El Partido Comunista de China reclama más desarrollo tecnológico para reavivar el crecimiento

El cónclave del Partido Comunista chino ha emitido este jueves su veredicto sobre el rumbo del país para la próxima década: reforma, reforma y más reforma. El llamado tercer plenario del Comité Central, un órgano que junta a los cerca de 370 máximos dirigentes de China, se aferra a este concepto —con ecos de la era de Deng Xiaoping al frente del país— como guía ante un mundo turbulento y en proceso de transformación dentro y fuera de sus fronteras. El partido considera que el objetivo prioritario de esta vía reformista es lograr un “desarrollo de alta calidad” ―concepto que maneja Pekín para hablar del cambio de un modelo de manufacturas baratas a otro guiado por la innovación, quizá la mayor de las obsesiones del presidente, Xi Jinping, en los últimos años―; y pide tomar medidas para seguir desarrollando las “nuevas fuerzas productivas”, esto es, las vinculadas a los sectores tecnológicos, según el comunicado sobre el plenario, publicado por la agencia oficial Xinhua.

La reforma en China no ha de entenderse, sin embargo, al estilo occidental; los líderes de la potencia comunista consideran que los tiempos actuales requieren de una presencia aún mayor del Partido en todos los ámbitos y reclaman que todo el país se una “más estrechamente en torno al Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping en su centro”, incide el texto. El documento también reconoce “riesgos” que amenazan áreas claves de la economía, como el sector inmobiliario, en estado crítico, la deuda de los gobiernos locales, y el estado de las instituciones financieras medianas y pequeñas. Pide expandir la demanda doméstica —otro de los puntos que lastran su crecimiento— y advierte de la necesidad de mantener la “seguridad nacional” y la “estabilidad social” en ese camino.

La reunión de cuatro días, celebrada a puerta cerrada en Pekín, ha concluido este jueves con la aprobación de un informe de trabajo elaborado por el presidente del país y secretario general del Partido que rige la vida de 1.400 millones de personas. “Ante la compleja situación internacional y nacional, la nueva ronda de la revolución científica y tecnológica y la transformación industrial, y las nuevas expectativas del pueblo, debemos situar conscientemente la reforma en una posición más prominente y seguir profundizando de forma integral la reforma en torno a la promoción de la modernización al estilo chino”, señala el comunicado, una especie de resumen del informe oficial, un extenso documento que habitualmente tarda unos días en salir publicado. Este informe es de una importancia máxima. Toca todos los ámbitos, del sistema impositivo a la defensa, de la promoción de la cultura a la protección del medio ambiente. Algunos analistas lo equiparan a un plan quinquenal —el próximo se elabora en 2025— y deberá ahora servir como base para poner en marcha la gigantesca maquinaria del Estado. Su relevancia a menudo no puede estimarse hasta pasados unos años.

El comunicado, publicado a modo de avance, cita 53 veces la palabra gaige (reforma en chino), y da bastantes pistas sobre esa dirección, que a primera vista no parece desviarse de la tomada de forma progresiva desde 2012, con la llegada al poder de Xi Jinping. La meta es llegar a 2035 habiendo establecido un “sistema económico de mercado socialista de alto nivel” y con una “modernización” que sirva como base para construir una “potencia moderna socialista” en el año 2049, fecha en que se cumplen 100 años de la proclamación de la República Popular por parte de Mao Zedong.

El texto publicado por Xinhua puede leerse casi como el prólogo a una ley: está lleno de buenas intenciones y promesas. Pide acometer mejoras en el sistema de regulación macroeconómica, en finanzas y tributación, orientar de forma más coherente la política macroeconómica. Habla de la necesidad de que China se mantenga abierta al exterior, de “revitalizar” el país a través de la ciencia y la educación, y de una estrategia de crecimiento, “impulsado por la innovación”. Muestra a la vez que Pekín es consciente del inmenso reto social al que se enfrenta con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria —el sector de la vivienda ha llegado a suponer un cuarto del PIB—; reconoce la importancia de mejorar las condiciones de vida en el proceso de desarrollo en marcha, y llama a reformar el sistema redistributivo, la política de empleo, el sistema de seguridad social, el sistema médico y de salud y de apoyo y servicios a la población.

También reconoce que ante los retos sociales, es necesario el refuerzo del control. El comunicado enfatiza que, por encima de todo, está el Partido Comunista, y que la “reforma completa” y la “modernización al estilo chino” son “inseparables de la firme dirección del Partido”. El texto subraya en ocho ocasiones que el “liderazgo” de la formación es esencial para “impulsar” la modernización del país e insta a continuar con el proceso de “autodepuración, automejora, autorrenovación y autoperfeccionamiento del Partido” con el objetivo de que este continúe siendo “el núcleo firme del socialismo con características chinas”.

El pleno también ha decidido “aceptar la solicitud de dimisión” como miembro del Comité Central del exministro de Exteriores Qin Gang, desaparecido desde hace más de un año y cuya situación sigue siendo un enigma. Qin, quien apenas ostentó el puesto de canciller durante seis meses, había sido considerado hasta su abrupto reemplazo, en julio de 2023, un protegido del presidente Xi. Su cese se produjo tras un mes sin noticias sobre su paradero, que Pekín justificó alegando “motivos de salud”. En el comunicado de este jueves, se le continúa denominando “camarada”.

Más hostil es el lenguaje que el Comité Central usa para anunciar la destitución de este órgano del exministro de Defensa Li Shangfu y del excomandante de la fuerza de misiles del Ejército Popular de Liberación Li Yuchao, a quienes se acusa de “graves faltas disciplinarias” en un informe de la Comisión Militar Central. Li Shangfu, así como su predecesor en el puesto, Wei Fenghe, fueron acusados de corrupción y expulsados del Partido Comunista el mes pasado. Hasta ese momento, el caso de Li Shangfu había seguido un guion casi idéntico al de Qin Gang: desaparecido en agosto del año pasado, cuando aún era titular de la cartera, y cesado dos meses después por orden de Xi. Por su parte, Li Yuchao (y sus adjuntos) también llevaba meses alejado de la escena pública antes de ser sustituido el pasado agosto como encargado de la unidad que controla el arsenal nuclear de la potencia asiática.

En lo que se puede interpretar como un mensaje hacia el Ministerio de Defensa, el comunicado hace hincapié en la “necesidad de mejorar el liderazgo militar y su sistema de gobierno”. Bajo la cruzada contra la corrupción que Xi Jinping lanzó poco después de asumir su cargo como secretario general del partido, hace 12 años, han sido juzgados más de cinco millones de funcionarios de todos los niveles. Esa campaña no solo ha servido para “limpiar” la reputación del partido y “reforzar la disciplina”, sino que muchos analistas aseguran que también le ha valido al presidente para eliminar a sus rivales políticos.

Para Max J. Zenglein, economista jefe del instituto Merics, con sede en Berlín, cualquier atisbo de lenguaje “liberal” que se pueda encontrar en el comunicado de este jueves debe entenderse dentro de los límites que fija el partido, “cuyo papel es cada vez más fuerte”, opinaba la semana pasada en una conferencia telemática. “Necesitamos verlo en el contexto de cómo Xi Jinping considera que debería funcionar la economía. Se enfatizará la necesidad de fortalecer los mecanismos de mercado, una mayor apertura económica”, añadía. “Se podría interpretar de manera muy optimista y creer que China continúa en el camino de la reforma de principios de los 2000. Pero no es el caso”, adelantaba este experto en vísperas del cónclave.

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