La Audiencia investiga a la excúpula de ETA por el asesinato de dos policías en Navarra en 2003

La Audiencia Nacional ha abierto un nuevo frente a las antiguas cúpulas de ETA. El juez instructor Alejandro Abascal ha admitido a trámite una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra ocho exdirigentes de la banda terrorista por el atentado perpetrado en Sangüesa (Navarra) en 2003, que causó la muerte de dos policías e hirió a otro agente y a un trabajador de Telefónica. En un escrito fechado el pasado 7 de abril, al que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado insiste en que los jefes de la organización “criminal” marcaban las “líneas estratégicas” y no había “nada” que no “controlasen, impulsasen o dirigiesen”.

Este movimiento del magistrado Abascal ahonda en la nueva vía que DyJ intenta abrir en los tribunales para tratar de condenar a los exjefes de ETA como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—. Esta es la sexta querella que se admite a trámite por este motivo y, en total, 23 exdirigentes de la banda se encuentran ya investigados como tales.

En el caso del atentado de Sangüesa, que acabó con la vida de Bonifacio Martín y Julián Embid, la querella se dirige contra Ibón Fernández Iradi, alias Susper; Gorka Palacios, Andoni; Garikoitz Aspiazu, Txeroki; Aitzol Iriondo, Gurbitz; Félix Ignacio Esparza, Navarro; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y María Soledad Iparraguirre, Anboto. Solo dos de ellos (Susper y Txeroki) no se encontraban investigados en los cinco casos que ya se habían reabierto. Además, el instructor Alejandro Abascal también pone el punto de mira en otros dos etarras, Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán, como presuntos autores materiales del asesinato de los dos policías.

Dignidad y Justicia expone que ETA “se encontraba cada vez más acorralada” en 2003 y 2004. “Debilitada por la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, la cúpula de la banda decidió entonces distribuir una “gran cantidad de explosivo titadine” a sus distintos comandos. Según la querella, parte de ese material se usó en el crimen de Sangüesa, cometido el 30 de mayo de 2003, solo cinco días después de las elecciones municipales. Este ataque inauguró una cadena de atentados.

“Si a otro periodo de la banda se le dio en llamar los ‘años de plomo’, aquel segundo semestre de 2003 fue los ‘meses del Titadine”, destaca Abascal en su resolución del pasado 7 de abril. “La zuba —la dirección de ETA, en el argot de los terroristas— buscaba crear un estado de terror total. Y era algo totalmente premeditado, totalmente querido y calculado dentro de las posibilidades operativas que aún les quedaban en las manos”, afirma la querella de DyJ, en un relato que recoge el juez.

En total, hay seis sumarios reimpulsados que estrechan el cerco sobre estos 23 exdirigentes de ETA. Además de por el crimen de Sangüesa, se les investiga como autores mediatos (inductores) de los asesinatos de los concejales populares Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco; el atentado contra el magistrado Francisco Querol, donde perdió la vida el juez y otras tres personas; el ataque contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, con dos muertos; y el coche bomba colocado en 2002 junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos fallecidos —una de los dos, una niña de seis años—.