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Organizaciones sociales denuncian 327 desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción de Bukele

La mano dura contra las maras en El Salvador se salda con 78.000 detenciones masivas e indiscriminadas de personas

El CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, en Tecoluca, en marzo de 2023.
El CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, en Tecoluca, en marzo de 2023.Handout (Getty Images)
Wilfredo Miranda

El régimen de excepción con el que el Gobierno de Nayib Bukele ha logrado neutralizar el avance de las maras en El Salvador, tiene varios flancos controvertidos que el oficialismo justifica con la popularidad que tiene entre los ciudadanos. Entre ellos están las desapariciones forzadas o involuntarias registradas desde que se aprobó en marzo de 2022 la política de mano dura, y que se ha prorrogado hasta la actualidad. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha documentado 327 desapariciones, una “grave violación a los derechos humanos”.

Desde que el régimen de excepción fue impuesto por un Parlamento leal a Bukele, policías y militares salvadoreños han llevado a cabo más de 78.000 detenciones masivas e indiscriminadas de personas. “En su mayoría, son jóvenes de bajos recursos de entre 18 y 30 años, acusados de agrupaciones ilícitas, cuya redacción legal y aplicación es de tal amplitud que facilita las detenciones ilegales y arbitrarias”, contextualiza el informe de la coalición de organizaciones no gubernamentales.

“En adición, las autoridades se niegan a brindar información sobre el paradero de las personas detenidas o a reconocer tales detenciones. Ello ocurre de forma masiva, sistemática y repetitiva lo que evidencia, al menos, que las autoridades del más alto nivel tienen conocimiento de la situación. Dicha práctica deliberada pretende generar terror y sometimiento de los familiares de las personas detenidas. En algunos casos, la negativa a dar información sobre las personas detenidas obedece a que las autoridades buscan ocultar torturas y las condiciones inhumanas en que son mantenidas en prisión”, agregan las organizaciones firmantes: Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y Servicio Social Pasionista (SSPAS), muchas de ellas vilipendiadas en reiteradas ocasiones por el mismo Bukele.

El informe será presentado el 9 de mayo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés).

Tres patrones de desaparición

El lado más rutilante de la política de mano dura de Bukele, y la que más impera entre el discurso del Gobierno y los ciudadanos, es que la desarticulación de la violencia letal de las maras ha reducido los homicidios casi a cero. Se acabó además, sostiene el Ejecutivo, el poder extorsivo de los pandilleros en los territorios, y los salvadoreños pudieron volver a caminar sin miedo en las calles durante las noches.

Estas organizaciones identificaron tres patrones de desaparición forzada en El Salvador. El primero es el de “personas detenidas por agentes del Estado (policías o militares) en lugares públicos y frente a testigos; negativa a reconocer la detención y su paradero; días, semanas o meses después por la insistencia de las familias, las personas son ubicadas en centros dedetención; pese a ser ubicadas, la información es escasa y las personas detenidas están mayormente incomunicadas”.

El segundo patrón supone que “pese a insistencia de las familias e interposición de habeas corpus no se tiene noticia” de los detenidos. El último patrón tiene que ver con la muerte de los detenidos en los centros de detención. “Se tiene noticia que las personas perdieron la vida bajo custodia del Estado; los cuerpos de algunas de ellas son hallados con huellas de tortura y malos tratos”, alertan las organizaciones.

El informe también menciona que durante este periodo se reportaron la muerte de al menos 244 personas bajo custodia del Estado. “De este modo, se ha instalado un régimen de incomunicación absoluto en el sistema policial y penitenciario de El Salvador en relación con las personas capturadas durante el estado de excepción”, apunta el informe. A pesar de las denuncias de los familiares de los detenidos, las organizaciones señalan que la Fiscalía ha sido displicente con ellas.

“La Fiscalía General pausó las, de por sí escasas, investigaciones sobre las desapariciones perpetradas por las pandillas y el crimen organizado antes del estado de excepción, excusándose en la gravedad de la criminalidad”, afirman las organizaciones. “En adición, se incluyeron reformas penales que socavan garantías básicas del debido proceso”

Dada la “gravedad de la situación que atraviesa el país”, las organizaciones solicitan a Naciones Unidas una “Alegación General sobre El Salvador que destaque la existencia de miles de desapariciones cometidas por agentes no estatales no esclarecidas, la existencia de desapariciones forzadas cometidas en el estado de excepción, incluyendo las desapariciones forzadas de corto plazo, y el grave riesgo de la desaparición de personas en situación de prisión”.

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Sobre la firma

Wilfredo Miranda
Periodista nicaragüense. Colaborador de EL PAÍS basado en Costa Rica, donde está exiliado. Ha cubierto temas políticos, en especial sobre violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal de tierras indígenas, medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica. Ha ganado el premio Ortega y Gasset y el Rey de España.
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