El Tribunal Supremo de EE UU abre un curso judicial marcado por los casos contra Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos abre el curso judicial con la vista de un caso en el que debe decidir si en una ley penal aprobada hace unos años la palabra “y” significa de verdad “y”, como sostienen algunos tribunales inferiores, o si en realidad quiere decir “o”, como ha sentenciado algún otro. Es un caso que puede hacer las delicias de los seguidores del Supremo, pero tendrá menos carga política que los que han permitido una revolución conservadora los últimos dos años. Pese a todo, el nuevo curso también promete: la libertad de expresión en las redes sociales, el uso de la píldora abortiva, los mapas electorales, el derecho a usar armas y los poderes del supervisor del mercado de valores y otras agencias públicas serán algunos de los asuntos estrella. Pero la gran incógnita es si el Supremo tendrá que pronunciarse sobre alguno de los juicios que afronta Donald Trump, el presidente que nombró a tres de los nueve miembros del tribunal, o incluso sobre su capacidad para concurrir a las elecciones de 2024.

El pasado curso acabó con una traca final que hizo saltar por los aires la discriminación positiva en las universidades por motivos raciales, dio licencia para discriminar a parejas homosexuales en virtud de la libertad de expresión y anuló la quita parcial a los préstamos a estudiantes. Hasta esas últimas sentencias, muchos casos se habían resuelto con relativo consenso y con posiciones más centradas que el ejercicio anterior. En 2022, el Supremo derogó el derecho federal al aborto, socavó la lucha contra el cambio climático, amplió el derecho a llevar armas de fuego, dio mayor papel a la religión en los colegios, cuestionó la vacunación obligatoria de trabajadores contra la covid y restó poder a las agencias federales.

Con su prestigio por los suelos por algunas de las sentencias de los últimos dos años y por los escándalos de donaciones, regalos y prebendas sin declarar de algunos magistrados, el Supremo inicia el curso con un menú de casos ya admitidos y algunas vistas programadas, pero puede ir sumando más a la lista durante el año.

Los jueces ya tienen encima de la mesa un caso que trata sobre Trump, pero de forma tangencial. Cuando era candidato en las primarias para las elecciones de 2016, llamaba “pequeño Marco” a su rival, el senador Marco Rubio. Este, cansado de ese desprecio, se plantó en un debate: “Ya saben lo que dicen de los tipos con manos pequeñas. ¡No te puedes fiar de ellos!”. En algunos mítines insistió después en que tenía las manos “demasiado pequeñas”. Steve Elster, un activista progresista, intentó registrar en 2018 la marca “Trump too small” [“Trump demasiado pequeñas” o, con doble sentido, “demasiado pequeña”], pero la oficina de patentes lo rechazó, pues la ley exige consentimiento de la persona citada. Elster recurrió y un tribunal le dio la razón el año pasado, alegando que se estaba violando su libertad de expresión, pues Trump es un personaje público. La oficina de patentes apeló y el Supremo decidirá en el caso Vidal v. Elster. La vista oral está prevista para el 1 de noviembre.

¿Inhabilitación para las elecciones de 2024?

Los casos trascendentes sobre Trump que pueden llegar al Supremo no están aún agendados. Por una parte, están las cuatro imputaciones penales por 91 delitos. El tribunal raramente admite pronunciarse sobre incidentes procesales, pero no cabe descartar que intervenga en alguno de ellos. Y, sobre todo, en el horizonte está la famosa disputa sobre si Trump está inhabilitado para concurrir a las elecciones de 2024 en virtud del artículo 14 de la Constitución, que reza: “Ninguna persona podrá ser (…) presidente (…) si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o ha dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. Algunos Estados quieren prohibir su nombre en las papeletas y el Supremo tendría la última palabra.

Otro posible caso estrella todavía no ha llegado más que de forma provisional al Supremo. Se trata de la validez de la autorización otorgada por la FDA, el regulador farmacéutico, a la píldora abortiva mifepristona. Un juez de Texas la anuló. Tras un recurso, un tribunal federal permitió su uso, pero con restricciones, mientras decidía sobre el fondo. Los jueces del Supremo mantuvieron cautelarmente su legalidad plena, pero el caso avanza en el tribunal federal y parece destinado, este curso o el próximo, a llegar al Supremo.

A la espera de esos casos, el Supremo ya ha admitido los suficientes como para otro año de sentencias que marquen la vida de los estadounidenses. Dos de los últimos admitidos, Moody v. Netchoice y Netchoice v. Paxton, definirán los contornos de la libertad de expresión en las redes sociales. En esos pleitos entre las tecnológicas y los Estados de Texas y Florida está en juego si las plataformas pueden actuar como editores y moderar sus contenidos sin verse impelidos a publicar mensajes que no desean (discursos de odio e incitaciones a la violencia, por ejemplo) o si los que tienen derecho a expresarse sin cortapisas son los usuarios.

El derecho a llevar armas volverá al tribunal con el caso United States v Rahimi. Los jueces ampliaron ese derecho el año pasado en una sentencia que invalidó restricciones impuestas por el Estado de Nueva York. Ahora, se pregunta si la norma que prohíbe la posesión de armas de fuego a las personas sujetas a órdenes de alejamiento por violencia doméstica viola la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a mantener y portar armas. Los jueces conservadores tendrán que hacer equilibrios entre una interpretación laxa de su doctrina del originalismo, según la cual la Constitución debe interpretarse de acuerdo con el momento en que se redactó, salvo que quieran amparar la impopular decisión de que los maltratadores puedan ir armados. La sentencia tendrá una doble lectura en plena imputación de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por comprar un arma y poseerla cuando era drogadicto.

Varios casos tienen en el punto de mira a las agencias de la Administración. En Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association está en juego si es legal que la Oficina de Protección al Consumidor Financiero haya estado funcionando con fondos recibidos de la Reserva Federal desde su creación, tras la crisis financiera. Un tribunal sentenció que era ilegal, que el dinero debía haber sido autorizado por el Congreso. Si el Supremo lo confirma, todas sus actuaciones y su regulación en más de una década podrían ser impugnadas, con “consecuencias económicas catastróficas”, según han alegado las asociaciones hipotecarias y las patronales inmobiliarias.

Algo parecido ocurre con otro caso, SEC v. Jarkesi, en que se pone en cuestión la autoridad de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). George Jarkesy reclamó su derecho a un juicio con jurado tras ser multado con 300.000 dólares (283.000 euros) y la devolución de 685.000 dólares (647.000 euros) de beneficio ilícito por un procedimiento de carácter administrativo. Recurrió y un tribunal le dio la razón. Ahora, el Supremo redefinirá los contornos de actuación del supervisor. Y hay otro caso, Loper Bright Enterprises v. Raimondo, en que los jueces tendrán ocasión de acotar el poder de las agencias gubernamentales, una de sus aficiones favoritas.

El tribunal también abordará en una vista oral en diciembre la bancarrota de Purdue Pharma, según anunció en agosto. Los jueces bloquearon entonces un acuerdo de quiebra que habría protegido a los miembros de la multimillonaria familia Sackler, que en su día controló la empresa, de demandas civiles adicionales por la epidemia de opioides y que limitaba la responsabilidad personal de los Sackler a 6.000 millones de dólares (5.700 millones de euros). El caso es Harrington v. Purdue Pharma.

Las vistas orales se retoman este lunes con Pulsifer v. United States el caso enrevesado sobre el significado de la palabra “y”, pero que puede afectar a más de 10.000 condenados por delitos menores de tráfico de drogas. La norma dice que los jueces no están obligados a imponer penas mínimas obligatorias, sino a su discreción, si el sentenciado “no tiene” antecedentes penales de un tipo A, de otro tipo B “y” de otro tipo C, resumiendo. La forma verbal negativa y la conjunción copulativa no combinan muy bien en este contexto, así que hay jueces que interpretan que basta con tener uno de los tres tipos de antecedentes para quedar excluido de la posibilidad de penas menores. Otros, por el contrario, sostienen que solo se quedan al margen quienes tengan a la vez los tres tipos de antecedentes. La solución, en unos meses.

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