Nuevo frente judicial contra la antigua cúpula de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Un nuevo frente se abre paso en los tribunales contra la antigua cúpula de ETA. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón, ha pedido opinión a la Fiscalía sobre una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia para investigar a la antigua cúpula de la banda por ordenar el atentado contra Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado en julio de 1997. Según explican fuentes jurídicas, el ministerio público ha informado a favor de admitir a trámite la querella del colectivo de víctimas, que intenta abrir una nueva vía para condenar a los exjefes de la organización terrorista como “autores mediatos” —lo que se conoce popularmente como “autores intelectuales”— de diferentes crímenes ejecutados por sus subordinados.

Dignidad y Justicia presentó un escrito de 138 páginas, fechado el 6 de febrero, donde pedía al juez que admitiese a trámite su querella contra nueve exdirigentes de ETA por el asesinato de Blanco. Una iniciativa que se dirige contra Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren, Kantauri, que ya se encuentra procesado como inductor del crimen; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Asier Oyarzabal, Baltza; Vicente Goicoetxea, Willy; Jokin Echevarria Lagisquet; y Carlos Ibarguren, Nervios.

La asociación sostiene que los “ejecutores materiales del secuestro y asesinato actuaron siguiendo las instrucciones recibidas de la dirección” de ETA. Una banda tan “jerarquizada” que “nada se movía” sin que lo “autorizasen” u “ordenasen” sus máximos responsables, según la Guardia Civil. “El ejecutor material condenado, [Francisco Javier García Gaztelu, Txapote] empuñó la pistola. Pero los nueve aquí querellados empuñaban al ajecutor material de la misma manera”, subraya la querella, firmada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez.

“[Los nueve] son los auténticos autores detrás del autor. De hecho, tenían un dominio del hecho incontestablemente superior, pues si el peón fungible que empuñaba la pistola se hubiese negado finalmente a disparar, hubiese sido fácilmente sustituido por otro peón fungible que sí hubiese disparado y Miguel Ángel Blanco habría sido igualmente asesinado”, prosigue el escrito de Dignidad y Justicia, al que tuvo acceso EL PAÍS. “En cambio, si los nueve hubiesen decidido no asesinarlo, dada la fuerte jerarquía y disciplina interna de ETA, ningún peón ejecutor se hubiese siquiera atrevido a desobedecer a la zuba —la dirección de la banda, en el argot de los terroristas— y Blanco habría salvado la vida”, remacha el documento: “Ellos, los nueve, tenían el dominio absoluto de ETA”.

En esta línea, la asociación de víctimas ha pedido al juzgado de García-Castellón que haga nuevas indagaciones sobre el crimen. Entre otras pesquisas, que se pidan nuevos informes a la Policía y a la Guardia Civil sobre la “estructura de mando” de la banda en el momento del asesinato, se aporte “cualquier elemento de prueba” para identificar a otros presuntos “cómplices, inductores, cooperadores y encubridores” del crimen; y que se llame a declarar como imputados a los nueve exdirigentes señalados. La Fiscalía no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de estas diligencias, según detallan las mismas fuentes.

Cerco a las excúpulas de la banda

En otros tres sumarios, la Audiencia mantiene como querellados actualmente a 18 exjefes de la banda como autores mediatos por el atentado cometido en la T-4 del aeropuerto de Barajas en 2006, que dejó dos víctimas mortales y cuyos autores materiales ya fueron condenados; por el asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez en enero de 1995; y por el ataque con un coche bomba contra el juez Francisco Querol en 2000, que mató al magistrado y a otras tres personas. En esas tres causas, los jueces Santiago Abascal y Santiago Pedraz han dado luz verde a investigar a las antiguas cúpulas de la organización.

“ETA, desde principios de los 80, se establece sobre una base jerárquica basada en una rígida disciplina”, afirma Abascal en una de sus recientes resoluciones sobre el atentado de la T-4: “El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”. Pedraz también ha dejado escrito que la banda actuaba con “una jerarquía basada en una rígida disciplina” en la que su dirección “asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”.

Siete de los nueve etarras contra los que se dirige la querella de Dignidad y Justicia por el asesinato de Miguel Ángel Blanco se encuentran en el listado de 18 exjefes ya imputados por alguno de esos otros tres sumarios. Todos, excepto Jokin Echevarria Lagisquet y Carlos Ibarguren, Nervios.

Las víctimas son conscientes de las dificultades que entrañan abrir esta nueva vía. Así lo advertía Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT: “El Tribunal Supremo ya se pronunció en varias ocasiones y hay que demostrar algún vinculo concreto con el atentado en cuestión —como cartas o anotaciones en agendas que los impliquen—. La jurisprudencia ha señalado que, por ser jefes, no se les puede achacar todo lo que haga la organización en su etapa”. La querella de Dignidad y Justicia ahonda en la misma línea y, aunque reconoce que el Tribunal Supremo no ha aplicado la tesis de la autoría mediata en ninguna causa contra ETA, afirma que sí lo ha hecho en “otros supuestos de aparatos organizados de poder”, de “tipo empresarial”.

Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha condenado a tres personas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. A Txapote, que apretó el gatillo; a su pareja, Irantzu Gallastegi, Amaia, que también participó en la ejecución del atentado; y a Ibón Muñoa, ex concejal de Herri Batasuna en Eibar, que trabajaba cerca de donde lo hacía el concejal del PP y que facilitó la operación del comando terrorista. Según recuerda la querella de Dignidad y Justicia, la sentencia contra Txapote y Amaia consideraba como “hecho probado” que ambos “siguieron las instrucciones recibidas de la dirección” de ETA para “secuestrar primero, y finalmente asesinar, al edil popular”.