La millonaria red de sobornos en Andorra de la tercera constructora brasileña
Un juez del país pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ideó el entramado para canalizar en paraísos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
Islas Caimán, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panamá, Suiza, Andorra, China... Camargo Correa, la que fuera la tercera constructora de Brasil —8.782 de euros de ingreso neto en 2014— tejió una alambicada red financiera con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera estatal del país sudamericano, Petrobras. El banco que presuntamente colaboró en diseñar el laberíntico engranaje financiero de ocultación fue la Banca Privada d’Andorra (BPA), una pequeña entidad a más de 8.000 kilómetros de distancia de la sede de la compañía brasileña.
Así lo confirman documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que afloran nuevos detalles sobre el funcionamiento de este esquema corrupto, sus tretas de ocultación y la maraña de testaferros, sociedades ficticias y cuentas cifradas para mover el dinero sucio.
Un juez de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario, ha procesado por blanqueo de capitales a ocho exdirectivos de la BPA, entre los que figura uno de sus antiguos máximos accionistas, Higini Cierco; al exdirectivo de la constructora Fernando Días; a la compañía con la que opera la firma desde 2018, Mover; y a tres filiales de este conglomerado brasileño al que la Justicia del país pirenaico investiga desde 2017. Camargo Correa movió en el citado banco 100 millones entre 2008 y 2011.
El club del Tenis
Para entender esta historia de maletines hay que remontarse a julio de 2015. Un tribunal federal de Curitiba (Brasil) sentencia que Camargo Correa integró entre 1998 y 2014 un cártel corrupto con otros cuatro gigantes latinoamericanos de la construcción para repartirse las adjudicaciones públicas de Petrobras, una mole que el pasado año apuntó un beneficio récord de 33.023 millones.
Bautizado como G-5 o Club del tenis, los miembros de este grupo secreto, a los que pertenecieron también las firmas Odebrecht, Oas, Andrade Gutíerrez y Queiroz Galvao, desembolsaron sobornos de un 3% a ejecutivos de la energética estatal. Y ahí es donde entra en juego el hermético mecanismo financiero, las “reglas de juego club”, para esconder el flujo de capitales. Reglas que tenían siempre un elemento común: firma de contratos simulados con sociedades pantalla, emisión de facturas falsas y utilización de cuentas bancarias de terceros y cifradas.
Solo a través de una de sus piezas, la compañía instrumental Sw shoutern investment de Islas Caimán, Camargo Correa movió 20,6 millones entre 2007 y 2010. Y derivó parte de estos fondos a través de Suiza al bolsillo de José Sergio de Oliveira Machado, exdiputado brasileño y presidente hasta 2014 de Transpetro, filial de la petrolera.
Otra clave del engranaje fue la sociedad panameña Desarrollo Lanzarote, que canalizó 3,4 millones que acabaron también en una sociedad pantalla a nombre de una cuenta del HSBC en el país helvético controlada por Sergio Firmeza Machado, hijo del citado expresidente de Petrobras. “[Sergio Firmeza] actuó como hombre de paja de su padre para recibir sobornos”, concluyen las pesquisas.
El mecanismo también recurrió a los denominados doleiros, cambistas ilegales que recaudan fondos en efectivo de comercios y empresas brasileñas y que habrían sido usados para borrar el rastro de los sobornos. A través de su constelación de cuentas opacas en la BPA, Camargo Correa compensó fondos –un sistema de blanqueo- a estos cambistas. Por su estructura invisible circularon 48 millones.
BPA Serveis, filial de la institución financiera andorrana dirigida por Cristina Lozano, formó también parte del mecanismo corrupto, según el juez. La sociedad movió 32 millones de origen delictivo. Y cobró a Camargo Correa una comisión 300.000 dólares en 2008 “por participar en esta actividad delictiva como sociedad pantalla interpuesta poniendo su propia cuenta bancaria corporativa al servicio de Camargo Correa como cuenta puente”, según el magistrado, que apunta directamente al corazón de esta entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de fondos de grupos criminales.
Y es que su exaccionista mayoritario, Higini Cierco, figuró como representante en una cuenta, a nombre de Intervención General (la propia BPA), junto al exdirector general Joan Miquel Prats, que movió parte de los fondos de la constructora brasileña en el país pirenaico, supuestamente para ocultar el origen del dinero. El depósito llegó a registrar 1,6 millones. “No llevaron a cabo ninguna medida de diligencia debida, ni simplificada ni reforzada ni de ningún tipo”, carga el magistrado, que acusa al banco y a sus directivos de crear contratos ficticios para justificar las transferencias.
Las pesquisas sostienen además que la cúpula de la BPA conocía desde marzo de 2009 que los directivos de Camargo Correa habían sido arrestados por asociación ilícita, blanqueo y financiación ilegal de partidos y no lo comunicaron a las autoridades del país pirenaico. “Cooperaron con la defensa de Camargo Correa”, carga el juez.
Camargo Correa asegura que “no hay una demanda contra la empresa” en Andorra y considera que la investigación de este país afecta a un exdirectivo que se desvinculó de la compañía “hace casi una década”. “Todos los activos de la Constructora Camargo Correa están debidamente registrados en sus libros de contabilidad”, zanja la firma a través de un portavoz.
Junto al exdirectivo de la constructora procesado en Andorra, Fernando Dias, el foco de la investigación en el país pirenaico también apuntó inicialmente al antiguo al exejecutivo de la firma Pietro Francesco Giavina, ya fallecido. Los dos fueron arrestados en 2009 en el marco del caso Castillo de Arena, que investigó una red de sobornos y financiación de campañas a cambio de adjudicaciones en Perú y Brasil. El Tribunal Supremo de este último país archivó la causa en 2011 tras anular los pinchazos telefónicos que fundamentaban las acusaciones.
Con su modus operando, Camargo Correa –un conglomerado que llegó a tener presencia en 22 países con ramificaciones en la industria energética, los puertos y aeropuertos, la firma habría emulado a la también brasileña Odebrecht. El gigante que convulsionó los cimientos de Latinoamérica tras confesar que destinó 682 millones a la compra de voluntades de funcionarios, presidentes y primeros ministros de 12 países de América.
investigacion@elpais.es
El exdueño del banco: “Estamos siendo víctimas de una causa general”
Higini Cierco, exaccionista mayoritario de la Banca Privada d’Andorrra (BPA), critica que un juez de este país le haya procesado por blanqueo por colaborar presuntamente en el diseño del entramado financiero al que recurrió la constructora brasileña Camargo Correa para pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. “Estamos siendo víctimas de una práctica de inquisitio generalis, de una causa general a modo de fishing expedition [búsqueda no específica de información incriminatoria], que pretende embarrar la reputación de la BPA, un banco que fue ilegalmente intervenido y cuya intervención afectó a cientos de familias”.
Cierco estima que el caso Camargo Correa fue resuelto “hace casi diez años” por la Justicia brasileña y por el acuerdo que las autoridades de este país alcanzaron con la constructora y considera que está prescrito.
El exaccionista mayoritario niega irregularidades, como que el banco creara contratos ficticios para sus clientes para justificar las transferencias. “Ni lo hemos promovido ni lo hemos tolerado”. Y defiende el papel de los exejecutivos de la entidad. “Los directivos y propietarios de BPA actuaron con exquisito respeto por las normas. Mientras se realice con sujeción a la ley, está entre las funciones de un banco facilitar a sus clientes la creación de estructuras mercantiles para el desarrollo de sus negocios”, zanja.
Pese a la contundencia del auto de procesamiento, Cierco indica que la BPA siempre cumplió las exigencias para prevenir el blanqueo y enmarca la intervención de la institución financiera en marzo de 2015 en “motivos políticos, originados en España y ajenos por completo a la BPA”.
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