Francia abre la puerta a la repatriación de niños y mujeres de campos de detención de yihadistas tras años de rechazo

La llamada esperada durante tantos años tampoco llegó este 5 de julio. Ese día, a primera hora de la mañana, aterrizaron en París dos aviones fletados por el Gobierno francés con 51 de sus nacionales repatriados desde el campo de detención de yihadistas de Al Roj en Siria; 16 mujeres y 35 niños. El corazón de Marc y Suzanne Lopez batió más rápido al oír que habían llegado los vuelos. Su hijo Léonard se unió en 2015 al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria y estos dos profesores jubilados esperaban en el avión a sus cuatro nietos que quedaron atrapados entonces en el infierno yihadista. Pero el teléfono no sonó. Los pequeños no figuraban en la lista de la primera repatriación masiva que ha efectuado Francia desde la caída del último bastión sirio del ISIS en 2019.

Los Lopez, sin embargo, están hoy más esperanzados que nunca. Un cambio profundo parece haberse operado en el Gobierno francés y los familiares de menores aún atrapados en Siria confían en que la cuenta atrás definitiva para que todos los niños franceses regresen a su país haya comenzado ya.

“Es un cambio total”, celebra Marc Lopez en una conversación telefónica. Hasta ahora, Francia mantenía la doctrina del “caso por caso”, que implicaba repatriar desde los campos de detención solo a niños, y únicamente si se trataba de huérfanos, menores no acompañados o sus madres accedían a que regresaran solos. Al menos desde 2019, París no había devuelto a ningún adulto, al considerar que debían ser juzgados in situ.

El anuncio de la primera operación de repatriación masiva y con adultas a comienzos de mes es una señal clara de que ya “no hay obstáculos a una repatriación global”, coincide Vincent Brengarth, abogado de Margaux Dubreuil, otra francesa que también sigue en Siria con sus tres hijos. Al menos otros 150 menores de nacionalidad francesa y hasta un centenar de mujeres continúan viviendo en condiciones de gran precariedad en los campos sirios vigilados por fuerzas kurdas.

Nadie en el Gobierno ha confirmado por ahora públicamente que se haya abandonado el “caso por caso” que todavía defendía a capa y espada a comienzos de año. El diputado ecologista Hubert Julien-Laferrière, que apoya la repatriación de los menores, tampoco cree que vaya a hacerlo. “El Gobierno intenta comunicar lo mínimo, todos sabemos que la política del caso por caso no se sostiene, pero hay miedo a la opinión pública, le aterroriza este caso”, dice. Recuerda que, en 2019, el propio presidente, Emmanuel Macron, negó tajantemente que estuviera en marcha una operación de repatriación masiva, como habían informado con gran detalle varios medios. Su desmentido llegó después de que una encuesta revelara que más del 80% de los franceses se oponía y que hasta un 67% prefería que también los menores se quedaran en Irak o Siria.

Los tiempos, sin embargo, han cambiado. Julien-Laferrière reconoce que le ha “sorprendido” que la repatriación del 5 de julio no haya provocado ruido en una Asamblea Nacional donde la oposición es más fuerte que nunca. Tampoco ha habido revuelo en una opinión pública que ha ido evolucionando: hace un año, un centenar de personalidades firmaron una tribuna en Le Monde instando al Gobierno a “repatriar de inmediato a esos niños franceses que, víctimas de tratos inhumanos y degradantes, mueren lentamente en los campos sirios”. Era el primer llamamiento de la sociedad civil francesa “sobre un tema tabú tanto en la opinión pública como en el seno del Gobierno”, destacó el rotativo. Tras la repatriación, la secretaria de Estado para la infancia, Charlotte Caubel, declaró que los hijos de yihadistas “no son responsables de los hechos cometidos por sus padres” y deben “ser tratados también como víctimas”. Hasta algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, subrayó, han pedido su repatriación. Preguntada directamente si es el fin del “caso por caso”, eludió dar un sí contundente, pero indicó que repatriar “35 niños no es caso por caso”.

El Gobierno tampoco ha explicado por qué ahora sí se puede y antes no. Una operación tan complicada tarda en planificarse y está claro que la medida del 5 de julio estaba decidida desde hacía meses. Pero solo se realizó una vez pasado el ciclo electoral de las presidenciales y las legislativas y cuando ya estaba en marcha el nuevo Gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne. También se ha esperado, visiblemente, a que concluyera a finales de junio el largo proceso por los atentados en París del 13 de noviembre de 2015, que ha servido para cerrar heridas y demostrar que Francia es capaz de juzgar a terroristas yihadistas. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, se ha cuidado en asegurar que se han proporcionado “medios suplementarios muy importantes” para garantizar que la llegada de los repatriados no suponga un problema de seguridad. Las 16 mujeres ya han sido imputadas por asociación terrorista y se encuentran en detención preventiva a la espera de juicio, al igual que uno de los menores, que cumplió la mayoría de edad al poco de regresar y de quien se sospechaba una radicalización.

El abogado Brengarth recuerda otro motivo del cambio de rumbo: la “presión” jurídica que sufría Francia por negarse a traer a los menores. Solo España, que tampoco ha repatriado a los 17 niños españoles que siguen en Siria junto con tres mujeres españolas (y una marroquí con hijos españoles) y el Reino Unido, que tiene al menos una treintena de niños en Siria, compartían la política de París. Instancias nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Defensora del Pueblo la han criticado y países como Alemania o Bélgica han acelerado las repatriaciones en los últimos tiempos. En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU acusó a Francia de “violar los derechos de los niños franceses detenidos en Siria al no repatriarlos”. Los abogados de las familias llevaron, en 2021, el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuyo pronunciamiento está pendiente.

Riesgo de condena

“El Gobierno es consciente del riesgo de condena que pesa hoy sobre Francia”, señala Brengarth. Al decidir una repatriación colectiva, “Francia confirma que es capaz de actuar. Han caído las máscaras: el Gobierno ya no puede pretender que no tiene la capacidad logística y material de coordinar una repatriación, por lo que, paradójicamente, se expone más a una condena”, analiza. De ahí que, concluye, “lo lógico sería que repatríe a todas las familias”.

El tiempo apremia, insisten todos los implicados. Tal como recuerda la sección francesa de Abogados Sin Fronteras, “más de 500 personas, principalmente niños, habrían muerto en 2019 en los campos, donde las condiciones de vida y el acceso a una atención médica suficiente siguen siendo extremadamente difíciles”.

Aunque, como todos esperan, haya una nueva repatriación masiva este mismo verano, los Lopez saben que incluso si sus nietos llegaran en los próximos meses deberán armarse de paciencia antes de poder acogerlos. Los niños ya repatriados han sido puestos a disposición de los servicios sociales que, en estrecha colaboración con las autoridades antiterroristas, siguen su evolución antes de ser devueltos a sus familiares en una fecha tampoco aún fijada. Con todo, ya están en Francia y más cerca de recuperar, algún día, la normalidad. Es lo único que quieren los Lopez y las decenas de familias que vuelven a marcar el paso de los días en sus calendarios.

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