El botón nuclear para abortar la carrera de Trump hacia la Casa Blanca

Es tal el estado de excepción al que ha llevado a su país Donald Trump, con sus cuatro imputaciones por un total de 91 cargos, que hasta los debates jurídicos sirven para titular en los periódicos. La discusión, cada día más intensa, es esta vez sobre si en la decimocuarta enmienda a la Constitución se esconde la respuesta para quienes consideran que la implicación del expresidente en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 ―convocar un mitin y arengar a la masa para que marchase sobre el Congreso e impidiera la transferencia pacífica del poder a Joe Biden― debería ser suficiente para no dejarle que se presente a las elecciones del año que viene, en las que es el favorito de los republicanos.

El texto fundamental no prohíbe a un investigado por un delito federal ser presidente; tampoco aspirar a ello. Ni siquiera si acaba en la cárcel. Pero la citada enmienda sí aporta una salvedad en su sección tercera, conocida como la “cláusula de descalificación”, que reza: “Ninguna persona podrá ser [...] presidente [...] si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. El texto también dice que el Congreso puede levantar ese veto si reúne una mayoría de dos tercios.

Aprobada en 1868, los más trascendentales efectos de la decimocuarta enmienda fueron los de otorgar la ciudadanía a toda persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, también las que habían sido esclavizadas, y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La sección tercera estaba pensada para evitar la reincidencia de los sublevados de la Confederación, vencidos en la Guerra Civil (1861-1865). En los años que llegaron tras la paz, conocidos como la era de la Reconstrucción, se aplicó en un puñado de casos, y después, durante más de un siglo, se echó en el olvido.

Crimen organizado

Cuando desde abril empezaron a sucederse las imputaciones de Trump, los expertos consultados por este diario citaban esta alternativa como una lejana opción, casi imposible de aplicar. Todo parece haber cambiado con la cuarta acusación, por el papel del expresidente y de 18 de sus aliados en el “crimen organizado” para presionar a los funcionarios electorales de Georgia y alterar el resultado de las elecciones de 2020.

Pero, sobre todo, tras la difusión previa a su publicación de un artículo científico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Titulado La extensión y la fuerza de la sección tercera, lo firman William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores, que argumentan que la cláusula de descalificación está lejos de ser un anacronismo decimonónico y que no caben dudas de que los actos de Trump, sobre todo la arenga a la turba y las presiones a su vicepresidente Mike Pence para que interrumpiera la transferencia de poder, encajan en su descripción.

Un nutrido grupo de juristas y de columnistas de los principales medios se han mostrado desde entonces de acuerdo con ellos. “Los esfuerzos del expresidente por anular las elecciones presidenciales de 2020 y el consiguiente ataque al Capitolio lo colocan directamente dentro del ámbito de la cláusula de descalificación y, por lo tanto, lo inhabilitan para ocupar el cargo de presidente”, escribieron en la revista The Atlantic Laurence Tribe y Michael Luttig.

Esta semana, una organización de Washington llamada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW son sus siglas en inglés), con una larga experiencia en buscarle las cosquillas judiciales Trump, decidió ir un paso más allá en la reivindicación de la vigencia de la sección tercera al presentar una demanda en Colorado para pedir al secretario de Estado que no incluya el nombre de Trump en las papeletas. “Hay evidencias abrumadoras de que la cláusula puede activarse en este caso”, explicó el viernes en una conversación telefónica el vicepresidente de CREW, Donald Sherman, uno de los letrados que firman la demanda. “El concepto es sencillo de entender, aunque la litigación no lo vaya a ser. Esperamos que el juez esté de acuerdo con nosotros y confiamos en convencer a las instancias de apelación, incluida el Supremo”. Eso tampoco será fácil: el alto tribunal cuenta con una supermayoría conservadora de seis magistrados, tres de los cuales fueron designados por Trump.

Los demandantes aspiran a que el asunto quede resuelto antes de las primarias, para que los votantes “no se lleven a engaño y voten a una persona inelegible”, según Sherman. A la pregunta de por qué la han presentado en el Estado más bien demócrata de Colorado, el abogado lo achacó a que contaban “con un grupo de denunciantes valientes, cuatro republicanos y dos independientes, entre ellos, Norma Anderson, que fue líder de la mayoría conservadora en el Senado estatal”. También recordó que no hace falta que Trump sea hallado culpable en los cuatro juicios que tiene abiertos para activar el botón nuclear de la decimocuarta.

En Nuevo Hampshire, escenario de las primarias más tempranas, Nuevo México, Ohio, Florida y Wisconsin se han abierto recientemente procesos de descalificación parecida. A CREW le asiste al menos el precedente de haber logrado que se aplicara el año pasado la cláusula para impedir en Nuevo México el desempeño de un cargo público a un tipo llamado Cuoy Griffin, fundador del grupo Cowboys for Trump. “El tribunal entendió que, dado que [Griffin] reclutó a gente para el asalto al Capitolio, no podía presentarse, aunque no cometiera ningún acto violento, ni llegara a entrar en el edificio”, aclaró Sherman, que añadió con orgullo que “era la primera vez desde la Reconstrucción en la que salía adelante en un tribunal la sección tercera”.

Más allá de la fe del abogado en su cruzada, es inevitable pensar, conociendo el sistema judicial estadounidense, que tal vez se haya embarcado en uno de esos esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía. El expresidente está aplicando en sus cuatro causas pendientes (además de la de Georgia, tiene que responder en Nueva York por el supuesto pago de un dinero en negro a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio; en Miami, por los papeles secretos que se llevó de la Casa Blanca; y en Washington, también por el 6 de enero) la misma estrategia de dilación que podría enfangar las demandas de Colorado o Nuevo Hampshire.

Y luego están quienes creen que la teoría judicial que ha ido tomando fuerza entre demócratas y republicanos anti-Trump es sencillamente un error. El más furioso atacante es el profesor de la Universidad George Washington y colaborador de Fox News Jonathan Turley, que la considera “la teoría más peligrosa de las últimas décadas” y una “leyenda urbana” a la altura del “deseo de algunos de mantener vivo a Elvis”. “Es un cuento”, considera Turley, “que los buenos liberales leerán a sus hijos por la noche para que puedan dormir tranquilos pensando que Trump no podrá volver a presentarse. Mejor harán en no mirar bajo la cama. Por muy aterrador que pueda parecer a algunos, Trump puede asumir el cargo si es elegido... incluso si es condenado. De hecho, puede ejercer como presidente incluso en el improbable escenario de que acabe en la cárcel”.

Otros, como Russell Riley, codirector del centro Miller de historia oral sobre presidentes de la Universidad de Virginia en Charlottesvile, se sitúan en un prudente punto intermedio. Riley explicó el viernes pasado en un correo electrónico que cree que “hay razones de peso para que se aplique [la sección tercera], especialmente teniendo en cuenta las sentencias dictadas a los participantes el 6 de enero, incluidos los Proud Boys [a cuyo cabecilla, Enrique Tarrio lo condenaron esta semana a 22 años de prisión, la pena más alta hasta ahora]”. Pero aún está “indeciso” sobre la conveniencia de hacerlo. “Principalmente, porque muchos republicanos parecen completamente convencidos de que recurrir a la decimocuarta enmienda supondría un uso ilegítimo de la Constitución como un arma para desactivar a un contrincante. Si algunos Estados decidieran no incluir a Trump en la papeleta, seguramente sus seguidores usarían esa misma treta para socavar las opciones de candidatos demócratas. He ahí una receta para la escalada de la crispación política que, a largo plazo, acabaría dañando nuestra democracia. Por lo tanto, puede ser que la opción más inteligente sea no activar ese mecanismo”.

Ese escenario dejaría abierto el camino para que Trump regresara a la Casa Blanca, lo que, visto lo visto, también podría suponer una amenaza para la democracia estadounidense. Con todo, Riley prefiere confiar en el buen entender de los votantes antes que descalificar al candidato. “Es la opción más saludable, pero quizás también la más arriesgada”.

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