Cerco judicial a 18 exjefes de ETA: “Nada se movía sin que lo autorizasen”

La Audiencia Nacional ha colocado en el punto de mira a 18 exjefes de ETA, algunos tan significativos como Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Joseba Andoni Urrutikoetxea, Josu Ternera; y Mikel Albisu, Mikel Antza. Los jueces de instrucción Alejandro Abascal y Santiago Pedraz han reactivado e impulsado en los últimos meses, al menos, tres investigaciones para tratar de dilucidar su responsabilidad como autores mediatos —lo que se conoce popularmente como “autores intelectuales”— de crímenes cometidos bajo su mando. Los magistrados sitúan a los imputados en las sucesivas cúpulas de la banda terrorista, una organización tan “jerarquizada” que “nada se movía” sin que lo “autorizasen” u “ordenasen” sus máximos responsables, según un informe de la Guardia Civil.

“Estamos muy contentos de que se persiga a quienes organizan el terror, a quienes dan las órdenes. A quienes forman una gerencia dedicada al crimen”, destaca Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP de San Sebastián asesinado de un tiro en la cabeza en enero de 1995. Esta causa, en la que ya fueron condenados los integrantes del comando que cometieron el atentado, se reabrió en 2015 después de que ella misma presentase una querella contra cinco exjefes de ETA. Pero, tras años paralizada, no ha retomado el vuelo hasta el pasado 21 de diciembre, cuando Abascal interrogó por primera vez a Mikel Antza, que se encuentra actualmente en libertad y al que retiró el pasaporte tras considerar “fiable y verosímil” su relación con el asesinato.

Esa citación no solo ha supuesto una reactivación de las pesquisas —que tendrá un segundo episodio el 24 de febrero, día fijado para la declaración de otro querellado, Iñaki De Rentería—, sino que también ha agitado los fueros internos de la izquierda abertzale: miembros de Sortu, partido liderado por Arnaldo Otegi e integrado en EH Bildu, acudieron a respaldar a Antza en los juzgados. De momento, no hay fecha para escuchar a los otros tres imputados: José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Julián Achurra, Pototo; y Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza.

Pese a los escollos, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, considera importante la línea que se reimpulsa ahora en la Audiencia Nacional. Sobre todo, apunta el también diputado del PP en la Asamblea de Madrid, después de que el juez Abascal les admitiera este 31 de enero otra querella contra cuatro exjefes de la banda por el atentado de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en 2006, que dejó dos víctimas mortales y cuyos autores materiales ya fueron condenados. El magistrado señala a Josu Ternera; Aitzol Iriondo, Gurbitz; Mikel Carrera Sarobe, Ata; y Ainhoa Ozaeta, Kuraia, “por su presunta responsabilidad, como integrantes del comité ejecutivo de ETA, en la toma de decisión de atentar contra la T-4″.

Además, el pasado 17 de diciembre, tras otra querella de Dignidad y Justicia, Pedraz acordó recabar nuevos informes y tomar declaración como imputados a 11 exjefes y mandos intermedios de la banda por el asesinato con un coche bomba del juez Francisco Querol en 2000, ataque que causó otros tres muertos. En este caso sin resolver, en el que también se investigan todavía los autores materiales, la iniciativa se dirige contra Rentería; Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Javier García, Txapote; Juan Antonio Olarra, Jokin; Ainhoa Mugica; Asier Oyarzabal; Vicente Goicoetxea, Willy; Ramón Sagarzazu; Gorka Palacios; y Juan Carlos Iglesias, Gadafi.

También se sigue la pista de Anboto y Kantauri por el asesinato en 1985 de Carlos Díaz Arcocha, primer jefe de la Ertzaintza. En este caso, por facilitar supuestamente información sobre la víctima.

Jerarquía

Los instructores de la Audiencia Nacional hacen suya la línea de trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre la estructura hiperjerarquizada de la organización terrorista. “Nada se hacía, nada se movía en ETA, que no fuera conocido, coordinado, dirigido, ordenado y, en la mayoría de los casos, autorizado por su comité ejecutivo”, sentencia el instituto armado en un informe sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez. Un caso que asumió primero Pedraz, que admitió la querella de la presidenta de Covite en 2015 —entonces escribió que ETA actuaba con “una jerarquía basada en una rígida disciplina” en la que su dirección “asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”—, y que ha heredado ahora Abascal, que lo ha sustituido al frente del Juzgado Central de Instrucción 1.

“ETA, desde principios de los 80, se establece sobre una base jerárquica basada en una rígida disciplina”, dice también Abascal en su reciente resolución sobre el atentado de la T-4: “El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), celebra que se “investigue lo máximo posible”, pero recalca las dificultades que se afrontan a la hora de lograr una condena para los dirigentes de ETA sin pruebas materiales directas: como cartas o anotaciones en agendas que los impliquen. “El Tribunal Supremo ya se pronunció en varias ocasiones y hay que demostrar algún vinculo concreto con el atentado en cuestión. La jurisprudencia ha señalado que, por ser jefes, no se les puede achacar todo lo que haga la organización en su etapa”, explica la letrada de la asociación mayoritaria de víctimas.

Consuelo Ordóñez también es consciente de las dificultades: “Para condenar a alguien de la cúpula, te vienen a exigir un papelito donde ponga que dio la orden. Es absurdo. La Guardia Civil ha acreditado cómo funcionaba ETA”. Precisamente, en un extenso informe policial sobre el asesinato de su hermano se recopila numerosa documentación incautada a la banda (como cartas manuscritas, agendas, notas internas, balances de gastos...), así como sentencias y declaraciones de etarras detenidos, que sitúan a los imputados en la toma de decisiones. Sobre Antza, por ejemplo, los agentes detallan los testimonios de cuatro terroristas que aseguraron haber participado desde 1995 en reuniones con él en las que, presuntamente, ya ejercía de jefe del aparato político de la organización.

“Cada integrante de un comando o de cualquier estructura obedecía las órdenes que les transmitía su enlace o responsable porque era consciente que detrás de esa orden estaba la dirección de ETA”, remacha ese informe de la Guardia Civil. En esa línea se pronunció también en 2015 el magistrado Juan Pablo González, exinstructor de la Audiencia Nacional. “La jerarquía [de ETA], basada en una rígida disciplina, se convierte en una férrea dictadura de este órgano, que asume todas las funciones directivas, de tal manera que no hay prácticamente nada que esa estructura dirigente no controle, impulse o dirija”.

Distintas fuentes de la Audiencia Nacional coinciden en la importancia de seguir investigando los crímenes de ETA para dar respuestas a las víctimas y ahondar en la “verdad”. La AVT cifra en 315 los atentados aún por esclarecer.