Casi 200 movilizaciones piden al Gobierno más traslados y beneficios para los presos de ETA

El acercamiento de 143 presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra, o próximas a estas comunidades, y el tercer grado concedido por el Gobierno a ocho activistas de la banda durante el pasado 2021 no son avances suficientes para “acabar con la política penitenciaria de excepción” que, según las plataformas sociales que apoyan a estos reclusos de la banda terrorista, se les sigue aplicando cuando ya han pasado más de 10 años del fin del terrorismo etarra. Varios miles de personas que han participado este sábado en las 191 movilizaciones convocadas por la red ciudadana Sare en otras tantas poblaciones de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés han reclamado que aumenten los traslados de reclusos y se active la concesión de permisos. Las marchas han discurrido sin incidentes, pese a que el PP había denunciado ante la Fiscalía General del Estado su celebración. El PNV, que años atrás solía sumarse a esta cita, ha decidido esta vez ausentarse porque este tipo de iniciativas, ha dicho su parlamentaria Irune Berasaluze, entorpecen las mejoras en materia penitenciaria.

Las manifestaciones a favor de los presos de ETA se han celebrado cuando el Gobierno español sigue adelante con su plan de ir trasladando a los reclusos de la banda a prisiones próximas a su domicilio. El 51% de los 194 presos de ETA cumplen condena en cárceles del País Vasco y Navarra tras acordarse el traslado de siete internos etarras el pasado 30 de diciembre, según el último recuento realizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a partir de los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias. Joseba Azkarraga, uno de los portavoces de Sare, la red ciudadana organizadora de las movilizaciones, ha reconocido los pasos que se están dando para acercar a los etarras y “aliviar la situación de muchas familias”, pero a la vez ha considerado “urgente” agilizar estas medidas por razones “legales y humanitarias”. Como contrapunto, ha recordado que “solo” 11 presos han logrado pasar al tercer grado: “Con una política normalizada, más de un tercio [de los presos de ETA] podría estar en su casa cumpliendo lo que les resta de condena”, ha comentado.

La manifestación en Bilbao ha sido la más numerosa y ha contado con la adhesión de representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y de varios sindicatos, además de organizaciones soberanistas catalanas como Junts per Catalunya, la CUP y la ANC. Los asistentes ha coreado gritos reclamando la vuelta de los presos “a casa” y a favor de la amnistía. La marcha ha estado encabezada por familiares de presos de ETA alineados en filas, a los que seguía una gran pancarta con el lema Bidean (En camino). Por razones sanitarias, debido a la alta incidencia del coronavirus, la gran concentración que solía celebrarse en la capital vizcaína se ha repartido, por segundo año consecutivo, en casi dos centenares de localidades.

Azkarraga, portavoz de Sare, ha criticado durante la marcha que “es difícilmente entendible que 10 años después de la decisión de ETA de abandonar su actividad violenta se arrastre una política penitenciaria de excepción, con el 50% de los presos fuera de las cárceles de Euskal Herria y con un bloqueo en las progresiones de grado”. También ha lamentado la actuación de la Fiscalía y de los juzgados centrales dependientes de la Audiencia Nacional por “paralizar las progresiones de grado y los permisos penitenciarios que las juntas de tratamiento de las cárceles en ocasiones conceden a los presos, llegando al extremo de que algunos presos en tercer grado hayan vuelto a la cárcel y a segundo grado penitenciario”. “No pedimos ningún privilegio, solo que se les aplique la legalidad. Estamos reivindicando derechos humanos. No estamos ante reivindicaciones políticas”, ha remarcado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado “la impunidad” en España que permite que este sábado se celebren casi 200 concentraciones a favor de los presos etarras, y ha lamentado que “850 inocentes” tengan que ver estas manifestaciones “en apoyo a sus asesinos”. El líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que el objetivo de las manifestaciones es sacar a los presos de ETA “a la calle sin pagar por los abominables asesinatos que cometieron”.

Las movilizaciones se han celebrado al cumplirse 100 días desde que el Gobierno vasco asumió el pasado 1 de octubre la gestión de las tres cárceles vascas, donde están recluidos 81 presos de la banda. Los organizadores han confiado en que las autoridades políticas vascas desarrollen “una política penitenciaria sin privilegios pero también sin excepciones”. Sare, según ha adelantado Azkarraga, se ha fijado como objetivo este 2022 que el Ejecutivo de Urkullu haga “un seguimiento positivo y humanitario” de la situación de los presos “conforme a las pautas que marca la legalidad”.

El PNV, que ahora tiene en sus manos la gestión de las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene, no se ha sumado esta vez a las movilizaciones. Berasaluze ha explicado que la formación nacionalista no participará en este tipo de actos porque “si se quiere terminar con la excepcionalidad de la legislación penitenciaria que se les aplica [a los reclusos de la banda], es el momento de la negociación política, del acuerdo y del trabajo parlamentario”. Ha exigido, eso sí, al Gobierno español “el fin de la política penitenciaria de excepción”, aunque ha opinado que “algunas movilizaciones en favor de los derechos de los presos pueden afectar negativamente el trabajo político” necesario para reformar la actual normativa penitenciaria.

El PNV sí ha aceptado asistir a una mesa redonda entre políticos que Sare ha organizado por la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En este mismo acto han intervenido tres víctimas de ETA, Robert Manrique (víctima del atentado de Hipercor), Naiara Zamarreño (hija del edil del PP Manuel Zamarreño asesinado por ETA) y Rosa Lluch (hija del exministro Ernest Lluch muerto por la banda terrorista), además de Maider García (hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL) e Idoia Zabalza (hermana de Mikel Zabalza, muerto cuando estaba detenido por la Guardia Civil). Han coincidido en que los presos de ETA merecen ser acercados a prisiones próximas a sus domicilios si así lo permite la ley. Manrique ha manifestado que “la normativa penitenciaria está para cumplirse”. Y ha añadido: “Si la ley permite el acercamiento de los delincuentes, en este caso terrorista, no tengo ningún problema. Eso sí, siempre que cumplan la condena”. Al término de este acto, Azkarraga ha pedido “perdón” en nombre de Sare “a todas las víctimas” por aquellas iniciativas organizadas por esta plataforma que hayan podido “ahondar en su sufrimiento como víctimas”.