Los hijos de yihadistas llegados de Siria: pruebas de ADN, acogida y seguimiento psicosocial en España

Abdurahman Aabou Fernández tiene 15 años. Cuando tan solo contaba seis primaveras, en el invierno de 2014, su madre, Luna, nacida en Madrid, y su padre, Mohamed, marroquí crecido en Ceuta, se lo llevaron de viaje a Egipto. Con ellos iba también el pequeño de la familia, de cuatro años. Del norte de África saltaron a Siria, donde el terrorista iraquí Abubaker al Bagdadi, al frente del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) había proclamado ya su califato. Abdurahman Aabou creció en tierras de aquel proyecto radical. Ha sido consciente de la muerte de su padre, combatiente yihadista. También de que, tanto a él como a su madre y sus hermanos ―son cinco en total―, les encerraban durante casi cuatro años en una prisión a cielo abierto en el noreste sirio. Con 13 años, una noche en la que salió de la tienda para orinar, fue apresado y llevado a un correccional. El lunes regresó a Madrid en un vuelo fletado por el Gobierno español y en el que viajaba el resto de su familia junto a otra mujer española, Yolanda Martínez, y ocho menores más. Su caso, por su periplo y vivencias, era uno de los que más urgían en los trabajos de repatriación, un proceso que, según los familiares y el letrado de la causa, ha llevado demasiado tiempo al Ejecutivo.

Tanto Abdurahman Aabou como los otros 12 niños que aterrizaron en Torrejón de Ardoz el lunes por la noche se encuentran ahora en un centro del Área de Protección del Menor gestionado por la Comunidad de Madrid. En él, todos ellos han podido recibir las visitas de sus abuelos: Luis Martínez y María Yolanda Cobos, padres de Yolanda; Manuela Grande, madre de Luna, y Hafida Dadach, madre de Mohamed el Ouriachi, padre de cuatro de los niños repatriados y muerto en combate en las filas del ISIS. Todos ellos reclaman la custodia de los menores ―las madres de los críos se encuentran en prisión provisional―, un proceso que, según señalan los expertos, tiene que ser rápido en beneficio de los niños.

Por este motivo, la tardanza del Gobierno en activar la repatriación, una vez que las mujeres y niños fueron localizados en abril de 2019, ha sido objeto de críticas. “Han tenido cuatro años para traerlos”, ha manifestado el letrado de la familia, José Luis Laso, en rueda de prensa este jueves en Madrid, “están criados como niños musulmanes, pero no están adoctrinados. Si hubiera radicalización, el Gobierno sería corresponsable”. Junto a Laso ha comparecido Javier Nart, eurodiputado español. Nart ha sido uno de los políticos que más ha empujado desde Bruselas para desbloquear las repatriaciones. “Cada año que han pasado los niños allí”, ha afirmado, “es un año más en su proceso de conciencia y posible radicalización”.

El europarlamentario, que acusa al Gobierno de “indecencia y miopía” por demorarse tanto en traer a los niños, viajó a los campamentos del noreste sirio en mayo de 2022. En ellos vio a los españoles y se reunió con el responsable de relaciones exteriores de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), Abdul Omar Karim. Este le trasladó que para sacarlos de allí solo hacía falta confirmar que eran españoles y hacer llegar una delegación oficial para sacarlos. A su vuelta, Nart fue recibido por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que le expresó su intención de lanzar el proceso de repatriación.

Identificación

Abdurahman Aabou nació en España, al igual que el siguiente de sus hermanos, en orden de edad. Pero los otros tres hijos de Luna Fernández fueron concebidos en Siria. No hay registro de ellos. Tampoco de tres de los cuatro hijos que tuvo Yolanda Martínez con el yihadista Omar el Harchi el Fertakh, preso en una cárcel kurda ―el matrimonio viajó a Siria con el mayor, Bilal―. Ni hay documentos acreditativos de dos de los cuatro niños huérfanos que también cuidaba Fernández. Por este motivo, una de las prioridades ahora es la identificación de los menores. Las autoridades han realizado ya pruebas de ADN a las dos mujeres repatriadas el lunes. Ahora se tienen que realizar las mismas pruebas a los niños sin papeles para cruzar los datos con sus familiares.

A partir de ahí continúa el proceso de evaluación para juzgar, en el caso de que las madres no puedan cuidar a los menores, como parece el caso a tenor del proceso judicial, quién sería el titular de su acogimiento temporal o la guardia y custodia. Según explica Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, organización con experiencia en los campos sirios que acogen a familiares del ISIS, entre las prioridades está el “acogimiento familiar” y, dentro de este, el de la “familia extensa” ―su propia familia―, siempre que sea lo mejor para los intereses del niño.

Del Moral, como incide también el abogado de las familias, señala que esta evaluación se hará caso por caso; que se escuchará a los niños y que si, se toma una decisión en contra de lo expresado por ellos, debe ser justificada. Finalmente, un comité de la comunidad autónoma resolverá sobre el destino de los menores. Pero ahí no queda todo: la administración regional deberá hacer un seguimiento de los pequeños. “Se debe garantizar”, prosigue Del Moral, “su educación, salud mental y acompañamiento social y psicológico”. La mayoría de los repatriados han perdido, de un modo u otro, a alguno de sus padres. Sirva de ejemplo, dos de los huérfanos que espera acoger en el barrio madrileño de Moratalaz Hafida Dadach vieron como en solo cuatro años morían por la guerra, primero su padre. El Ouriachi, y, después, la madre, Hannane.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó este miércoles la suspensión cautelar de la patria potestad de Luna Fernández y Yolanda Martínez. Sea cual sea el destino de las dos detenidas, acusadas de integración en grupo terrorista, la decisión que tome el comité autonómico sobre los niños debe ser revisable si las madres quedan en libertad.