El juez cita como imputado al exjefe etarra Iñaki de Rentería por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional, ha dado un nuevo impulso a la investigación abierta contra los dirigentes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal del PP al que la banda terrorista mató de un tiro en la nuca en enero de 1995. El juez ha citado a declarar como imputado a Ignacio Miguel Gracia Arregui, exjefe de la organización y conocido bajo el alias de Iñaki de Rentería, por su presunta participación en la toma de decisión para atentar contra el edil popular de San Sebastián. El etarra deberá comparecer el próximo 24 de febrero, según consta en un auto dictado este mismo miércoles.

El juez considera necesario “oír en declaración” a Iñaki de Rentería, que podrá declarar por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián. Según detalla la resolución, el etarra formó parte del comité ejecutivo de ETA desde mediados de 1992 —cuando ascendió a la dirección después de que las fuerzas de seguridad desarticularan la entonces cúpula en el conocido como golpe de Bidart, considerado un hito policial— a septiembre de 2000, cuando fue detenido. Además, apostilla el magistrado, era “responsable de los aparatos militar y logístico”. Y, por tanto, “temporalmente formaba parte de la dirección terrorista en las fechas en que asesinaron al señor Ordóñez”.

Este reimpulso a la causa se produce después de que Abascal interrogase el pasado diciembre al también exjefe de ETA Mikel Albisu, Mikel Antza, que recibió el apoyo de una treintena de miembros de Sortu (partido que se integra en la coalición EH Bildu) y de destacadas figuras de la izquierda abertzale cuando acudió a declarar a los juzgados de la capital guipuzcoana. Tras escucharle, el magistrado decidió retirar el pasaporte a Antza al considerar “fiable y verosímil indiciariamente” su relación con el asesinato del exconcejal popular.

La causa contra los dirigentes de ETA arranca en 2015, cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la denuncia de Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP, contra cinco etarras que, cuando se cometió el atentado, formaban parte del llamado comité ejecutivo de la banda: Iñaki de Rentería, Mikel Albisu, Julián Achurra Egurola, José Javier Arizcuren Ruiz y Juan Luis Aguirre Lete. El magistrado basó su decisión en un informe de la Guardia Civil que aportaba “fiables y verosímiles indicios de la participación de los imputados en la decisión de matar” al concejal: ETA actuaba con “una jerarquía basada en una rígida disciplina” en la que su dirección “asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”.