derecha. La derecha tradicional se ha escorado y apoya también los centros de expulsiones.

“Ahora estamos hablando de cosas que antes eran tabú”, ha dicho en Bruselas el primer ministro checo, el conservador Petr Fiala. “La política de retorno no funciona, el número de personas sin derecho a permanecer en la UE deportadas es solo del 20%; eso tiene que cambiar”, ha incidido.