Irán se ensaña con las familias de los muertos en las protestas ante el aniversario de la muerte de Mahsa Amini

La tumba de Mahsa Amini en el cementerio de Aichi, en Saqqez, en el Kurdistán iraní (oeste), se ha convertido en un santuario. Desde su muerte bajo custodia policial el pasado 16 de septiembre, miles de iraníes se han recogido ante la lápida de la joven kurda de 22 años, detenida en Teherán por no llevar bien colocado el velo. Ese sepulcro es también el remanso en el que muchos familiares de otros muertos buscan consuelo. Son los padres, madres y hermanos de quienes perecieron por la represión de las manifestaciones contra el régimen desencadenadas por el aciago final de Amini, del que este sábado se cumple un año.

Activistas y medios iraníes en el exilio han alertado esta semana de un gran despliegue militar y de fuerzas de seguridad con helicópteros e incluso tanques en la región natal de la joven, sobre todo en Saqqez y en el cementerio, con el fin de evitar que las protestas sofocadas hace meses revivan. Según el medio Iranwire, las fuerzas de seguridad iraníes rodean desde hace días la casa de los padres de Amini.

Ese despliegue incluye a escuadrones de la Guardia Revolucionaria —el ejército paralelo al regular encargado de defender al régimen— según la organización kurda de derechos humanos Hengaw. Los agentes circulan en Sanandaj, la capital regional, y amenazan de muerte a cualquiera que participe en una manifestación, ha denunciado la organización en un tuit.

“El régimen está aterrorizado por la posibilidad de que las protestas se reactiven en este aniversario”, destaca la activista hispano-iraní Ryma Sheermohammadi, que confirma, citando a sus fuentes en Irán, “un dispositivo de seguridad a nivel nacional” para, en primer lugar, presionar a los familiares de las víctimas. “Toda la familia de Mahsa Amini está amenazada”, añade. El 5 de septiembre, el hermano de la joven denunció en Instagram que su tío, Safa Aeli, de 30 años, había sido detenido. El padre de Amini sufrió un enésimo interrogatorio este jueves, asegura Sheermohammadi.

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2022, había aludido ese mismo día en un comunicado a informaciones “muy preocupantes” de que “las autoridades podrían haber intimidado y hostigado a la familia de Yina [el nombre kurdo de] Mahsa, incluido su padre, Ahmjad Amini, para impedirle llorar su muerte”. Naciones Unidas confirma en su nota la detención del tío de la joven y denuncia que su “suerte y su paradero” se desconocen.

Las autoridades iraníes parecen temer especialmente las ceremonias de duelo por los fallecidos. Activistas iraníes aseguran que a la familia de Amini y de otras víctimas se les ha prohibido que honren a sus seres queridos este sábado. El régimen parece consciente de que los allegados de los más de 500 muertos en las manifestaciones que calculan las organizaciones de derechos humanos en el exilio, despiertan la solidaridad de muchos iraníes. Esas familias rotas tienen por ello el poder de convocar a miles de ciudadanos a unos homenajes en los que se podría prender de nuevo la mecha de las protestas que fueron sofocadas a principios de año. En ellas, fueron también detenidas al menos 22.000 personas, según cifras oficiales.

“En vísperas del primer aniversario de la muerte de Yina Mahsa, las autoridades han intensificado el hostigamiento y la intimidación de los familiares de los manifestantes, incluidos los niños”, asegura el comunicado de la ONU. “En las últimas semanas han sido detenidos o citados para ser interrogados decenas de familiares”. Solo hasta finales de agosto, las autoridades iraníes habían arrestado a “al menos 28″ parientes de las víctimas, según el Atlas de las Prisiones de Irán. De los 102 casos de allegados de fallecidos en las manifestaciones enjuiciados en Irán en el último año, 13 suman ya penas de 28 años de cárcel y 168 latigazos, de acuerdo con esa base de datos de la organización iraní en el exilio United for Iran.

Los datos del último informe de Amnistía Internacional sobre Irán de agosto, que recoge las historias de 36 familias de víctimas, confirman que la respuesta del régimen al dolor de esas familias no solo ha sido encarcelar a algunos de sus miembros. Al contrario, ha contestado con la negación de lo que una de las investigadoras de la misión de investigación de la ONU, la abogada Viviana Krsticevic, define como una “búsqueda de verdad, justicia y reparación”, en conversación por WhatsApp con este diario este viernes.

Ningún policía ni paramilitar ha sido procesado por las muertes en las manifestaciones. Los culpables siguen amparados por una “total impunidad”, asegura por teléfono Carlos de las Heras, experto en Irán de Amnistía Internacional.

Tumbas profanadas

Uno de los familiares de víctimas detenidos —el 22 de agosto— es Mashallah Karami, padre de Mohammad Mehdi Karami, de 20 años, uno de los siete hombres ahorcados después de juicios tildados de “farsas” por las organizaciones de derechos humanos. Tras la ejecución de su hijo, otros tres vástagos de este hombre habían sido ya arrestados. A esta familia se le prohibió también que celebrara un funeral por su hijo ejecutado. Otra detenida es la madre de Erfan Rezayi, de 21 años, muerto a tiros en octubre de 2022. La mujer se había fotografiado días antes sosteniendo una foto de su hijo junto a su tumba.

Un caso especial es el del niño Kian Pirfaliak, de nueve años, que murió en un tiroteo de las fuerzas de seguridad el pasado 16 de noviembre en Izeh (centro), según Amnistía. Las autoridades atribuyeron su muerte a un ataque terrorista y condenaron a la horca a un hombre, cuya inocencia defiende la familia de su supuesta víctima. Desmentir la versión oficial de la muerte del niño le ha valido a sus padres interrogatorios y amenazas. En una ceremonia ante la tumba del pequeño el día que habría cumplido 10 años, el 11 de junio, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a Pouya Pirfaliak, de 20 años y primo de la madre de Kian, denuncia la organización.

Esa y otras familias tienen en común haber acusado a las fuerzas de seguridad de las muertes de sus seres queridos. También comparten haber hecho caso omiso de la prohibición de honrar a sus muertos, so pena de sufrir represalias. Eso fue lo que sucedió cuando los allegados de Milad Saeedianjoo, de 23 años, tiroteado el 15 de noviembre, trataron de rendirle homenaje ante su tumba el día de su cumpleaños.

Los asistentes a la ceremonia fueron agredidos por las fuerzas de seguridad y dos de sus hermanos, detenidos. Su hermana Zahra describió en Instagram cómo fue golpeada con una porra por un policía, que la agarró por el pelo y pisoteó la tumba de su hermano. En julio, esta joven fue detenida sin que su familia conociera su paradero, según Amnistía. Fue liberada bajo fianza en agosto, pero está acusada de “difundir propaganda contra el sistema”.

El “acoso” a los familiares que describe De las Heras llega más allá de la muerte: “Las tumbas de al menos 20 víctimas de la represión de las manifestaciones han sido profanadas. Entre ellas la de Amini”, que ha aparecido dos veces con el cristal que cubre la fotografía de la joven hecho añicos.

Este diario solicitó a la Embajada de Irán en España la versión oficial de las autoridades iraníes sobre estas acusaciones. Su respuesta fue: “Las alegaciones planteadas no son exactas”.

La represión, añade la activista Sheermohammadi, no solo se dirige contra los familiares de las víctimas. “En Irán, todos los activistas están amenazados; todos han sido citados, especialmente los amnistiados tras ser detenidos en las protestas”. Incluso personas “que no han tenido nada que ver con las manifestaciones han sido represaliadas”.

Como Shadi Shahidzadeh, un ama de casa de 39 años de religión bahai, detenida en mayo en Teherán y condenada a cinco años de cárcel “por reclamar a las autoridades que le entregaran el cadáver de su abuela para darle sepultura”, explica por teléfono desde Canarias su prima Mahshid Moharrami Zaer. Los restos de la anciana llevaban un mes en una morgue porque su familia se había negado a pagar una cifra “astronómica” que les exigía un funcionario para enterrarla en el cementerio de esa minoría religiosa, también perseguida por el régimen iraní.

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