La desobediencia a la policía solo será castigada si hay “oposición corporal o fuerza física”

Seis grupos parlamentarios acercan posiciones para reformar el artículo de la ‘ley mordaza’ que sirvió para sancionar a los que se saltaban el confinamiento durante la pandemia

Policias nacionales cachean y piden la documentación, en marzo de 2020, a un joven que transitaba por la calle durante el confinamiento.
Policias nacionales cachean y piden la documentación, en marzo de 2020, a un joven que transitaba por la calle durante el confinamiento.Jaime villanueva

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, sigue su lento trámite parlamentario con pequeños avances. Entre estos últimos se encuentra el principio de acuerdo alcanzado en las últimas semanas por los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Junts —cinco de los seis favorables a modificar la norma— para modificar el artículo 36.6 de la ley, el más utilizado durante el primer estado de alarma por la pandemia para castigar a los que se saltaban el confinamiento, según confirman fuentes de estos partidos. Este artículo considera infracción grave —multas de 601 a 30.000 euros— “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”. La propuesta señala que esa desobediencia solo será punible si es acompañada de “oposición corporal o fuerza física”.

El grupo parlamentario de ERC, que había presentado una enmienda para suprimir este artículo, rechaza el texto propuesto al considerar que los cambios “son mínimos”, recalcan fuentes del mismo. Este miércoles, representantes de estos seis grupos parlamentarios vuelven a reunirse.

Este principio de acuerdo es valorado como “relevante” por varios de los participantes en las negociaciones, que piden mantener en el anonimato, ya que el 36.6 se había convertido en uno de los escollos de la negociación que mantienen entre bambalinas estos seis grupos parlamentarios. De hecho, el Ministerio del Interior lo utilizó como principal instrumento de su política punitiva durante el primer estado de alarma de 2020. Durante aquellos tres meses, las Fuerzas de Seguridad emitieron 1,14 millones de propuestas de sanción con este artículo. En 2019, el mismo artículo se había utilizado para incoar tan solo 14.747 expedientes sancionadores. Por ello, el Defensor del Pueblo llegó a pedir información sobre las multas tramitadas para determinar si la policía había actuado durante el confinamiento “de manera correcta y proporcional”.

Cuando se iniciaron los trámites parlamentarios para la reforma de la ley mordaza, el PSOE y sus socios de gobierno, Unidas Podemos, no incluyeron este artículo entre sus enmiendas. De hecho, en una comparecencia en el Congreso en abril de 2020, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya advirtió que habría preceptos “que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia, precisamente, al 36.6. Por el contrario, ERC y EH Bildu sí plantearon en sus enmiendas la modificación del mismo e incluso, en el caso de los republicanos, su supresión, al considerar que facilitaba los “abusos policiales”.

Discrepancias

Pese al avance, la negociación para reformar la ley mordaza sigue más lenta de lo previsto. De hecho, los trabajos de la ponencia parlamentaria están paralizados desde marzo tras haber cerrado acuerdos únicamente sobre 29 artículos. Por ello, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron entonces celebrar encuentros preparatorios para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de aquella con un texto ya cerrado para agilizar el trámite parlamentario y sortear la oposición frontal de los partidos de la derecha. Sin embargo, en estas reuniones también han surgido discrepancias. “La cosa no va bien”, aseguran desde el grupo republicano.

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Los seis grupos parlamentarios dejan para el final la negociación de los puntos que representan un mayor escollo, para avanzar con el resto. Entre los que se han dejado está el artículo 23, que debe recoger el uso policial de material antidisturbios y, en concreto, las polémicas pelotas de goma. El PSOE defiende que se sigan usando, pero con un protocolo que regule estrictamente cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, el grupo parlamentario republicano ―que recuerda que los Mossos d’Esquadra tienen prohibida su utilización y emplean proyectiles de foam― y EH Bildu exigen su prohibición.

Otro de los artículos que genera controversia es el 37.4, que contempla multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no querían tocar la redacción actual, pero recientemente presentaron un texto alternativo que no ha convencido a todos los grupos al considerar que se presta a la arbitrariedad de los agentes. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que, en estos momentos, trabajan en un texto que detalle qué se entiende por actos y expresiones humillantes y ofensivos. Como último gran escollo, algunos participantes en la negociación recuerdan que ERC tensó los trabajos del grupo el pasado 5 de abril al presentar un documento con 11 modificaciones que la formación considera irrenunciables para que sus diputados voten a favor de la reforma. El apoyo de sus 13 diputados es necesario para una reforma que necesita 175 votos afirmativos al tratarse de una ley orgánica.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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