Una mayoría clara del Congreso apoya la reforma de la ‘ley mordaza’

Una mayoría clara del Congreso de los Diputados respalda ya, de entrada, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana planteada en una serie de enmiendas conjuntas por el PSOE y Unidas Podemos a la propuesta más ambiciosa lanzada hace un año por el PNV. El Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular aprobó la norma, conocida como ley mordaza, en 2015.

ERC y EH Bildu, socios del Ejecutivo en la investidura y en la ley de Presupuestos, llegan incluso a calificar los cambios planteados ahora como “insuficientes”. La mayor parte de esas ocho formaciones que apoyaron las cuentas, que suman en el Congreso 185 escaños, muestran además su preocupación por el cariz político de las recientes movilizaciones de los sindicatos policiales contra esa reforma y por su utilización partidista desde la derecha.

El PNV, que fue el partido promotor de esta iniciativa, denunció durante meses la paralización de su proyecto en la Mesa del Congreso por parte de la mayoría controlada por el PSOE y Unidas Podemos, que tenía además esa promesa en su acuerdo de gobierno. Esa situación varió de manera clara hace tres semanas, cuando los dos partidos socios de la coalición desatascaron ese bloqueo y presentaron una serie de 51 enmiendas pactadas conjuntamente con mejoras a media docena de artículos para suavizar la ley mordaza. Esa negociación ya se abrió entonces con el PNV y ahora se ampliará a otros partidos a partir de los trabajos más específicos que se retomarán el 14 de diciembre con la primera reunión de la comisión para fijar un calendario para la ponencia de la nueva ley.

Las correcciones consensuadas entre PSOE y Podemos pretenden proteger mejor los derechos de los manifestantes y acabar con algunos excesos de la ley mordaza del PP, como la detención durante seis horas sin justificar para identificar a un manifestante —ahora pasaría a solo dos horas ampliables en casos excepcionales— o las limitaciones para grabar una protesta —anuladas por el Tribunal Constitucional—.

El PNV mostró su satisfacción por la activación de esa reforma, pero fuentes oficiales de la organización matizan que todavía no ha llegado a un acuerdo global con nadie y ahora quieren “negociar y dialogar en la comisión punto a punto, artículo a artículo, con todas las partes y con todos los grupos para lograr el máximo consenso posible”. No se entendería que el PNV, que impulsó esta iniciativa, no estuviera al final en la resolución de este proceso.

EH Bildu lleva pidiendo más de cinco años, desde que se promulgó la ley del PP, su derogación total. Esa sigue siendo ahora su posición de máximos, pero la formación abertzale ha aprendido en este periodo de su representación en Madrid a negociar pequeños pasos y avances. “Nos parece bien el acuerdo ya alcanzado entre PSOE, Podemos y PNV, pero insuficiente”, precisan fuentes del grupo parlamentario. Bildu apostilla ahí que muchos de los colectivos sociales que les respaldan reclaman otras modificaciones, como la eliminación total del material antidisturbios más agresivo (que ahora solo se estudiaría) o que no se conceda la consideración de agentes de la autoridad a otro tipo de funcionarios, como los de prisiones. A EH Bildu le ha parecido “sorprendente y preocupante” el tipo de manifestaciones de protesta promovidas por los sindicatos policiales, y apoyadas por varios partidos de la derecha, “con insultos y ataques a representantes de los ciudadanos y pasando precisamente por delante del Congreso, algo que no permite la Ley de Seguridad Ciudadana y que a otros colectivos no se les habría permitido”.

ERC, el socio ahora más cultivado por el Gobierno, presentó un grupo amplio de enmiendas a esa ley, la mayoría en consonancia con las pactadas entre PSOE y Podemos. Entre las novedades registradas por los republicanos catalanes coincidían en establecer más garantías para el ejercicio del derecho de reunión y protesta; más identificación y registros para los policías a la hora de rendir cuentas de sus actuaciones; que se pudieran grabar las acciones de los agentes; la prohibición de pelotas de goma y de lo que denominan como “técnicas de provocación policial como el síndrome Sherwood [buscar la confrontación para justificar la represión]” e incluso que se pudieran imponer sanciones a los responsables de las fuerzas de seguridad por malas praxis, algo que ahora solo se prevé para los ciudadanos. ERC también pedía la derogación de las devoluciones en caliente de los inmigrantes, un asunto que PSOE y Podemos apartaron de su negociación para facilitar el acuerdo y llevarán ese punto a la futura ley de extranjería.

“No dar miedo”

El PDeCAT está por la reforma y esgrime posicionamientos del Tribunal Constitucional y la Comisión de Venecia (el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional). También cree que las marchas de estos días “se han instrumentalizado políticamente para desgastar al Gobierno” y piden un debate “más serio y con menos crispación”.

Más País y Compromís, que suelen aportar tres votos a la mayoría progresista, también están por la reforma y no permitirán que sucumba, según fuentes de esas formaciones. Desde el partido que lidera Íñigo Errejón se replica a los detractores de suavizar ahora la ley: “Es falso que España tenga un problema de seguridad como se ha escuchado en las concentraciones de estos días. Las cifras de criminalidad están en su mínimo histórico. España es de los países más seguros del mundo. La ley mordaza fue aprobada para volver más inseguro el ejercicio del derecho a la manifestación en un contexto de fuerte contestación social. Ir a una manifestación no puede dar miedo”.