El Gobierno acepta repatriar a las esposas e hijos españoles de los yihadistas del ISIS

El Gobierno ha decidido repatriar a las esposas y viudas de cuatro yihadistas del Estado Islámico (ISIS) y a sus hijos españoles, internados en campos de prisioneros bajo control de las milicias kurdas en Siria desde que en marzo de 2019 fue liberada Baguz, último reducto del Califato que Al Bagdadi proclamó en 2014 en Mosul (Irak), según fuentes gubernamentales. Se trata de cuatro mujeres (Yolanda Martínez, Luna Fernández, Lubna Miludi y Loubna Fares) y de 16 niños —el mayor, de 15 años; la menor, nacida ya en cautiverio, de solo tres—, que sobreviven en condiciones precarias, insalubres y de gran inseguridad en el noreste de Siria.

Yolanda y Luna se encuentran en el campo de prisioneros de Al Roj, junto al límite con Turquía, y Lubna está en el de Al Hol, próximo a la frontera con Irak. Estos centros, donde mujeres y niños permanecen retenidos de manera indefinida sin control judicial, se han convertido en nuevos guantánamos en medio del desierto sirio.

Esas tres mujeres, todas de nacionalidad española, han pedido regresar a España con 13 menores a su cargo que están identificados y localizados. El mayor de ellos fue separado de su madre e internado hace 21 meses en un correccional para hijos de combatientes del ISIS. En cambio, la cuarta prisionera, Loubna Fares, de nacionalidad marroquí pero viuda de un ciudadano español, escapó en febrero de 2020 con sus tres hijos del campo de Al Hol y desde entonces se ignora su paradero.

El limbo de las españolas del ISIS

EL PAÍS localizó a las únicas tres mujeres del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que aseguraban ser españolas y que, a cargo de 15 menores, se encuentran varadas en Siria.

La repatriación de las mujeres y los menores es una compleja operación diplomático-militar en la que están implicados varios ministerios, incluido el de Defensa. Fuentes gubernamentales aseguran que el objetivo es que estén de vuelta en España antes de fin de año. Cuando lleguen, deberán comparecer ante la Audiencia Nacional, que las vincula a la célula yihadista Brigada Al Andalus, a la que presuntamente pertenecían sus maridos. Podrían ser acusadas de haberse instalado en un territorio extranjero controlado por una organización terrorista para colaborar con ella, delito que el Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel. Las cuatro aseguran que viajaron en 2014 al Califato engañadas por sus maridos y que no combatieron ni participaron en acciones yihadistas.

El juez deberá decidir si les retira la custodia de sus hijos, aunque los abuelos residentes en España ya se han adelantado a pedir hacerse cargo de ellos. Los servicios sociales deberán garantizar que los menores reciben atención sanitaria, educativa y psicológica a su llegada a España y monitorizar a medio plazo su proceso de integración para detectar si han sido objeto de adoctrinamiento.

Deseo de regresar

El Gobierno español se había negado hasta ahora a la repatriación de sus nacionales, a pesar de que, en abril de 2019, Martínez, Fernández y Miludi ya expresaron su deseo de regresar a España. “Lo único que deseamos es salir de aquí. No nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos en el Estado Islámico”, declararon a la periodista de EL PAÍS Natalia Sancha, que consiguió localizarlas en el campo de Al Hol. “No he hecho nada. Si realmente en España la ley juzga con claridad, ¿por qué van a mandar a prisión a una mujer que ha sufrido tanto y ha estado en casa con sus hijos?”, añadía la primera de las tres, todas cubiertas con un niqab (que solo descubre los ojos).

En este campo fueron internados tras la caída del Califato unos 65.000 familiares de yihadistas, el 95% mujeres y niños: unos 30.000 eran iraquíes, 25.000 sirios y 10.000 de otro medio centenar de nacionalidades distintas. El temor a que estuvieran radicalizados y pudieran llevar el germen de la ideología yihadista de vuelta a sus países de origen hizo que muchos gobiernos se resistieran a repatriarlos. En España, el Ministerio del Interior impuso también ese criterio sobre el del entonces ministro de Exteriores, José Borrell, partidario de traerlos ya en octubre de 2019.

La milicia kurdo-árabe FDS (Fuerzas Democráticas Sirias), a cargo de los campos, viene exigiendo desde hace años que los gobiernos occidentales se hagan cargo de sus ciudadanos, alertando de la imposibilidad de mantener estos centros indefinidamente y del riesgo de que el ISIS se haga con su control interno. También Estados Unidos, aliado de los kurdos, ha presionado a los gobiernos europeos para que asuman su responsabilidad.

La situación ha evolucionado en los últimos meses. Por una parte, España se había quedado sola en su negativa a repatriar a sus nacionales, ya que la gran mayoría de los países de la UE (Alemania, Bélgica, Suecia, Holanda, Finlandia, Italia, Irlanda o Noruega) lo han hecho al menos parcialmente. En julio pasado se estimaba que quedaban en los campos del noreste de Siria 154 mujeres europeas, incluidas las españolas.

Por otro lado, el deterioro progresivo de las condiciones de vida en los campos ha hecho que la propia salud e integridad física de los menores se encuentre en grave riesgo, sin recibir educación ni atención médica y en condiciones de insalubridad y hacinamiento.

El pasado 5 de julio, Francia, el país con más ciudadanos internos en los campos bajo control kurdo, dio un giro a su política al repatriar a 16 mujeres y 35 menores. Hasta entonces, las autoridades francesas se habían negado a repatriar a mujeres adultas, con el argumento de que estas debían ser juzgadas en Siria o Irak, donde según los expertos no se dan las condiciones mínimas para ello, y solo aceptaba a menores huérfanos o separados de sus madres.

Este cambio se anticipó en poco más de dos meses a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que instó a Francia a “reexaminar sin demora” las demandas para repatriar desde Siria a las hijas y nietos de dos parejas francesas. Aunque el alto tribunal no consagró un derecho general a la repatriación, sí subrayó el deber de atender aquellos casos en los que exista riesgo para la integridad física, especialmente de menores. En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya había acusado a París de “violar” los derechos de los menores franceses al no repatriarlos.

Los padres de tres de las españolas retenidas en los campos bajo control kurdo se dirigieron en diciembre pasado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a través del letrado José Luis Laso, para reclamar la repatriación de sus hijas y nietos. Seis meses después, la Comisión Europea les contestó que la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño reconoce la “especial vulnerabilidad” de los casi 30.000 menores internos en los campos del noroeste de Siria, “que sufren el trauma del conflicto y unas condiciones de vida extremadamente duras”; y que “el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias a sus respectivos Estados miembros” es un área prioritaria de la Unión, que apoya los programas de retorno.

No obstante, pese a reconocer que “los hijos e hijas de los combatientes terroristas extranjeros en Siria deben ser considerados principalmente como víctimas” y “sus necesidades atendidas”, la Comisión Europea pasó la pelota a los respectivos gobiernos al señalar que “corresponde a los Estados miembros afectados decidir sobre la repatriación de las personas que tienen su nacionalidad”.

Ya en marzo del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que expresaba su “profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria, sanitaria y de seguridad en los campamentos del noreste de Siria, en particular Al Hol y Al Roj, que siguen siendo viveros para la radicalización”. Y pidió a los Estados miembros de la UE “que protejan a los menores que sean nacionales de la Unión” y “repatríen a todos los niños europeos, teniendo en cuenta ante todo su situación familiar y el mejor interés del menor”.