Repatriados desde el infierno 44 meses después

Recordaba el jueves María Yolanda Cobos que una de las cosas que más había sufrido en los últimos años fue saber que su hija sufría problemas de salud, ansiedad; que no contaba con suficiente atención médica en el campamento sirio de Al Roj, a un tiro de piedra de la frontera sureste de Turquía. Uno de esos problemas ocurrió en marzo del pasado año. Cobos y su marido, Luis Martínez, sabían que algo le pasaba a Yolanda, recluida en el noreste sirio junto a los cuatro hijos que tuvo con el yihadista Omar el Harchi. Le dolía el pecho, había sido trasladada a un centro sanitario, pero no había información disponible sobre su estado. El dolor y frustración en aquellos momentos de los padres de esta española fue muy grande. Según lo relataba Cobos ante la prensa, en Madrid, con las manos en al pecho y una cruz cristiana por el cuello, su marido, Luis Martínez, rompía a llorar de emoción. Porque la historia que precedió a la repatriación el lunes de 15 ciudadanos españoles desde el noreste sirio, entre ellos, su hija, casi cuatro años después de ser localizados, ha sido sin duda la de esos niños y mujeres varados en un limbo legal a las puertas de una guerra, pero también la de los familiares que reclamaban su retorno sin respuesta de las autoridades.

La reportera

El relato no empieza en Siria sino en Madrid, muchos años antes de que el proyecto de califato echara a andar en el país árabe. Es en la capital española donde Yolanda Martínez, hoy de 37 años, y Luna Fernández, de 36, también repatriada, contrajeron matrimonio con dos individuos a la postre vinculados a la brigada Al Ándalus, una célula de captación de yihadistas que operó en la mezquita de la M-30 de Madrid entre los años 2011 y 2014. Con ellos, con El Harchi y Mohamed el Amin Aabou, viajarían las dos hace algo más de ocho años a Siria para formar parte de aquel autoproclamado Estado islámico. En marzo de 2019, la aventura de terror que capitaneó el terrorista iraquí Abubaker al Bagdadi llegó a su fin con su derrota en la ciudad de Baguz. Los campamentos del Kurdistán sirio empezaron a abarrotarse de mujeres y niños vinculados a miembros del grupo Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). Allí, un mes después, en abril, la reportera de EL PAÍS Natalia Sancha localizó a tres mujeres españolas junto a sus críos.

Para muchos familiares, como Manuela Grande, madre de Luna Fernández, o Hafida Dadach, abuela de cuatro niños huérfanos repatriados, fue la primera prueba de vida que tenían en años. La revelación fue tal que el contenido del vídeo apareció incluido el pasado miércoles en el auto del juez Santiago Pedraz en el que ordenó la prisión preventiva de Martínez y Fernández, acusadas de pertenencia a organización terrorista. El Área de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid se ha hecho cargo de los menores―. Aquella primera aparición pública contenía un error: se mezclaban los apellidos Miludi y Fares para hablar de la misma mujer, pero eran dos personas diferentes. En total, cuatro mujeres con raíces españolas estaban recluidas en el noreste sirio. Junto a las dos repatriadas el lunes se encontraban Lubna Miludi, natural de Ceuta, y Lubna Fares, nacida en Marruecos, pero casada con un yihadista español.

El ministerio

“Después de aquello y de reunir la documentación”, explicó el jueves el abogado José Luis Laso, que representa a los familiares, “nos recibió el ministro Josep Borrell”. Fue el primero de los tres titulares de la cartera de Exteriores que han tenido que lidiar con la repatriación de los españoles en los últimos cuatro años. Borrell manifestó que había decidido traerlos, pero ahí se quedó la cosa. Así lo ha manifestado en alguna conversación telefónica Luis Martínez, padre de Yolanda: “Luego se fue a Europa [como alto representante de la Política Exterior de la UE] y se olvidó”. Las gestiones quedaron paralizadas por las reticencias del Ministerio del Interior ante al riesgo de radicalización que suponían los reclusos.

El tiempo transcurrió. Junto a esas cuatro mujeres vivían en total 17 menores, todos bajo custodia de la administración kurda que gobierna el noreste sirio. A partir de las entrevistas, testimonios e imágenes recopiladas se puede describir los campamentos en los que estaban encerradas como una suerte de prisiones a cielo abierto en pleno desierto: violencia, hurtos, incendios; carencia de alimentos, comunicación y sanidad, y proselitismo con la amenaza aún latente de los rescoldos del ISIS.

La huida

Una de las tres mujeres que la periodista Natalia Sancha conoció fue Lubna Fares, casada con Navid Sanati, un yihadista español de origen iraní muerto en el frente. En febrero de 2020, Fares, que hoy tiene 44 años, escribió a su suegra, Mahin Jafari, para contarle que se había escapado junto a sus tres hijos. No quería seguir en Al Hol, campamento atestado de desplazados del califato y que ha llegado a albergar a más de 60.000 personas. Desde entonces, las autoridades españolas no han logrado localizarla. Tampoco sabe dónde está la familia de Sanati, consultada por este periódico. La abuela de los niños no se encuentra bien; no se recuperó del golpe que sufrió con el terrible viaje al yihadismo de su hijo.

Por aquel entonces, Arancha González Laya estaba al frente de Exteriores. Según el relato de los abogados de las familias, González Laya ignoró el tema de la repatriación. También lo hizo, según esta misma versión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, todavía en el cargo. Pese a que las fuerzas de seguridad españolas habían contactado con las familias en algún momento al inicio de las investigaciones, todo aquello se cortó de forma radical. El retorno de los españoles estaba bloqueado.

Bruselas

Había que llamar a otra puerta, así que el abogado José Luis Laso partió a Bruselas. Mientras se denunciaba ante el Parlamento Europeo la situación que estaban sufriendo en los campos las mujeres y sus hijos, a finales de 2021 se presentó un escrito en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para que esta consultara al Gobierno español sobre el proceso de repatriaciones. El 7 de febrero del pasado año, la comisión aprobó el requerimiento y envió el escrito de las familias a Madrid. En una resolución de marzo de 2021, el Parlamento Europeo había instado ya a los países miembros a repatriar a sus nacionales de los campos de Al Hol y Al Roj. El destinatario fue el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Las familias no recibieron respuesta. El equipo de Albares manifestó que trabajaban con “prudencia” en colaboración con la Unión Europea, mientras esta defendía que en última instancia era un asunto nacional.

Justo cuando aquel escrito viajaba de Bruselas a Madrid, Abdurahman Aabou cumplía el primer año de confinamiento en un correccional kurdo pegado a la frontera iraquí. El mayor de los hijos de Luna Fernández, como otros adolescentes de los campamentos, había sido separado de su madre y hermanos. Durante su estancia allí, células del ISIS asaltaron otro centro con menores, en la ciudad de Hasaka. La preocupación en Madrid sobre el destino de los niños creció. El siguiente en ser apartado podría ser Bilal, el mayor de los vástagos de Yolanda Martínez. La violencia había acabado con la vida de decenas de menores de 16 años desde la apertura de los campos que acogían a las familias de los yihadistas.

Miludi

Las familias de Martínez, Fernández y Miludi, consultadas durante los últimos meses, han afirmado siempre que las mujeres, pese a que conocían que tendrían que rendir cuentas ante la justicia ―la Audiencia Nacional pidió su detención después de ser localizadas en 2019―, querían volver a España. Por fin, el pasado noviembre, el Gobierno hizo público que aceptaba repatriarlos. Se puso en marcha el operativo para que antes de que acabara 2022, las tres, junto a los 14 niños bajo su cuidado, aterrizaran en Madrid. Pero surgió un problema que retrasó la misión: Lubna Miludi, de 29 años, madre de un niño de siete, recluida en el campo de Al Hol, estaba incomunicada.

Hacía cuatro meses que habían podido hablar con ella por teléfono. La comunicación desde los campos vía telefónica requiere hacerse con un móvil, contraviniendo la prohibición de los uniformados kurdos. Halil Miludi, padre de Lubna, expresó en su última conversación con EL PAÍS que ella quería volver. El letrado de las familias, en contacto con él, mantiene que el deseo de la mujer era regresar. Ese parecía el plan hasta que algo pasó con el teléfono que usaba la española a pocos días de que el diplomático Guillermo Anguera encabezara la delegación enviada por el Gobierno hacia el noreste sirio.

A las 23.00 del lunes, un avión procedente de Kuwait aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con Yolanda Martínez, Luna Fernández y los 13 niños a cargo de las dos mujeres, cuatro de ellos de un matrimonio muerto en el frente yihadista. Miludi no estaba. El objetivo ahora tanto de las autoridades como de la defensa es que ella vuelva a “solicitar” de algún modo regresar a España; que vuelva a comunicarse para pedir su repatriación si ese sigue siendo su deseo.