Miles de invitados y secretos nucleares en el cuarto de baño: así ocultó Trump los papeles de Mar-a-Lago

Es viernes por la tarde a las puertas de la fortaleza de Mar-a-Lago. En la última zona de estacionamiento antes del puente que lleva a la residencia de Donald Trump en Palm Beach (Florida), hay periodistas, un puñado de pescadores de pargos y unas cuantas simpatizantes con un megáfono. También un tipo que se hace llamar Baked Alaska, que está grabándolo todo con el móvil y se define como “influencer de extrema derecha”. Acaba de salir de prisión por su participación en el ataque al Capitolio, hechos por los que le cayeron 60 días. Como no sabe español, aún no tiene claro si el reportero se dedica al “negocio de las fake news o al de las real news”, así que da media vuelta y pregunta: “¿A qué hora suele llegar la gente”. Una jubilada de nombre Debbie Macchia responde mascando las palabras con ironía: “Normalmente, la gente viene cuando viene”.

Macchia nunca falta, dice, a la cita del fin de semana al borde de la carretera de ingreso a una de esas urbanizaciones que demuestran que el buen gusto casi nunca se compra con dinero. Cuenta que un “gran día” pueden llegar a reunirse “unos 500″ seguidores de Trump, que, con suerte, ven al gran hombre pasar en su caravana de blindados. “A veces, como el 6 de enero, nos hace llegar unas galletas para todos. Este fin de semana no sabemos cuándo vendrá de su casa en Nueva Jersey. Lo único claro es que se avecinan días interesantes”, añade.

La mansión de estilo mediterráneo de 126 habitaciones, blindada por agentes de los servicios secretos, se ha colocado en el centro de un huracán político y legal esta semana en Estados Unidos tras la imputación del expresidente por el manejo de centenares de documentos secretos o clasificados que se trajo aquí sin permiso cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Dos investigaciones en paralelo, del FBI y de un gran jurado, desembocaron después de algo más de un año en una citación para declarar el próximo martes en el palacio federal de justicia del centro de Miami. Es la segunda vez que imputan a Trump en los últimos meses tras el caso por el supuesto pago para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Es también la primera en la historia que un expresidente se enfrenta a delitos federales. A siete, para ser exactos.

Los detalles del caso, que promete poner a prueba el sistema judicial estadounidense y el mismo funcionamiento de esta democracia, están recogidos en 49 explosivas páginas publicadas el viernes por Jack Smith, el fiscal especial del caso nombrado por el Departamento de Justicia. En total, Trump se enfrenta a 37 cargos: 31 de ellos, por retención intencionada de información de defensa nacional contenida en otros tantos documentos; tres, por guardarse y ocultar papeles a las investigaciones federales; dos por falsedad; y el último, por conspiración para obstruir a la justicia con uno de sus empleados, Walt Nauta. Este además está imputado por doblar tareas como mozo de mudanzas y ayudar al jefe a gestionar el material sensible, así como por mentir a las autoridades.

“Un riesgo para la política exterior”

En los papeles de Mar-a-Lago, hay información sobre capacidades defensivas de Estados Unidos y de otros países, detalles sobre programas nucleares y sobre potenciales vulnerabilidades en caso de un ataque extranjero, así como planes de respuesta ante esa eventualidad. Pese a que no consta que ninguna de las personas que accedió a ellos sin la autorización pertinente tuviera intenciones de espiar, el pliego de cargos concluye que la sola posibilidad puso en “riesgo la política exterior y la seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas y sus fuentes de información”.

Aunque la jerga procesal se hace a ratos indigesta, el documento de la imputación, cuidadosamente redactado para no dejar flancos al descubierto, admite la lectura de una apasionante novela de secretos y mentiras sobre la extravagante vida en Mar-a-Lago, que acogió más de 150 eventos ―“estrenos, bodas o reuniones para recaudar fondos”― con “decenas de miles de invitados” entre enero de 2021 y el 8 agosto pasado, fecha en la que el FBI registró la mansión en busca de un material que habían solicitado repetidamente a Trump. Por ley, es propiedad de los Archivos Nacionales y ningún presidente puede considerarlo suyo. Tampoco Joe Biden, que está en el centro de otra investigación sobre documentos de su etapa como vicepresidente hallados años después en una oficina particular y en su residencia de Delaware.

El informe de Smith, al que Trump definió el viernes en su red social como un “psicópata trastornado”, es además una novela ilustrada: las 49 páginas incluyen fotografías de los lugares en los que estuvieron las cajas. Y el texto que las acompaña detalla el viaje de los documentos errantes.

Al principio, una parte estuvo un par de meses sobre el escenario en el salón de baile “Oro y Blanco”, el más pequeño de los dos de la residencia, un espacio del edificio principal del club, que cuenta con cientos de miembros y más de 150 empleados. Después, movieron algunas cajas a la zona de oficinas del ala Oeste del complejo, que incluye un spa, una tienda de regalos, gimnasios, piscina al aire libre y un patio. Cuando un empleado pidió vaciar una habitación para poder acomodar su despacho, una decena de cajas acabaron literalmente en el baño de “la habitación del lago”, que está cerca de la torre, el elemento arquitectónico más distintivo del conjunto. Al poco, Trump ordenó limpiar un almacén de la planta baja para que acogiera 80 cajas. El informe dice que la puerta de ese espacio solía estar abierta.

Al lado de una ducha

La foto del baño, con los documentos clasificados impidiendo el acceso a una ducha, se disputó el viernes el interés de la opinión pública con otra, tomada por Nauta en diciembre de 2021. Muestra una archivadora abierta, con el contenido tirado por el suelo de cualquier manera. Se la envió a un compañero, que contestó en un mensaje: “Oh no oh no” [sic]. En torno a esa fecha, algunas cajas se trasladaron a la parte del complejo en la que vive la familia Trump cuando está en Mar-a-Lago. Cuando el FBI entró en la casa, hallaron 75 en el almacén y 27 en la zona del dormitorio. Todas contenían material clasificado como “confidencial”, “secreto” o “alto secreto”.

El informe lo completan comunicaciones entre trabajadores de la finca ―aunque solo se cita por su nombre a Nauta, que mintió en un interrogatorio al FBI al decir que no era consciente de esas idas y venidas―, transcripciones de conversaciones y conclusiones sobre las mudanzas internas aparentemente obtenidas de cámaras de seguridad. “¿No sería mejor decir que no tenemos nada aquí?”, preguntó supuestamente Trump cuando sus abogados —a los que, según la investigación, también mintió— le dijeron en mayo de 2022 que el gran jurado estaba exigiendo la devolución de cualquier documento marcado como clasificado.

En las 49 páginas, hay hasta diálogos con pulso y un punto surrealista, como el que se produjo en otra de las propiedades del expresidente, un campo de golf en Nueva Jersey, donde el jueves le sorprendió la noticia de la imputación. Los interlocutores son un editor y un escritor y hablan, ante la presencia de un empleado sin nombrar, de la preparación de un libro. Trump enseña a los tres, que carecían de permiso para verlo, un papel del Pentágono sobre un hipotético ataque a Irán.

-Trump: “Mira, como presidente podría haberlo desclasificado”.

-Empleado: “Sí”.

-Trump: “Ahora no podría. Es material secreto”.

-Empleado: “Pues tenemos un problema”.

-Trump: “¿No te parece interesante?”.

Detalles como ese indican, para el historiador Russell L. Riley, codirector del centro Miller de historia oral sobre presidentes de la Universidad de Virginia en Charlottesvile, que Trump no solo se comportó de un modo “terriblemente imprudente”, sino “también tonto”. “Como una persona que se dedica sin inclinaciones partidistas a estudiar a nuestros líderes, no puedo evitar sentirme frustrado por los seis años que llevamos teniendo que lidiar con él. En mi opinión, el informe demuestra que siempre ha vivido convencido de que, haga lo que haga, se saldrá con la suya”, consideró el viernes en una entrevista telefónica.

Riley no cree que las últimas noticias hagan cambiar a muchos de idea en Estados Unidos, donde, para unos, esto prueba que nadie está por encima de la ley y, para otros, que la justicia es también un asunto politizado. Trump se vuelve a presentar a las elecciones presidenciales de 2024 y es el favorito, con más del 50% de los apoyos, para obtener la designación republicana. Todo apunta a que será una campaña que pasará entre mítines y juzgados. Los miembros de su partido, salvo excepciones, han salido en su defensa para criticar la “instrumentalización política” de las agencias federales.

El historiador quiere pensar que, antes de hacer sus declaraciones, “o no se leyeron la imputación, que no deja lugar a dudas, o prefirieron no hacerlo”. “Espero de veras que vean esta como una oportunidad para pasar la página de Trump”, dice el experto, que apunta que en toda esta historia “se olvida algo”. “Como presidente no podía llevarse esas cajas, independientemente del contenido. Es como si se hubiera llevado muebles u ordenadores de la Casa Blanca. La ley no contempla un castigo para esos hechos en concreto, porque los que la redactaron no pudieron prever la existencia de un presidente de comportamiento tan indecoroso”, añade.

Caso aparte son los miembros de su tribu, la clase de gente, como Debbie Macchia y sus amigas, dispuesta a pasar un fin de semana al sol, a 30 grados de temperatura, en un estacionamiento al borde de una carretera. La clase de gente que en este país cree que todo obedece a “una caza de brujas”. Para definirlos, Riley echó mano de una cita de Jonathan Swift: “No es posible conseguir que alguien abandone por la vía del razonamiento una convicción a la cual no llegó razonando”.

Macchia dijo que el martes, día de la imputación, volverá a pasar la jornada a las puertas de Mar-a-Lago. “Y el miércoles, porque además de ser el Día de la Bandera es el [77] cumpleaños del presidente Trump”. También dijo que le consta que grupos de simpatizantes se están organizando para manifestarse ante el palacio de justicia de Miami y darle así la bienvenida. La ciudad se prepara para un evento con planes como habilitar un carril de la autopista I-95, un infierno de atascos, para que Trump cubra sin obstáculos los 110 kilómetros que separan su residencia del tribunal.

Pese a las dificultades añadidas, el Departamento de Justicia ha decidido presentar el caso en el sur de Florida y no en Washington, donde todo habría sido más fácil en términos de seguridad, para evitar que se impugnara el proceso; después de todo, los presuntos delitos se cometieron en Palm Beach. Esa decisión la tomaron aún a sabiendas de que podía acabar en las manos en las que ha acabado, las de la jueza Aileen Cannon. Nombrada por Trump, tomó en otoño y en este mismo proceso una decisión favorable al expresidente que fue revisada por un tribunal de apelaciones.

Cannon tiene la encomienda de dirigir las tareas del gran jurado, formado por ciudadanos sin experiencia jurídica, y de imponer la pena. Si el expresidente es declarado culpable, está acusado de delitos que en teoría sumarían 400 años de cárcel, aunque en la práctica las penas se quedan muy lejos del máximo. A su edad, incluso eso podría suponerle pasar el resto de su vida entre rejas, salvo que se dictara un indulto o se aplicara la libertad condicional.

Baked Alaska, el influencer de extrema derecha, se inclina más por lo primero. En su realidad paralela, sucederá esto: Trump ganará las elecciones, se sacará a sí mismo de la cárcel, junto a otra “mucha gente inocente” y meterá en prisión a otro buen montón, empezado por “Anthony Fauci [jefe médico de la Casa Blanca que dirigió la lucha contra la la pandemia] o Nancy Pelosi [expresidenta de la Cámara de Representantes]”.

Porque esa es otra: la ley estadounidense no impide que, si Trump acaba en prisión, pueda hacer campaña desde la cárcel y llegar a ser presidente.

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