El Gobierno comienza a repatriar desde Siria a las esposas e hijos de los yihadistas del ISIS
Dos mujeres y 13 menores llegan al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Problemas de comunicación han impedido la repatriación de una tercera española localizada en el noreste sirio
Dos de las esposas y viudas españolas de yihadistas del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) que estaban internadas en campos de prisioneros bajo el control de las milicias kurdas en el norte de Siria llegaron en la noche del lunes a España, según informaron fuentes conocedoras del proceso de repatriación. Las dos mujeres son Yolanda Martínez, de 37 años, y Luna Fernández, de 34, y han viajado acompañadas de 13 menores, según estas mismas fuentes. Yolanda Martínez tiene cuatro hijos, mientras que Luna Fernández es madre de cinco —el mayor, de 15 años, fue separado de su madre e internado en un correccional—, y cuidaba a otros cuatro niños huérfanos a los que esperan sus abuelos del barrio madrileño de Moratalaz. Según ha informado a este periódico el abogado de las familias, José Luis Laso, las dos mujeres, investigadas por la Audiencia Nacional, han sido detenidas y prestarán declaración ante la Policía durante este martes, antes de pasar a disposición judicial. Los niños se encuentran ya bajo custodia de los servicios sociales.
Durante la tarde de este martes, algunos familiares, previa cita con las autoridades, han podido ver a los niños en una sala durante dos horas. Otros lo harán este miércoles. “Están tristes, pero aparentemente bien, al menos de salud”, ha afirmado a EL PAÍS un familiar de Luna Fernández. “Están afectados, muy cansados, han vivido un infierno y llevan dos noches sin dormir”, ha continuado, “nosotros nos hemos quitado un peso de encima, una carga en el pecho”. Las mujeres y los menores aterrizaron cerca de la medianoche en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Las familias, que recibieron algunas fotografías desde el aeródromo, trataron de acercarse para poder abrazar a Martínez, Fernández y a los menores, pero entonces no se les concedió permiso. Está previsto que las dos mujeres declaren el miércoles ante el juez Santiago Pedraz, en el Juzgado de Instrucción Central 5 de la Audiencia Nacional, informa J. J. Gálvez.
El Ministerio de Exteriores ha explicado en un comunicado que la Audiencia Nacional “procederá a la legalización de la situación procesal” de las mujeres. La operación se ha prolongado durante varios meses, según información del ministerio, “debido a su complejidad y la situación en riesgo de los campamentos sirios”.
El Gobierno, como adelantó en noviembre EL PAÍS, emprendió a finales de año los últimos trabajos para repatriar a las 4 mujeres y 17 niños y adolescentes —el mayor, de 15 años; la más pequeña, nacida ya en cautiverio, de solo 3— con raíces en España y bajo custodia de las milicias kurdas desde la derrota del ISIS en su último bastión, la localidad de Baguz, en marzo de 2019. Un mes después, una periodista de EL PAÍS logró localizar a las mujeres en el noreste sirio.
Junto a Martínez y Fernández se encontraban en el norte de Siria Lubna Miludi, de 29 años, y Loubna Fares, de 43, esta última de nacionalidad marroquí, pero con hijos de un yihadista español. Las mujeres y niños repatriados el lunes se encontraban en el campo de prisioneros de Al Roj, en el noreste sirio, junto al límite con Turquía. Este campamento, que aloja a unas 2.000 personas vinculadas al ISIS, cuenta con un mejor acceso que ha permitido a las autoridades españolas agilizar el proceso de repatriación.
Lubna Miludi, nacida en Ceuta, se encuentra con su hijo de siete años en el campo levantado al sur de la localidad de Al Hol, a unos 100 kilómetros del otro campamento, muy próximo a la frontera con Irak. Al Hol alberga alrededor de 60.000 personas, entre extranjeros, sirios e iraquíes. Según ha informado el abogado de las familias, no se ha podido gestionar aún la repatriación de Miludi por problemas de comunicación con ella ―las reclusas han tenido prohibido el uso de teléfonos móviles, aunque muchas han contravenido esta medida para contactar con sus familias―.
La amenaza de células durmientes del ISIS desde fuera de los campos y de simpatizantes del grupo terrorista desde dentro ha elevado la inseguridad y vulnerabilidad de estos campamentos, a las que se suman la violencia común, falta de atención médica, de alimentos o las pobres condiciones de alojamiento, con tiendas expuestas a las altas temperaturas del verano o el actual frío invernal. Así, estos centros, donde mujeres y niños permanecen retenidos de manera indefinida sin control judicial, se han convertido en nuevos guantánamos en medio del desierto sirio. El gobierno autónomo kurdo ha instado a los países de origen a repatriar a sus nacionales, pero la reticencia de los Gobiernos extranjeros, la compleja investigación de los reclusos e incluso la dificultad para identificarlos han demorado los procesos de retorno.
Las tres mujeres de nacionalidad española habían pedido regresar a España con los menores a su cargo. El mayor de ellos, Abdurrahman, de 15 años, hijo de Luna Fernández, fue separado de su madre e internado hace 21 meses en un correccional para hijos de combatientes del ISIS. La cuarta prisionera, Loubna Fares, marroquí viuda del yihadista español de origen iraní Navid Sanati, escapó en febrero de 2020 con sus tres hijos del campo de Al Hol y desde entonces se ignora su paradero. La familia de Sanati, en conversación reciente con EL PAÍS, afirmó que desconocen el paradero de los cuatro.
Las familias de los repatriados, que han luchado por vía judicial, política y mediática durante más de tres años para lograr el regreso de los niños, quieren hacerse con la custodia de los menores, un proceso que tendrán que valorar los servicios sociales. Así lo han expresado tanto el abuelo de los hijos de Yolanda Martínez, Luis Martínez, como las abuelas de los niños que acompañan a Luna Fernández, Manuela Grande y Hafida Dadach, y el padre de Lubna Miludi, Mohamed Miludi.
En el proceso de repatriación de las mujeres ha sido coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y han participado los ministerios de Interior, Defensa, Derechos Sociales, Justicia y Presidencia. El objetivo era, según fuentes del Ejecutivo, que estuvieran de vuelta antes de final de año, aunque al final se ha demorado unos días. Las mujeres comparecerán ante la Audiencia Nacional porque están investigadas por su vinculación con la célula yihadista Brigada Al Andalus, a la que presuntamente pertenecían sus maridos. Podrían ser acusadas de haberse instalado en un territorio extranjero controlado por una organización terrorista para colaborar con ella, delito que el Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel. Las cuatro defienden que viajaron en 2014 al califato engañadas por sus maridos y que no combatieron ni participaron en acciones yihadistas.
“Con esta operación, España se une a sus vecinos europeos [Alemania, Bélgica, Noruega, Irlanda, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, entre otros]. (...) España cumple con sus obligaciones legales, también derivadas de tratados internacionales”, ha explicado el Ministerio dirigido por José Manuel Albares. El Gobierno se había negado hasta ahora a la repatriación de sus nacionales. La situación ha evolucionado en los últimos meses. España se había quedado sola en su negativa, ya que la gran mayoría de los países de la UE han repatriado a sus ciudadanos, al menos parcialmente.
En julio se estimaba que quedaban en los campos del noreste de Siria 154 mujeres europeas, incluidas las españolas. Según datos difundidos este martes por la organización Save the Children, una de las que trabaja en el difícil terreno de Al Hol y Al Roj, durante 2022, una docena de países repatriaron la cifra récord de 517 niños y mujeres de los campos, un 60% más en relación con 2021 y un 84% respecto a 2020.
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