La Audiencia Nacional rechaza extraditar a un pandillero a El Salvador por el riesgo de “tratos inhumanos”

El plan de lucha contra las maras del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele se topa con un nuevo revés desde el exterior. La Audiencia Nacional española rechaza entregar al Estado centroamericano a un pandillero, Mario Alberto R. S., por los “grandes riesgos” que existen de que se vulneren sus derechos fundamentales si resulta encarcelado allí. En una contundente resolución de 38 páginas, fechada el 22 de abril, el tribunal descarta la extradición tras repasar el actual contexto sociopolítico que atraviesa el país, que mantiene la declaración del estado de excepción desde hace más de dos años: “Existe prueba sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega”, inciden los magistrados en su dictamen.

La postura de la Audiencia Nacional, que ya descartó la entrega de otro presunto pandillero en octubre de 2022 (a los pocos meses de declararse el estado de excepción en El Salvador), incide en las “continuas y graves situaciones de vulneración de derechos humanos” que se producen en las prisiones de ese país, donde el régimen de Bukele impuso mano dura para lograr neutralizar el avance de las maras. El plan del Ejecutivo, que ha supuesto el arresto masivo de más de 70.000 personas, se ha desarrollado entre multitud de acusaciones de “graves violaciones de los derechos humanos”: se han denunciado hacinamientos extremos, detenciones arbitrarias (incluido menores), reclusiones sin ningún tipo de garantías, incomunicaciones totales, juicios virtuales sin intervención de testigos, procesamientos opacos... Esta misma semana, las organizaciones sociales anunciaron que han acreditado 327 desapariciones forzadas.

“Desgraciadamente, persiste la situación de conculcación de Derechos Humanos [...] Cuando aún no habían transcurrido los actuales dos años de vigencia del estado de excepción, ya declaramos la improcedencia de la extradición de [otro] reclamado por razones humanitarias, relacionadas con el grave peligro que, para la vida e integridad física del reclamado, conllevaría su entrega, dada la situación actual [de El Salvador]”, justifican los tres magistrados de la Audiencia Nacional que han dictado esta nueva resolución —los jueces Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Fermín Javier Echarri—. El auto del 22 de abril añade: “En las cárceles de dicho país se producen continuas y graves situaciones de vulneración de derechos humanos, que no pueden ser controladas por el Gobierno. Las vulneraciones de derechos humanos han sido denunciadas por organismos internacionales, y se han visto agravadas por la situación declarada de estado de excepción, donde las garantías constitucionales se dejan en un segundo plano”.

El Salvador reclama a Mario Alberto R. S. para que cumpla una pena de tres años y cuatro meses de cárcel por colaborar con la mara Dieciocho Revolucionarios. Según la documentación enviada por el Estado centroamericano, este hombre de 44 años se encargaba de tareas de vigilancia durante las reuniones de la banda, para “avisar si llegaba la Policía a la zona”. Sin embargo, el acusado asegura que se trasladó con su familia a España, precisamente, para huir “de la acción de los miembros de esa pandilla, al ser objeto de sus constantes y reiteradas extorsiones”.

Dictámenes internacionales

A la hora de resolver esta extradición, los magistrados de la Audiencia Nacional han valorado las decisiones de diferentes organismos internacionales. El tribunal ha tenido en cuenta los distintos pronunciamientos de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), entidad que promueve la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que instan a El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción de los crímenes y la delincuencia se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana.

El auto también recoge el comunicado de Amnistía Internacional de abril de 2023 que denunciaba la comisión de “graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática” desde que se aprobara el régimen de excepción en El Salvador, así como artículos periodísticos que revelan la “situación de quiebra de los derechos humanos” que sufre dicho país.

Los magistrados, además, destacan que la reclamación de Mario Alberto R. S. se encuentra vinculada directamente con la política de mano dura que implementó Bukele contra las maras. “Por tanto, ante la hipótesis verosímil, a la vista de la situación político-social existente en la República de El Salvador y las circunstancias personales del reclamado, de que no sean respetados los derechos fundamentales del mismo, consideramos, que debe rechazarse la entrega, ya que proceder de otro modo implicaría amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física”, concluyen los jueces.

La Audiencia Nacional marca así, con el respaldo de la Fiscalía, una línea clara en su actual política de cooperación con El Salvador, con el que España mantiene un tratado bilateral de extradición firmado en 1997. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han detenido en España a otros dos supuestos pandilleros del país centroamericano, que podrían beneficiarse de esta política del tribunal.

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