La policía deberá emitir un aviso previo “verbal” y “audible” antes de cargar contra una manifestación

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, que los partidos están negociando en el Congreso, incluirá medidas para minimizar el riesgo de que las protestas callejeras acaben en altercados. Entre ellas, la obligación de que los policías que participen en el operativo de seguridad de una manifestación lancen un aviso previo a los asistentes de que van a utilizar material antidisturbios para disolver la concentración. “Antes de adoptar las medidas, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas de manera verbal claramente audible, con indicación expresa del plazo previo a la adopción efectiva de las mismas”, recoge el texto aprobado este jueves en la reunión de la ponencia parlamentaria, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS. La redacción es una propuesta recogida en una de las enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos, aunque también apuntaban en la misma línea las propuestas por ERC.

No obstante, el texto prevé incorporar una excepción a esta medida: no será exigible la advertencia policial cuando “se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso”. En ese caso, los agentes “podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso”, detallan fuentes conocedoras del nuevo texto. La medida es similar a la que, desde hace años, ponen en práctica los Mossos d’Esquadra en Cataluña, cuyos agentes anuncian con megáfonos e, incluso, a través de sus perfiles de la red social Twitter la puesta en marcha de “una intervención policial inminente” para disolver una manifestación con material antidisturbios.

La medida se convertirá en el punto tercero del artículo 23 de la futura ley, en el que se recogen diferentes aspectos del ejercicio del derecho de reunión y manifestación en lugares públicos. En este mismo artículo, varios socios parlamentarios del Gobierno intentan incluir también la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, a lo que se niega tanto el PSOE como los tres partidos de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos. No obstante, el artículo ha sufrido otros cambios. Así, en su primer punto se recogerá ahora que “la carencia del trámite previo de comunicación [de la celebración de una concentración], aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”. Hasta ahora, la falta de ese trámite era motivo suficiente para que la policía pueda disolver la protesta.

El nuevo texto que se quiere aprobar también recalca que “las medidas de intervención [policial] para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana” deben guiarse “en todo momento por un enfoque de derechos humanos y serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”, añade en línea con una enmienda conjunta presentada por PSOE y Unidas Podemos. Este punto es uno de los que más polémica ha creado entre los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que consideran que es la antesala a la prohibición del uso de las pelotas de goma, un material que los agentes consideran imprescindible para hacer frente a los altercados callejeros.

El texto del nuevo artículo 23 es uno de la quincena que este jueves se han incorporado al texto de la ponencia parlamentaria sobre la ley mordaza tras una reunión que ha durado poco más de 40 minutos. Los partidos han acordado celebrar un nuevo encuentro la próxima semana para abordar la última media docena de los puntos de la ley en los que aún no han llegado a acuerdo los grupos parlamentarios partidarios de la reforma: PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts. Se trata, precisamente, de los aspectos de la norma que más discrepancias genera entre ellos.

Además del acuerdo que recoge la utilización por parte de la policía del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma, aún no hay consenso en el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); en el que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposición adicional décima); en el que sanciona “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, que fue masivamente utilizado por la policía para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (artículo 36.6); en el que determina la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestación por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (artículo 30.3), y en el que permite a las fuerzas de seguridad instalar controles en lugares públicos para identificar y cachear personas, y registrar vehículos (artículo 17.2).

Pese a estas diferencias, PSOE, Unidas Podemos y PNV creen que los avances alcanzados hasta ahora son “suficientes” para sacar adelante la reforma. Sin embargo, ERC, EH Bildu y Junts consideran que el acuerdo está “muy lejos”, precisamente por las grandes diferencias que aún hay en esta media docena de puntos, algunos de ellos considerados “líneas rojas”.