La Audiencia Nacional reabre otra causa contra la cúpula de ETA por el atentado en Santa Pola de 2002

La Audiencia Nacional multiplica los frentes contra las cúpulas de ETA. El juez Manuel García-Castellón decidió este martes reabrir otro sumario para investigar a seis antiguos jefes de la banda por su presunta vinculación con el atentado con coche bomba perpetrado el 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos muertos —una de los dos, una niña de seis años— y más de medio centenar de heridos. Con esta decisión, son ya cinco las causas impulsadas en los últimos meses contra exdirigentes de la organización terrorista.

García-Castellón, que hace apenas dos semanas acordó retomar también el sumario por el asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco, ha adoptado esta iniciativa tras recibir otra querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que intenta abrir una nueva vía en los tribunales para condenar a los exjefes de ETA como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—. En línea con informes de la Guardia Civil, los denunciantes subrayan que “nada se hacía, nada se movía en ETA, que no conociera y coordinase, y en la mayoría de los casos autorizase, el comité ejecutivo de la banda terrorista”.

La querella presentada por Dignidad y Justicia por el atentado de Santa Pola, cuya admisión a trámite apoyó la Fiscalía, se dirige contra seis exdirigentes de la banda: Juan Antonio Olarra, alias Jokin; Ainhoa Mugica, Olga; Mikel Albisu, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y Félix Ignacio Esparza, Navarro. Según los denunciantes, estas personas integraban la zuba —la dirección de ETA, en el argot de los terroristas— en el momento del ataque con coche bomba contra la casa cuartel. Ellos “ostentaban colegiadamente el férreo dominio de la organización” y “querían una sonada masacre nacional (de grandes proporciones políticas y sociales) de más de medio centenar de muertos, entre familias de guardias civiles y viandantes en una localidad costera”, insiste el escrito de la asociación.

En 2012, la Audiencia Nacional ya condenó a 843 años de cárcel a los dos autores materiales del atentado de Santa Pola: Óscar Celarain y Andoni Otegi. Según el tribunal, ambos “buscaron indiscriminadamente y fríamente” causar los mayores “daños y víctimas posibles” al colocar “sin previo aviso” un coche bomba con 100 kilos de explosivos junto a las viviendas de la casa cuartel: “Donde a esa hora (20.30), en verano, estaban numerosas familias con sus hijos en casa”. La detonación dejó dos muertos: Cecilio Gallego, de 57 años, que esperaba el autobús en una parada cercana; y la niña Silvia Martínez, de seis años, hija de un agente que vivía en el edificio de la Guardia Civil.

Pero Celarain y Otegi, según Dignidad y Justicia, no eran más que meros “peones ejecutores”: “No disponían por sí mismos de absolutamente ninguna infraestructura”. Así que ahora, según el auto dictado este martes por el juez García-Castellón, se ordena a la Policía y al instituto armado elaborar nuevos informes con todos los “datos que obren en su poder” que permitan relacionar a los seis exjefes de ETA con este atentado.

En total, los cincos sumarios reimpulsados estrechan el cerco sobre 21 exdirigentes de ETA. Además de por el crimen de Santa Pola y Miguel Ángel Blanco, se les investiga como autores mediatos (inductores) del asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez; el atentado contra el magistrado Francisco Querol, donde perdió la vida el juez y otras personas; y el ataque contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, con dos muertos.