Odebrecht utilizó a dos arquitectos españoles para canalizar 22 millones de euros en sobornos

Dos arquitectos madrileños canalizaron a ciegas 22,4 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El dinero, destinado a pagar sobornos, fue a parar a políticos y funcionarios de Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. Y se abonó para manipular presuntamente licitaciones de obra pública, principal fuente de ingresos de Odebrecht. Así lo revela un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los arquitectos bajo sospecha, Juan José Lago-Novas y José Díaz Vecino, sostienen que fueron utilizados por la constructora brasileña en su esquema corrupto, que los trabajos existieron y que desconocían el destino del dinero. La Uifand lo niega y apunta a que ambos formaron parte del esquema de Odebrecht, artífice de la mayor trama de sobornos de América Latina, donde compró supuestamente las voluntades de 145 dirigentes y altos funcionarios entre 2001 y 2016.

La jueza instructora del caso en Andorra ha ampliado las diligencias por blanqueo a Lago-Novas y a su sociedad DSC Workshop Obras, Construcciones y Promociones. Se trata de una compañía que contrató con la constructora brasileña entre 2007 y 2010. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional española investiga también a este último y a su exsocio José Díaz Vecino por los mismos hechos.

DSC Workshop se fundó en 2005 de la mano de Lago-Novas en un piso del madrileño distrito de Chamartín. Según el Registro Mercantil, contaba con un solo trabajador y ese ejercicio declaró unas ventas de 12.000 euros. Dos años más tarde, el diminuto estudio comenzó a firmar contratos con el mastodóntico conglomerado de Norberto Odebrecht, un titán que llegó a tener 168.000 empleados en 28 países.

Lago-Novas y Díaz Vecino parecían haber sido tocados por un golpe de suerte porque firmaron contratos internacionales vinculados a los proyectos de licitación pública Río Caldera (canalización del río panameño); el saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá; el Multipropósito Baba, en el cantón Buena Fe de Ecuador, que contó con un presupuesto de 549 millones de euros, y el túnel Línea Amarilla en Lima (Perú). Fueron iniciativas gigantescas por las que DSC Workshop se llevaría el 3,5% de cada licitación en caso de éxito. Solo por la primera infraestructura en Panamá, presupuestada en 228 millones de euros, la comisión prevista para los arquitectos españoles fue de 7,9 millones de euros.

Dudas sobre los servicios prestados

Una comunicación de sospecha de blanqueo de capitales de la Uifand ha servido a la jueza y al fiscal del caso para investigar a los arquitectos españoles. Para este organismo público de inteligencia financiera, “con la documentación disponible, la operativa de la cuenta abierta en la BPA [Banca Privada de Andorra] por Lago-Novas presenta indicios que generan dudas sobre la veracidad de las relaciones contractuales y del trasfondo económico, así como de la efectiva prestación de los servicios”. El letrado que representa a este arquitecto responde que los servicios son reales y que Odebrecht los utilizó. “Mi cliente viajó a los países donde se hicieron las obras y los trabajos se realizaron. Les pidieron informes técnicos y los hicieron. En ningún momento pensaron que ese dinero que recibieron se empleó para pagar a políticos. [Los presuntos sobornos] fueron a sus espaldas. Además, ellos no tuvieron acceso a esos fondos, que los facturó un tercero. Les dijeron que se haría de esa forma por una cuestión fiscal de la constructora”.

Incide en que la cuenta escrow (puente o pasarela) del arquitecto español efectuó una operativa presuntamente dirigida “a eludir la trazabilidad de los fondos” entre las empresas vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht. Una cuenta escrow hace la función de un fideicomiso o depósito de custodia, un instrumento financiero empleado en el mundo anglosajón que asegura que el pago llega a su destino y que se utiliza en algunas ocasiones en operaciones opacas o poco transparentes.

Así, los 22 millones de euros enviados por Odebrecht a la sociedad de los arquitectos transitaron por este depósito de garantía e, inmediatamente, fueron a parar a las cuentas abiertas, también en BPA, de las sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas Convergence Capital Partners (12,8 millones) y a Natland Financiering (8,5 millones). Se trata de sociedades de Odebrecht utilizadas para abonar sobornos.

La Uifand duda sobre la veracidad de los contratos suscritos entre la sociedad de los arquitectos con estos dos instrumentales receptores de la casi totalidad del dinero. “Se detecta una estructura de contratos que parecen hechos a medida para justificar los movimientos de los fondos”, apostillan.

El abogado de Lago-Novas responde así: “Ellos no tuvieron acceso a esos fondos; los facturó un tercero. Les dijeron que se haría de esa forma por una cuestión fiscal de la constructora. El blanqueo es precisamente lo contrario de lo que hicieron. El dinero es lícito, viene del grupo y los pagos a los subcontratistas fueron automáticos. Eran dos arquitectos jóvenes a los que se les presenta la oportunidad con una multinacional donde todos querían trabajar”, responde el abogado de Lago-Novas.

Díaz Vecino, por su parte, se desmarca de la trama de sobornos de Odebrecht. “Nunca tuve ningún contacto con nadie relacionado con estos contratos en ninguno de los países”, explica. El profesional asegura que la apertura de la cuenta en la BPA donde figura como administrador se hizo sin su consentimiento y “con firmas fraudulentas”. Y añade que ya explicó esta irregularidad en la Audiencia Nacional y que ha interpuesto una querella.

Los redactores del informe, fechado el pasado junio, destacan que, si la prestación de los servicios del estudio de arquitectura madrileño y las obras se hicieron en Panamá y los pagos en Andorra, “la operativa carece de sentido económico observándose un movimiento circular de los fondos, en el cual estos provienen y se destinan a sociedades vinculadas a la constructora Odebrecht”.

Sobre la falta de documentación, los agentes de la Uifand resaltan la existencia de diversos contratos entre la sociedad de los arquitectos y Odebrecht muy similares en diferentes partes, firmados parcialmente y que presentan con “vaguedad” los servicios descritos. “La mayoría de los contratos disponibles implican una contraprestación muy significativa (millones de euros). Consecuentemente, es de gran importancia la especificación en relación con los servicios, el proyecto, recursos utilizados, ratio por horas de las personas involucradas en el proyecto, etapas de realización, etc.”, reprocha la Uifand. Y añade la ausencia de los contratos suscritos por las administraciones panameña, ecuatoriana y peruana con la constructora brasileña.

El alambicado esquema societario fue diseñado presuntamente por el despacho de asesoría fiscal uruguayo Grupo BGL Asesores Legales y Fiscales, donde trabajó hasta 2015 el abogado Fernando Belhot Fierro. En ese despacho en Montevideo se crearon sociedades empleadas en distintas tramas de corrupción en América. Tramas que utilizaron al banco andorrano para sus pagos inconfesables.

El enigma Belhot

BGL manejó cuatro cuentas en el banco andorrano a nombre de las sociedades a las que los arquitectos españoles canalizaron el dinero de Odebrecht. EL PAÍS reveló en 2018 que Eduardo Zaplana, exministro del Gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002, empleó los servicios de Belhot para ocultar su fortuna. El letrado uruguayo se ha convertido en el testigo clave de la Fiscalía en el juicio que se celebra en Valencia contra Zaplana y ha reconocido ser el testaferro de la millonaria fortuna que el político del PP ocultaba en el extranjero.

La Banca Privada de Andorra (BPA), entidad elegida por Odebrecht para comprar voluntades, fue intervenida por las autoridades del pequeño principado pirenaico de 77.000 habitantes en marzo de 2015 por el presunto blanqueo de capitales de grupos criminales. Desde este banco, el gigante brasileño de la construcción movió, al menos, 172 millones de euros para el pago de comisiones ilegales a funcionarios de distintos países de América.

investigacion@elpais.es

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