La Audiencia Nacional ordena interrogar a tres etarras por el asesinato de dos policías en Navarra en 2003

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado interrogar a tres etarras por el atentado perpetrado en Sangüesa (Navarra) en mayo de 2003, en el que murieron dos policías y resultaron heridos otro agente y un empleado de Telefónica. El tribunal ha instado al juez instructor, Francisco de Jorge, a tomar declaración como imputados a Jon Lizarribar, Gurutz Aguirresarobe y Miren Itxaso Zaldúa. Esta causa se reactivó en 2022 para investigar la implicación en el crimen de los antiguos jefes de la banda terrorista, pero el magistrado dio por finalizadas las pesquisas en enero de este año sin procesar a nadie.

El colectivo de víctimas Dignidad y Justicia, al igual que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recurrieron la decisión del instructor. Las asociaciones advirtieron de que no se había interrogado a Lizarribar, Aguirresarobe y Zaldúa pese a que el magistrado Alejandro Abascal —que precedió a Francisco de Jorge en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional— había dirigido la causa contra ellos en mayo de 2023 e, incluso, acordó tomarles declaración junto a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias Ata —quien sí compareció en junio del pasado año, aunque se negó a responder preguntas—.

La Sala considera, por tanto, que se debe interrogar a esos tres terroristas —todos ellos condenados ya anteriormente por su vinculación con ETA—, ya que existe un informe de inteligencia de las fuerzas antiterroristas que recoge la existencia de indicios contra ellos.

El sumario sobre el atentado de Sangüesa se reimpulsó en abril de 2022, cuando el magistrado Alejandro Abascal admitió una querella de Dignidad y Justicia contra ocho exdirigentes de la banda terrorista: Ibón Fernández Iradi, alias Susper; Gorka Palacios, Andoni; Garikoitz Aspiazu, Txeroki; Aitzol Iriondo, Gurbitz; Félix Ignacio Esparza, Navarro; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y María Soledad Iparraguirre, Anboto. El juez también ponía ya el punto de mira en otros dos etarras, Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán, como presuntos autores materiales del asesinato de los dos policías. En mayo de 2023, amplió la causa al imputar a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Jon Lizarribar, Gurutz Aguirresarobe y Miren Itxaso Zaldúa.

Sin embargo, en enero de 2024, el magistrado Francisco de Jorge dio por finalizada la investigación sin procesar a nadie. Por un lado, concluyó que no existían suficientes pruebas de la participación material de Arruarte y Lorán. Y, por otro, descartó que se pudiera imputar a los exjefes de ETA como autores mediatos —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda— del atentado perpetrado en la localidad navarra a finales de mayo de 2003.

Así lo explicó De Jorge en su auto: “El fallecimiento de las personas víctimas del atentado y de los heridos del mismo son fruto de la acción terrorista contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, colectivo que, desgraciadamente, se erigía como víctima habitual de las acciones de la organización terrorista ETA; por lo que la responsabilidad en este atentado, como autoría mediata, de los miembros del Comité Ejecutivo de ETA no se enmarca dentro de las órdenes directas y precisas del citado comité; ya que son numerosos los informes de inteligencia policial de los que se deduce que, solo en el caso de que los atentados se cometiesen contra objetivos especiales, la dirección de la organización terrorista debería dar su autorización, sin que las víctimas de este suceso criminal formaran parte de esos objetivos especiales”. Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el nuevo interrogatorio.