Viviana Krsticevic, investigadora de la ONU: “Las leyes de Irán buscan aleccionar a mujeres y niñas”

Algunos derechos humanos no se extinguen con la muerte. Como los que amparan la memoria y la identidad. Quizás por ello, la abogada Viviana Krsticevic (nacida en Comodoro Rivadavia, Argentina), miembro de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán —establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en noviembre de 2022—, se refiere siempre a Mahsa Amini también por el nombre de pila que eligió para ella su familia: Yina (Vida), el apelativo que no pudo llevar legalmente en Irán por ser kurdo. Krsticevic, experta en derechos humanos, y otras dos juristas están investigando las circunstancias de la muerte bajo custodia policial de Amini, explicó la abogada la semana pasada en una conversación telefónica desde la República Checa.

Las tres investigadoras también indagan sobre el destino que corrieron las víctimas de las protestas contra el régimen, desencadenadas por el aciago final que halló la joven kurda de 22 años, tres días después de ser detenida por llevar mal colocado el velo. Irán no ha autorizado aún a la misión de la ONU a entrar en su territorio cuando, el 16 de septiembre, se cumplió un año de la muerte de Yina Mahsa Amini. El Parlamento iraní aprobó una norma que endurece las penas a las mujeres que no se cubren el cabello, la ley del hiyab y la castidad, el pasado miércoles, días después de que se realizara esta entrevista.

Pregunta. ¿Qué información tienen sobre la muerte de Amini?

Respuesta. Según lo analizado hasta ahora por la misión [del Consejo de Derechos Humanos de la ONU], el Estado no ha garantizado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de Yina Mahsa Amini con las respuestas que ha dado. [Las autoridades atribuyeron su muerte a causas naturales]. Seguimos recabando pruebas, pero las explicaciones oficiales han sido insatisfactorias. A ello se suman los hostigamientos a sus familiares, periodistas y otros que se añaden a nuestras preocupaciones frente a la respuesta del Gobierno a la muerte de la joven.

P. ¿Ha habido impunidad?

R. En el caso de Yina Mahsa Amini, podemos confirmarlo. Respecto al resto de los casos que estamos investigando, con la información que contamos, la mayor parte de las víctimas aún no ha obtenido justicia.

P. ¿Qué cifras tienen sobre los fallecidos durante las protestas? Las ONG calculan más de 500.

R. Parte de esas cifras surgen de la información oficial que da cuenta de al menos 22.000 indultados, por lo que al menos 22.000 personas fueron detenidas. Luego, centenares de personas murieron en el contexto de las protestas y a siete se les aplicó la pena de muerte, después de procesos sin garantías. La misión había pedido que no se ejecutara a las personas vinculadas a las protestas y, sin embargo, el Estado siguió adelante. No podemos dar aún una cifra exacta de muertos, pero las alegaciones que hemos recibido indican que podría haber más de 500 personas.

P. ¿Cómo actuaron los agentes del Estado?

R. Estamos estudiando alegaciones de graves violaciones de derechos humanos con un foco especial en las mujeres y las niñas, que incluyen el uso desproporcionado de la fuerza, lesiones y homicidios, arrestos arbitrarios y represión específica hacia grupos de individuos y asociaciones como personas defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas. También estamos analizando las condiciones de detención, incluidas posibles torturas, violencia sexual y basada en el género. Hemos puesto énfasis en el estudio de la violencia en internet contra las mujeres, el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

P. ¿Cuáles son sus conclusiones?

R. Nuestra investigación no ha terminado. Llamamos la atención sobre las vulneraciones de derechos vinculadas con marcos legales discriminatorios para el ejercicio de derechos de las mujeres y las niñas, como el uso obligatorio del velo y diversas manifestaciones de la libertad de expresión. La misión está estudiando las propuestas legislativas para incrementar las penas para aquellas personas que ejercen su derecho a escoger si llevan velo o no. Las penas para ciertos actos ya son escalofriantes. Personas que por bailar, por cantar, por expresar solidaridad con el movimiento de mujeres están siendo procesadas penalmente, fueron condenadas a prisión, se les han confiscado los automóviles, impuesto la prohibición de salida del país, del uso de redes sociales, o de ejercer ciertas profesiones.

P. ¿Hay cifras?

R. Sí, y son impactantes. Según cifras de la policía, entre el 15 de abril y el 15 de junio, se enviaron 991.176 mensajes de texto a mujeres por no observar la ley del velo obligatorio. En ese mismo periodo, se confiscaron 2.000 vehículos. Desde inicios del año nuevo iraní [el 21 de marzo] hasta el 2 de agosto, se habían iniciado 2.251 causas por desafiar la ley del velo, de las que 825 concluyeron con una sentencia. Hemos recibido información sobre el incremento de acciones de represión y de represalia hacia las mujeres que ejercen su libertad de expresión frente al velo obligatorio. Por ejemplo, los familiares de Yina Mahsa, que han sido sometidos a acciones de hostigamiento muy graves, incluido el padre y el tío [detenido y en paradero desconocido desde el 5 de septiembre] y aquellos que han investigado el caso. Estas alegaciones se han incrementado a medida que se acercaba el aniversario de la muerte de Yina Mahsa.

P. ¿En qué consisten esas sentencias?

R. Estamos aún estudiando tanto los procesos como sus resultados. Es muy difícil conseguir esa información, pero es importante mirar la legislación a la luz de patrones estructurales de discriminación en la ley y en la práctica contra las mujeres y las niñas, identificados por el derecho internacional de los derechos humanos. Las leyes parecen indicar un interés en el aleccionamiento de las mujeres y de las niñas, para que entiendan cuál es su lugar en la sociedad y hasta dónde pueden tomar decisiones sobre su vida, cuáles son los límites de sus palabras, de sus propios cuerpos y de las decisiones sobre cómo vestirse, hablar, cantar o ejercer el derecho al duelo. Algunos de estos límites podrían ir en contra de las obligaciones en derechos humanos del Estado.

P. ¿Se refiere al proyecto de ley del hiyab y la castidad?

R: El Parlamento todavía está considerando dos leyes sobre el tema, una es la del hiyab y la castidad; y la otra es la relativa a los castigos discrecionales [categoría que se puede aplicar para castigar cualquier tipo de conducta, incluso si no está penada por otras leyes] que endurecen las penas de prisión, que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel, y también los castigos corporales, prohibidos por el Derecho Internacional.

P. El código penal iraní ya prevé 74 latigazos por no llevar velo si hay reincidencia.

R. De acuerdo con los estudios realizados por la misión, si se emiten estas nuevas leyes, este castigo se podrá aplicar sin reincidencia. En el código penal actual el incumplimiento de esa norma [del velo] no estaba penado generalmente con latigazos o con penas de prisión tan altas. La reforma reforzaría las penas para que las mujeres y las niñas estén sujetas a condenas más largas de prisión por el mero incumplimiento. También incluyen una serie de limitaciones, como que una mujer sea puesta bajo supervisión por seis meses, que se le imponga trabajo comunitario, penas económicas o que se le prohíba usar un vehículo o una chequera. Por ello, apelamos a que se profundice el estudio de estas propuestas de legislación a la luz de las obligaciones asumidas por la República Islámica de Irán bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Desde la misión consideramos que hay una aspiración universal de dignidad y derechos que debe ser atendida por el Gobierno [iraní] y la comunidad internacional.

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