Juicios en el Kurdistán sirio para los excombatientes del Estado Islámico

Una de las herencias más intrincadas de la guerra siria son las decenas de miles de personas, en su mayoría niños y mujeres, confinadas por tiempo indefinido desde 2019 en campamentos y centros de detención del norte del país. Aquel año, las fuerzas kurdo-árabes aliadas de Estados Unidos derrotaron definitivamente en la localidad de Baguz al último bastión del califato que el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) había llegado a implantar en un tercio de Siria y aún más de Irak. Miles de supuestos yihadistas acabaron entonces en centros de detención, y sus familiares (unos 52.000 hoy), en dos insalubres y peligrosos (42 asesinatos en 2022) campamentos: Al Hol y Al Roj.

Unos y otros se encuentran desde entonces en un limbo político-legal que todas las partes coinciden en querer resolver, pero no en el cómo. La administración autónoma kurda del norte de Siria ―a cargo de los campos― ha pedido estos cuatro años a los Estados que repatrien a todos sus nacionales y, luego, la creación de un tribunal internacional. Ahora, frente al impasse, ha anunciado que someterá por su cuenta a “juicios abiertos, justos y transparentes” a los sospechosos de haber combatido con el ISIS.

“No ha sido una decisión repentina. Trabajamos en ella desde hace años”, subraya por videoconferencia Ilham Ahmed, una de las principales políticas kurdas de Siria y copresidenta del Consejo Democrático Sirio, brazo político de las Fuerzas Democráticas Sirias (las milicias kurdo-árabes que vencieron al califato). “Ha habido intentos y comunicación con los países que tienen nacionales en la zona autónoma. Esperábamos que hubiese participación internacional en los juicios, pero no ha podido ser, por lo que el Gobierno ha decidido empezar algunos a personas que cometieron crímenes en el oeste y norte de Siria”, añade.

La decisión afecta principalmente a unos 10.000 hombres. Unos 8.000 son de Siria e Irak, los dos países que abarcó el califato declarado en 2014 por el entonces líder del ISIS, Abubaker al Bagdadi. Se presume que los otros 2.000 acudieron desde distintos puntos del planeta a sumarse a la organización yihadista en su momento más magnético. Llevan cuatro años retenidos sin proceso judicial, lo que Letta Tayler, directora asociada de la división de Crisis y Conflictos en Human Rights Watch, define como “una doble vulneración de derechos: el de los sospechosos, a disputar la legalidad de su detención; y el de las víctimas, a la reparación”.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, la zona de mayoría kurda con un autogobierno de facto y más conocida como Rojava, se ha comprometido a efectuar los juicios “conforme a las leyes internacionales y locales relacionadas con el terrorismo” y “preservando los derechos de los demandantes”. Su ordenamiento no contempla la pena de muerte. Pero no es un Estado, lo que genera un debate jurídico y reticencias en los países de los detenidos a que sus nacionales pasen allí frente al estrado.

Sin fecha

No hay fecha para los juicios. El comunicado del anuncio, difundido en junio, no la precisaba, y las autoridades no la han fijado desde entonces. Puede incluso que nunca comiencen, dados los problemas logísticos y legales que conllevan. Las palabras de la dirigente kurda Ahmed remiten más a una llamada de atención a la comunidad internacional que a un proyecto avanzado. “Los juicios tendrán eco y esperamos la reacción de los países implicados. Es importante que haya de nuevo interés en este dosier, especialmente cuando parece que los países están olvidando que tienen nacionales allí que [supuestamente] cometieron crímenes y que Daesh [ISIS] está tratando de reconstruirse”.

Tayler, que sigue el tema desde su inicio, ve menos problema en el dónde juzgarlos que en el cómo. “Lo que más importa es que el proceso sea justo”, resume. Y es ahí donde, como repite hasta en tres ocasiones, “el diablo está en los detalles”.

“En muchos casos se prefiere celebrar los juicios en el lugar donde se han cometido supuestamente los delitos, o lo más cerca posible. Una de las ventajas es que facilita la participación de las víctimas o supervivientes, o de las familias de las víctimas que murieron. Pero hay excepciones, y celebrar juicios en el noreste de Siria presenta sus retos. Es una zona de guerra activa y los juicios pueden ser peligrosos para todos. No solo para los acusados, también para abogados, jueces, traductores, periodistas… ¿Pueden estas autoridades efectuar juicios justos? Parecen tener la voluntad de llevar a cabo procesos modélicos, pero les supondrá un reto congregar allí todo lo necesario: jueces preparados, fiscales y abogados defensores, traductores, monitores independientes, prensa, un sistema de apelación justo…”.

En junio, el copresidente de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Administración Autónoma, Bedran Chiya Kurd, manifestó su deseo de que “varias autoridades europeas” sean “parte del proceso”, enviando por ejemplo abogados defensores para sus nacionales u observadores, y señaló que aceptarán “toda prueba proporcionada por organizaciones internacionales imparciales”, informa el medio kurdo Medya News.

La experta de Human Rights Watch destaca la importancia “de evaluar cada detenido caso por caso”, con equipos de expertos legales (ayudados, en el caso de los niños, por especialistas en sus derechos) y sin dar por hecho que todos los hombres son culpables y todas las mujeres, inocentes. Chiya Kurd ha asegurado que tienen pruebas contra algunas mujeres.

Los varones extranjeros sospechosos de haber integrado el ISIS son el extremo más espinoso ―y políticamente tóxico― de la situación, como muestra que solo 74 hayan sido repatriados desde la derrota geográfica del Estado Islámico, en 2019, según datos del Centro de Información Rojava (RIC, en sus siglas en inglés).

Uno de los motivos es la seguridad. Los países de origen tienen el impulso de mantenerlos físicamente lejos por miedo a que alguno cometa un ataque, con el consiguiente precio político para el dirigente que aprobó su regreso. “Es una preocupación comprensible, pero se ha ido de las manos”, opina Tayler. “Más de 7.000 detenidos extranjeros han sido repatriados a más de 36 países sin un solo incidente, que yo esté al corriente, y muchos otros extranjeros que supuestamente se unieron al ISIS lograron volver por sí mismos”. Traer al resto de vuelta permitiría justamente a los países “saber dónde están y juzgar a los sospechosos de delitos graves”, mientras que “dejarlos en el noreste de Siria significa que cualquier miembro del núcleo duro de ISIS puede tratar de escapar y que, según se vayan haciendo mayores, los niños pueden ser cada vez más vulnerables a ser reclutados por el ISIS”.

A esto se suman las huidas con sobornos o los riesgos de fuga. En enero de 2022, por ejemplo, células durmientes de ISIS liberaron a cientos de detenidos ―de los que al menos dos decenas siguen en paradero desconocido― en un asalto a una cárcel.

Salir del limbo

Los juicios podrían generar un efecto dominó. Si los detenidos salen del limbo, clasificados ya formalmente como sospechosos o no de un delito, las capitales tendrán más fácil superar los reparos que tiñen el debate sobre las repatriaciones: el miedo en abstracto hacia todos aquellos que formaron parte ―de una u otra forma― del temido califato del ISIS.

La suerte de los hombres ha quedado opacada por la de sus familiares: decenas de miles de mujeres y niños recluidos en los campamentos y en los que Estados, organismos internacionales y ONG han puesto más el foco, por su número y vulnerabilidad. Más del 60% de detenidos son menores, un 80% de ellos por debajo de los 12 años.

Casi todos los repatriados (a menudo a regañadientes) han sido los familiares, ya que su papel en la violencia es más difícil de dilucidar y la opinión pública occidental no los asocia a las decapitaciones de extranjeros o al genocidio yazidí. Las repatriaciones han cobrado velocidad desde 2022 y España es uno de los 36 países que ha traído de vuelta a los suyos (una decena, el pasado enero), aunque, al ritmo actual, llevará dos décadas vaciar los campos, según calcula Naciones Unidas.

Cientos de adolescentes están además encerrados lejos de sus familias, como denunció el mes pasado la relatora de la ONU para derechos humanos y contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, tras visitar la zona. “Es una separación sumaria basada en un riesgo de seguridad no probado que presentan los niños varones al alcanzar la adolescencia”, dijo al subrayar que vulnera el derecho internacional y que todos los pequeños con los que se reunió estaban “claramente traumatizados por haber sido separados de sus madres”. Las autoridades locales que gestionan los campos (un lastre que les ha dejado en la práctica la Coalición Global de lucha contra el Estado Islámico, formada por 85 países) lo consideran necesario para aislar a los radicalizados por el yihadismo.

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