PSOE y PNV impulsarán un texto único para acabar con la ‘ley mordaza’

Después de que Ciudadanos haya abierto la vía a la derogación y reforma de la ley de seguridad ciudadana del PP, conocida como ley mordaza, la comisión de Justicia del Congreso reactivará un proceso que ha estado atascado en la Mesa durante 11 meses. PSOE y PNV, que presentaron sendas propuestas de ley, quieren ahora impulsar un texto único que conduzca al cambio de esta polémica normativa, como apunta el informe elaborado por los letrados de la Cámara en mayo, que considera "procedente la tramitación acumulada y conjunta de ambas proposiciones". Una idea para que la ya mantuvieron conversaciones ambas fuerzas y que Unidos Podemos también ve con buenos ojos, aunque con matices.

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Fuentes de los socialistas y peneuvistas han ratificado a EL PAÍS la voluntad de elaborar un solo texto en la ponencia "para que el trámite sea más fácil", que sirva de partida para el debate y sobre el que los partidos vayan aportando sus enmiendas. Una tramitación que los socialistas quieren iniciar "cuanto antes" con el objetivo de contar "en esta legislatura" con una ley alternativa a la que aprobó solo el PP en 2015 con su mayoría absoluta. El PNV confía en que el nuevo texto pueda aprobarse dentro de este año, pero el ritmo del proceso está en manos de la Comisión de Interior, que es la que tiene que fijar los calendarios.

Los socialistas, que recurrieron ante el Tribunal Constitucional varios artículos pendientes de recurso, no han presentado ninguna enmienda a su proposición, que registraron en diciembre de 2016 como punto de partida para elaborar con el resto de grupos "una ley respetuosa con los derechos y libertades fundamentales". Ni tampoco han hecho enmiendas a la de reforma del PNV, presentada a mediados de enero de 2017.

El Grupo Vasco, por su parte, ha añadido una nueva enmienda a las 44 modificaciones que propuso a la ley, en este caso sobre la expulsión de extranjeros en protestas en infraestructuras o instalaciones que presten servicios básicos y supongan riesgo. La iniciativa del PNV, en aras de un equilibrio justo entre la libertad y seguridad, incidía en la seguridad de detenidos en dependencias policiales, los derechos de manifestación y huelga, así como a la libertad de expresión e información y la supresión de una serie de infracciones que solo debían tener respuesta punitiva penal.

El papel de los populares

Unidos Podemos, que ha presentado una batería de enmiendas a las propuestas de PSOE y PNV, también ha mostrado su disposición a agilizar el proceso para acabar con la ley mordaza. “Nosotros estamos trabajando para derogarla desde el primer día. No hemos sido nosotros los que han bloqueado la reforma”, destacan fuentes de la formación liderada por Pablo Iglesias, que matizan que solo se sumarán a esa iniciativa de texto único si el acuerdo gira "en torno a la doctrina" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Es decir, ni ley mordaza ni ley Corcuera", apostilla la formación, que apuesta por medidas como eliminar las devoluciones en caliente, acabar con las identificaciones policiales basadas en "perfiles étnicos" y prohibir el uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero la reforma de la ley de seguridad ciudadana dependerá de la capacidad de negociación de muchas fuerzas políticas en liza. Como ha demostrado Ciudadanos con la decisión del lunes y su control de los tempos en la Cámara. De hecho, PSOE y Podemos han acusado al partido de Rivera de haber bloqueado este intento de reforma legislativa cuando le ha interesado. Sin embargo, el número dos de la formación, José Manuel Villegas, ha rechazado ese ataque y defiende que han empleado estos meses en estudiar los textos y elaborar sus propuestas. En total, presentaron el lunes más de 100 enmiendas a las iniciativas de los socialistas y del PNV.

Ciudadanos apuesta por, entre otras iniciativas, considerar infracción grave el abandono o maltrato de animales domésticos o endurecer la ley contra la ocupación de viviendas. La cuarta fuerza política de la Cámara quiere que la policía pueda entrar en una casa para registrar e identificar a los ocupantes si el propietario ha presentado una denuncia y existen indicios de que se está utilizando con fines delictivos. "Proponemos también prohibir la desnudez en el caso de los registros corporales. La situación de urgencia no puede justificar, en ningún caso, el incumplimiento de estas garantías mínimas de la dignidad de todo ciudadano", apuntan fuentes de la formación liderada por Rivera.

Frente a la oposición se colocará el PP, que tratará de frenar los cambios de la Ley de Seguridad Ciudadana. Aunque el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado dispuesto a negociar modificaciones, el Gobierno ha tratado de ralentizar cualquier modificación en la Cámara. De hecho, confía en que las disidencias entre fuerzas tan distintas como Podemos y Ciudadanos lo imposibiliten. Aunque, paralelamente, ya ha presentado enmiendas a la propuesta del PNV para descafeinar la iniciativa de los nacionalistas. Los populares se oponen a que, como plantea el grupo vasco, deje de considerarse una infracción grave acciones como la perturbación de actos religiosos, las manifestaciones junto al Congreso y grabar a agentes de policía.