Irán asegura que ha indultado a 22.000 personas condenadas o inculpadas por las protestas

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, ha anunciado el indulto de 22.000 personas condenadas o imputadas en relación con las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre, según ha informado este lunes la agencia oficial de noticias iraní IRNA. Mohseni-Ejei precisó que algunas de esas personas estaban encarceladas, pero que la mayoría de ellas no habían ingresado en prisión, pues aún no habían sido condenadas o la tramitación judicial de sus casos todavía no se había completado.

El máximo responsable judicial iraní aseguró también que otras 60.000 personas no relacionadas con las protestas se han beneficiado de la medida, siempre según la misma fuente. De ellas, alrededor de 25.000 han sido excarceladas, mientras que unas 34.000 han obtenido una reducción de sus penas, según las declaraciones recogidas por IRNA. En total, las penas de 82.000 personas han sido objeto, de acuerdo con estos datos, de un indulto total o parcial en un lapso de tiempo que Mohseni-Ejei no precisó.

En los meses posteriores a la muerte de Amini, organizaciones de derechos humanos iraníes en el exilio, como Iran Human Rights, habían denunciado que alrededor de 20.000 personas habían sido detenidas en las protestas desencadenadas por el sospechoso fallecimiento de esa joven kurda de 22 años, que tres días antes había sido arrestada por la policía de la moralidad, acusada de no llevar bien colocado el velo obligatorio. La oleada de ira popular por el fallecimiento de la mujer se convirtió casi inmediatamente en un abierto desafío al régimen islámico que rige el destino de Irán desde 1979.

Las autoridades respondieron a los manifestantes que gritaban “Mujer, vida y libertad” con una represión que provocó la muerte de al menos 500 personas, según datos de Iran Human Rights. Entre 70 y 80 agentes de las fuerzas de seguridad murieron a manos de manifestantes, de acuerdo con cifras oficiales.

Ni el Gobierno ni el sistema judicial iraní han ofrecido en estos meses cifras globales de detenidos en las manifestaciones. En las declaraciones del jefe del poder judicial recogidas este lunes por IRNA, tampoco se aclara cuántos de esos 22.000 ahora supuestamente indultados han llegado a ingresar en prisión. La medida había sido aprobada el pasado 5 de febrero por el líder supremo iraní, Alí Jamenei, a propuesta del propio Gholamhossein Mohseni-Ejei. Ya entonces se anunció que “decenas de miles” de personas serían indultadas.

El poder judicial iraní precisó entonces que solo quienes mostraran “arrepentimiento” y no estuvieran implicados en delitos de sangre, robos u otros actos violentos, como la destrucción de propiedades públicas, podrían beneficiarse del indulto. Entre diciembre y enero, Irán ejecutó a cuatro hombres, tres de ellos jóvenes en la veintena, en la horca, y en al menos un caso, el de Majid Reza Rahnavard, en público.

Estos cuatro hombres habían sido declarados culpables de haber herido o asesinado a agentes de las fuerzas de seguridad en juicios que las organizaciones de derechos humanos definieron como “farsas” y en los que ni siquiera pudieron ser representados por abogados de su elección. Según la oficina del responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, otras 17 personas habían sido condenadas a la pena capital en Irán, solo hasta el mes de enero, por acusaciones relacionadas con las manifestaciones contra el régimen.

Cárceles abarrotadas

Irán había vivido en años anteriores protestas periódicas. En algunos casos —como sucedió en 2009 por el supuesto fraude electoral en los comicios que llevaron a la reelección como presidente de Mahmud Ahmadineyad— millones de iraníes habían salido a la calle a protestar. Sin ser tan multitudinarias, las manifestaciones cuya mecha prendió la muerte de Mahsa Amini sí fueron, sin embargo, persistentes, con una extensión geográfica sin precedentes y, sobre todo, de una oposición al régimen y a sus dirigentes nunca vista antes, al menos de forma tan generalizada y explícita. En los meses de protestas que siguieron al fallecimiento de la joven kurda, los manifestantes ya no pedían reformas dentro del marco de la República Islámica, sino su derrocamiento.

Cuando las manifestaciones habían reducido ya en general su intensidad y frecuencia —a causa de la represión y los ahorcamientos de manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos—, las autoridades iraníes empezaron a anunciar gestos conciliadores coincidiendo con la celebración del 44º aniversario del advenimiento de la República Islámica de Irán, el pasado 11 de febrero. Esas medidas se interpretaron como una forma de tratar de reducir el descontento de la población que sigue quedando patente en los actos de desobediencia civil que una parte de los iraníes mantienen, especialmente el de las mujeres que prescinden del velo obligatorio arriesgándose a ser detenidas. Otros son los gritos nocturnos contra el régimen en barrios de Teherán como Ekbatán, o los bailes callejeros de jóvenes difundidos en redes sociales, una conducta penada en Irán.

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