La Audiencia Nacional investiga a la antigua cúpula de ETA por el asesinato del juez Querol

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha acordado tomar declaración a casi una docena de ex dirigentes etarras por el asesinato del juez Francisco Querol, perpetrado con un coche bomba el 30 de octubre de 2000 en Madrid. Según consta en un auto dictado el pasado viernes, el magistrado admite a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia para esclarecer un atentado en el que, además de Querol, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero; y un conductor de la EMT, Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.

Pedraz ordena que “se practique la declaración de todos los querellados”, que formaron parte de la zuba o comité ejecutivo de la banda terrorista en aquella época. Dignidad y Justicia apunta en su querella al entonces jefe del comando Madrid, Gorka Palacios, así como a Ignacio Miguel Gracia, alias Iñaki de Rentería; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Javier García, Txapote; Juan Antonio Olarra, Jokin; Ainhoa Mugica, Olga; Asier Oyarzabal, Baltza; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goicoechea, Willy; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y María Soledad Iparraguirre, Anboto.

Con el respaldo del ministerio público, el juez de la Audiencia Nacional ha reclamado también a la Policía y a la Guardia Civil que informen, en base a los datos que posean, de “la composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA, intermedia y superior de la propia Zuba o comité ejecutivo al momento de los hechos (...), especificando los distintos aparatos en los que cada uno de los querellados se integraba” en ese momento. Pedraz expresa su “especial interés en los aparatos militar, político y logístico. O el aparato por medio del cual, e independientemente de su denominación, se hubiese dado cobertura y soporte efectivo al comando Madrid, posibilitando la presencia clandestina efectiva y su operatividad criminal”.

El instructor de la Audiencia Nacional pretende averiguar así quiénes estuvieron implicados en “la consecución y exitosa introducción clandestina hasta Madrid de la gran cantidad de explosivos del coche bomba que sería detonado el 30 de octubre”. Pedraz también se interesa por el “modus operandi de los mecanismos internos de dirección de ETA y de toma de decisión en su Zuba, en relación a los criterios de suministro de armas y materiales”, para determinar cómo se transmitían las órdenes e instrucciones de la cúpula a los comandos y el “funcionamiento logístico” sobre los explosivos.

Asimismo, el juez solicita a la Comisaría General de Información que se examinen los sellos relativos a ETA entregados por Francia “a fin de determinar si existe rastro documental de la reunión orgánica celebrada entre los dirigentes de ETA y los miembros del comando que fue previa al asesinato del magistrado José Francisco de Querol”.