El juez envía a prisión provisional a las dos esposas de yihadistas repatriadas desde Siria

El futuro de las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos esposas de yihadistas repatriadas desde el norte de Siria esta semana con los 13 niños que tenían a su cargo (nueve de ellos, hijos biológicos de ellas), ya se encuentra en manos de la Audiencia Nacional. La Policía las ha conducido en la mañana de este miércoles hasta el órgano judicial, donde han pasado a disposición del magistrado instructor Santiago Pedraz, que ha decidido enviarlas a prisión de forma provisional. La Fiscalía había solicitado al juez que ambas, imputadas por delito de integración en banda terrorista, ingresasen en la cárcel y se suspendiese la patria potestad sobre los menores, según informan fuentes del ministerio público.

La historia de la repatriación de esta mujeres, que aterrizaron en la noche del lunes en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a los 13 niños, comienza en 2019. Las autoridades las localizaron en el norte de Siria, donde habían sobrevivido al derrumbe del califato del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en su último reducto de Baguz. Internadas en un campo de detenidos controlado por las milicias kurdas, donde las encontró EL PAÍS, ya manifestaron desde allí su predisposición a regresar a su país: “Lo único que deseamos es salir de aquí. No nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos en el Estado Islámico”, afirmaron ambas. Otros dos mujeres y otros cuatro menores se encontraban en la misma situación.

El Gobierno de Pedro Sánchez emprendió entonces las labores para estudiar el regreso de las mujeres y sus hijos, una compleja operación diplomático-militar con varios ministerios implicados y que se topó, además, con reticencias de las fuerzas de la lucha antiterrorista. Paralelamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado informes al Ministerio del Interior para estudiar la situación, lo que se tradujo posteriormente en órdenes de búsqueda y captura internacional. Pese a todas las dificultades, en el mismo 2019, el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya avanzó la postura oficial del Ejecutivo: “Las vamos a repatriar”, subrayó en el Parlamento europeo.

Pero esa intención ha tardado casi cuatro años en materializarse. Hasta finales de 2022, el Gobierno no dio luz verde a la operación de forma definitiva. Y esta se ha ejecutado esta semana. Las primeras mujeres y menores repatriados aterrizaron el lunes, cerca de la medianoche, en Torrejón. A bordo del avión viajaban Yolanda Martínez, de 37 años, y sus cuatro hijos; así como Luna Fernández, de 36, sus cinco hijos biológicos y otros cuatro niños huérfanos de origen español que tenía a su cargo.

Todos los menores se encuentran ya bajo custodia de los servicios sociales. El mayor tiene 15 años. Algunos familiares pudieron verlos el martes en una sala durante dos horas, previo permiso de las autoridades. Uno de los familiares afirmó a EL PAÍS: “Los niños están tristes, pero aparentemente bien, al menos de salud [...] Están afectados, muy cansados, han vivido un infierno y llevan dos noches sin dormir”.

Otras dos mujeres y cuatro niños

La operación original de repatriación del Gobierno incluía a otras dos mujeres y cuatro niños. Las autoridades también tenían situadas en Siria, junto a Martínez y Fernández, a Lubna Miludi (29 años) y Loubna Fares (43), esta última de nacionalidad marroquí, pero con hijos de un yihadista español.

Sin embargo, Lubna Miludi, nacida en Ceuta, se encuentra con su hijo de siete años en el campo levantado al sur de la localidad de Al Hol, próximo a la frontera con Irak y a unos 100 kilómetros del campamento de Al Roj, donde estaban los repatriados este lunes —este segundo, junto al límite con Turquía, cuenta con un mejor acceso que ha permitido a las autoridades españolas agilizar el proceso de repatriación—. Según ha explicado el abogado de las familias, no se ha podido gestionar todavía el regreso de Miludi por problemas de comunicación con ella, ya que las reclusas han tenido prohibido el uso de teléfonos móviles, aunque muchas han contravenido esta medida para contactar con sus familias.

Por su parte, Loubna Fares, nacida en Casablanca (Marruecos) y viuda del ciudadano español de origen iraní Navid Sanati, se escapó en febrero de 2020 de Al Hol con sus tres hijos —de 10, ocho y seis años— y se desconoce actualmente su paradero.

Vínculos con la célula Al-Andalus

Las mujeres y los niños sobrevivían en Siria en condiciones precarias, insalubres y de gran inseguridad. Pero el temor a que estuvieran radicalizados generaba muchas reticencias en el Ministerio del Interior. Como publicó EL PAÍS en 2019, las fuerzas de la lucha antiterrorista cuentan con informes donde señalan sus vínculos con la célula Al Andalus, asentada en España y a la que pertenecieron sus maridos hasta que se marcharon con ellas a Siria en 2014.

Yolanda Martínez está casada con Omar El Harchi, un marroquí de Ceuta nacionalizado español que se encuentra preso en una cárcel kurda. Según el sumario de la Audiencia Nacional sobre Al Andalus, este hombre era reclutador de dicha célula y, durante las pesquisas, los agentes encontraron una carta enviada por Martínez a la mujer de otro islamista donde la “alentaba” a viajar a Siria. “Ante el conflicto sirio no hay que quedarse estático, sino pasar a la acción”, afirmaba la misiva, según un informe policial.

Por su parte, Luna Fernández es la viuda de Mohamed Amin El Aabou, otra pieza clave de Al Andalus. Según la Audiencia, El Aabou formaba parte del “núcleo operativo”, asumiendo labores de selección, adoctrinamiento, integración de nuevos miembros y financiación —aunque ni este ni El Harchi llegaron a ser juzgados, pues se marcharon a Siria con sus familias meses antes de que se desmantelara la célula—. Según los agentes, Luna Fernández tenían un papel de “líder” dentro de las esposas de los componentes de dicho grupo, conscientes del extremismo de sus parejas. “En un vídeo, Fernández expresa literalmente: ‘Yo soy musulmana y no voy a renegar de mi religión. Y como muchos países hacen sus leyes, Alá ha hecho una ley y Él sabe, nosotros no sabemos...’. Unas palabras que reflejan la interiorización de una visión radical y extremista del islam, donde la sharía o ley islámica prevalece”, explica el juez Pedraz.

Las cuatro mujeres localizadas en Siria por el Gobierno español aseguraron que viajaron engañadas por sus maridos y que no combatieron ni participaron en acciones yihadistas. “Llegué sin saberlo. Pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS, haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica”, dijo Martínez, convertida al islam y radicalizada tras conocer a su marido.

“Martínez y Fernández habrían participado en actividades a favor de la organización yihadista Daesh, tanto antes de desplazarse a la zona de conflicto sirio-iraquí, como una vez en territorio controlado por el pseudocalifato proclamado en junio de 2014”, apunta Pedraz en la resolución dictada este miércoles para enviarlas a prisión, donde añade: “Estas mujeres se trasladaron junto a sus maridos, compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos”. “En cuanto a la suspensión cautelar del ejercicio de la patria potestad, se entiende que no procede por cuanto que, con la situación que se acuerda de prisión provisional, no existe el riesgo potencial de continuar con un posible adoctrinamiento de los hijos”, apostilla el instructor.