Irán cometió “crímenes contra la humanidad” al reprimir las protestas por la muerte de Mahsa Amini, según la misión de la ONU

Las fuerzas de seguridad y paramilitares de la República Islámica de Irán mataron a cientos de personas siguiendo órdenes de las autoridades. También detuvieron, encarcelaron, torturaron o sometieron a desaparición forzada, entre otros “actos inhumanos”, a numerosos iraníes durante la represión de las protestas contra el régimen que empezaron el 16 de septiembre de 2022, cuando Yina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, murió bajo custodia policial tres días después de ser detenida en Teherán por llevar el velo de forma “inapropiada”. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Misión Independiente de Investigación nombrada por Naciones Unidas sobre la República Islámica de Irán, en un informe que se divulga este viernes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

El texto es un resumen del documento final que la misión presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a más tardar el 18 de marzo. En él se afirma que las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas durante la represión de esas manifestaciones por el régimen iraní “constituyen crímenes de lesa humanidad”, de los que algunos podrían “ser competencia del Tribunal Internacional de Justicia” de Naciones Unidas. Entre esos crímenes destacan el de “persecución por motivos de género” contra las iraníes que lideraron las protestas, cuyo lema fue “Mujer, vida y libertad”.

Esos crímenes no fueron “casuales”, afirma el informe. Se enmarcaron en “un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, a saber, mujeres, niñas y otras personas que expresaban su apoyo a los derechos humanos”. Esa violencia “generalizada” y el hecho de que “autoridades estatales de alto nivel alentaran, sancionaran y respaldaran las graves violaciones de los derechos humanos” llevan a las autoras del informe a concluir que los perpetradores obedecían “instrucciones” del régimen.

“Miles de mujeres, hombres y niños fueron detenidos en todo el país” sin que se proporcionará ningún dato público sobre su número, destaca el documento, que cita una cifra proporcionada por ONG: 60.000 detenidos. Su media de edad era de 15 años. La misión revela que “cientos” de niños y niñas, algunos de 10 años, fueron detenidos, encarcelados con adultos, o enviados a instituciones de salud mental o reformatorios.

Irán no permitió que las integrantes de la misión, las juristas Sara Hossain, Shaheen Sardar Ali y Viviana Krsticevic, viajaran al país. Las tres investigadoras justifican los datos del informe basándose en documentos oficiales y privados, registros médicos, entrevistas a distancia con víctimas y testigos, estas doblemente verificadas, e imágenes por satélite. Sus hallazgos, advierte el documento, “no son exhaustivos”, por lo que la represión en Irán pudo ser peor de lo que denuncia el texto.

La primera de las muertes investigadas fue la de Yina Mahsa Amini, cuyo fallecimiento desencadenó las protestas. En el informe se afirma que, poco después de su arresto por la policía de la moralidad, la mujer ingresó en el hospital Kasra de Teherán, ya en muerte cerebral, con “traumatismos infligidos mientras estaba bajo custodia de la policía de la moralidad”. La misión está por ello “convencida” de que Amini “fue sometida a violencia física que condujo a su muerte”.

Tras el estallido de las protestas mayoritariamente “pacíficas”, remarca el documento, varios centenares de manifestantes o transeúntes perecieron por la represión. “En septiembre de 2023, una cifra creíble era de 551 personas asesinadas, entre ellas hasta 49 mujeres y 68 niños (...). Se registraron muertes en al menos 26 de las 31 provincias, con el mayor número de víctimas en regiones habitadas por minorías [étnicas], en particular en la provincia de Sistán y Baluchistán, las regiones kurdas del país (Kurdistán y Kermanshah) y partes de Azerbaiyán occidental”.

En una sola matanza, el 30 de septiembre de 2022, 104 personas murieron en Zahedan, en la provincia oriental de Sistán y Baluchistán, cuando “las fuerzas de seguridad dispararon con fusiles de asalto (AK-47) desde la comisaría situada frente a un complejo de oración, apuntando a los civiles”.

“Ejecuciones extrajudiciales”

El “patrón de uso de armas de fuego”, como fusiles de asalto “cargados con munición de perdigones múltiples”, explica “la mayoría de las muertes”, continúa el informe. Policías, miembros de la Guardia Revolucionaria y milicianos basij [paramilitares] disparaban en situaciones sin riesgo alguno para ellos. El texto menciona una manifestación pacífica “frente a un edificio gubernamental o una base de seguridad”, a personas que coreaban “consignas, ayudaban a los demás o conducían un coche por las inmediaciones” y concluye que “los asesinatos selectivos de manifestantes constituyeron ejecuciones extrajudiciales”.

En otras ocasiones, se utilizaron armas “menos letales”, pero que sirvieron para, por ejemplo, cegar de uno o ambos ojos a numerosos ciudadanos, entre ellos niños, con balas de caucho. Los heridos en las manifestaciones a menudo no podían acceder a atención médica, pues el Ministerio de Sanidad prohibió a los hospitales que asistieran a estas personas.

Otro de los “patrones” identificados por la misión de investigación de la ONU fue el de las detenciones arbitrarias por “bailar, cantar, gritar, escribir eslóganes o tocar el claxon”. También se arrestó a familiares de los manifestantes, a sanitarios, a periodistas, estudiantes, profesores, activistas, artistas y deportistas por solidarizarse con las protestas.

Tras la detención, llegaba la tortura, acusa el informe. Física, psicológica y verbal.

“Los detenidos, incluidos niños, fueron sometidos a largas y repetidas sesiones de interrogatorio, durante las cuales se les vendaban los ojos o se les encapuchaba”. Las torturas incluían “puñetazos, patadas, golpes, flagelaciones y quemaduras, descargas eléctricas, suspensiones y posturas innaturales. A numerosos detenidos, incluidos niños, les inyectaron a la fuerza sustancias desconocidas”, precisa la misión independiente de la ONU, que denuncia varias muertes a causa de las torturas.

Especialmente en los centros de detención secretos, el “patrón de violencia sexual y basada en el género” incluyó “la violación [también de niños] con objetos, las descargas eléctricas en los genitales, la desnudez forzosa, los tocamientos y otras formas de violencia sexual”. Las autoras de la investigación mencionan tocamientos en los genitales a las detenidas e insultos como “puta”. En un caso “ilustrativo”, una mujer detenida en noviembre de 2022 en la provincia de Kermanshah (oeste), fue violada por dos agentes del Estado mientras una agente femenina, vestida con el chador que cubre a las mujeres de la cabeza a los pies, la sujetaba.

Cuando los detenidos comparecían finalmente ante un tribunal, lo hacían sin un abogado de su elección y sin que se les permitiera acceder a su expediente para conocer qué pruebas había contra ellos. En esas condiciones de privación de “garantías procesales”, fueron condenados a la horca los nueve manifestantes ejecutados por las protestas. Otras 19 personas esperan en el corredor de la muerte por su relación con las manifestaciones, denuncia el documento.

La misión de investigación de la ONU concluye su informe animando a los Estados miembros que recogen el concepto de justicia universal en sus legislaciones a que abran investigaciones sobre la represión en Irán. También les insta a conceder asilo y visados a las mujeres, hombres y niños del movimiento “Mujer, vida y libertad”, de quienes destaca el “coraje y la resiliencia”.

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