Estados Unidos y la UE advierten a Polonia de su “preocupación” por la ley que amenaza al líder de la oposición

La preocupación por la deriva del Estado de derecho en Polonia va más allá de Europa. En Bruselas ha vuelto a cundir la inquietud con la aprobación de la llamada ley Tusk, que la oposición polaca denuncia que está hecha a medida para perseguir al líder opositor, Donald Tusk, primer ministro polaco entre 2007 y 2014. “La Comisión Europea está muy preocupada por la nueva ley polaca que crea una comisión especial para investigar la influencia rusa entre 2007 y 2022 [...]. Podría ser usada para perjudicar las posibilidades de optar a cargos públicos sin un juicio justo”, ha señalado el Ejecutivo comunitario este martes. Horas antes, y en términos similares, lo ha hecho el Departamento de Estado estadounidense: “Estamos preocupados por la aprobación de una nueva legislación que podría tener un uso indebido para interferir en unas elecciones libres y justas en Polonia”.

Los reparos que ha puesto Washington ya han sido respondidos por el Gobierno ultraconservador que dirige Mateusz Morawiecki: “La influencia rusa en la seguridad interior de Polonia requiere una investigación exhaustiva y el escrutinio público”. Varsovia está menos acostumbrada a escuchar reproches por su deriva contra el Estado de derecho desde el otro lado del Atlántico y ha tardado muy poco en tratar de calmar a sus aliados, señalando que “una decisión del comité” que se prevé para revisar la influencia de Moscú sobre políticos y periodistas en Polonia entre 2007 y 2022, “podrá ser recurrida ante un tribunal administrativo en un procedimiento de dos instancias, y se podrá solicitar que se suspenda provisionalmente hasta el veredicto final del tribunal”. No obstante, en el mismo comunicado, ha echado mano de alguna de sus respuestas habituales a Bruselas al apuntar que “esta legislación descansa en la soberanía nacional del Parlamento polaco”, que la aprobó este lunes.

Esa explicación no calma, por ahora, a la Comisión Europea, que ha señalado que está analizando la nueva ley. “No dudaremos en tomar medidas si es necesario, porque no se pueden tomar medidas sin un control judicial real, sin un juez independiente que revise una decisión administrativa”, ha declarado este martes el comisario de Justicia, Didier Reynders, sin que mediara pregunta alguna a su llegada a una reunión del Consejo de la UE, donde ha dado cuenta de este asunto. Lo mismo ha hecho la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, al acabar la cita: “Estamos muy preocupados”.

Mucho más duro ha sido el secretario general del Partido Popular Europeo, Thanasis Bakolas, quien en declaraciones a EL PAÍS ha dicho: “Todo el mundo puede ser juzgado con esta nueva ley. Todos tenemos la obligación de luchar contra lo que está pasando en Polonia”. Para Bakolas, este asunto no solo atañe a Tusk, expresidente del PPE y probable candidato de la oposición polaca en las elecciones de otoño, es también un elemento clave de defensa de la democracia.

Las palabras que emanan de Bruselas llegan al día siguiente de que en Varsovia se aprobara una norma que, con la excusa de combatir la influencia rusa, crea una comisión para revisar la influencia de Moscú en Polonia entre 2007 y 2022, examinando las decisiones de políticos y periodistas durante ese periodo. En esos años, concretamente entre 2007 y 2014, el primer ministro polaco fue Donald Tusk, representante de una formación integrada en el Partido Popular Europeo. De ahí la suspicacia de que el objetivo real es perseguir el líder de la oposición y uno de sus candidatos con más opciones en las elecciones legislativas de otoño.

A las sospechas de que se trata de una norma ad hoc redactada por los ultraconservadores del PiS, partido aliado de Vox en la Eurocámara, para perjudicar a la oposición, se une su contenido específico, ya que crea una comisión que puede sancionar con 10 años de inhabilitación para ejercer un cargo que dé acceso a fondos públicos e información clasificada. Además, ese comité, que puede imponer multas o revertir decisiones administrativas, responde ante el Gobierno.

“No administra justicia, eso solo lo hacen los tribunales”, ha criticado el Defensor del Pueblo polaco. Y ahí es donde ha señalado el comisario Reynders: “Tenemos una preocupación especial por la situación en Polonia con la creación por ley de un comité especial que puede privar a los ciudadanos de su derecho de ser elegidos para la función pública. Será posible hacerlo con una decisión administrativa sin revisión judicial y eso nos preocupa. Lo vamos a analizar. No vamos a dudar en tomar medidas si fuera necesario, porque es imposible aceptar un sistema así, sin un acceso real a una justicia independiente”.

Con este nuevo paso, la cuenta de agresiones del Gobierno ultraconservador polaco contra el Estado de derecho aumenta. Ya hay varios procedimientos abiertos sobre este asunto. Uno acabó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por la creación de una Cámara para sancionar a los jueces, lo que para la Comisión y para los magistrados comunitarios socava la independencia de la justicia, y que se tradujo en una multa de un millón de euros al día. Otros están abiertos en el Consejo de la UE, como ha explicado la vicepresidenta Jourova: por la independencia de los jueces, la falta de aplicación de la citada sentencia de Luxemburgo, o por la decisión del Constitucional de Polonia que situaba el derecho nacional por encima del comunitario. “Hay avances”, ha apuntado la vicepresidenta de la Comisión, quien, no obstante, ha advertido de que todavía hay “serias preocupaciones” por el deterioro del Estado de derecho en Polonia.

Otro país con graves expedientes abiertos por este motivo es Hungría, que como en el caso de Polonia, se han abordado en el Consejo de la UE este martes. Con Budapest, la lista pasa por vulneraciones de la igualdad electoral ―exceso de publicidad gubernamental en los comicios―, dudas sobre la independencia del Defensor del Pueblo y de los medios de comunicación, así como todos los asuntos que tiene pendiente reformar para acceder a miles de millones de euros de los fondos comunitarios. Estos cambios están relacionados, sobre todo, con la lucha contra la corrupción, la libertad académica, la independencia judicial, el derecho de asilo y los derechos de los menores.

El caso húngaro ha alarmado tanto al Parlamento Europeo que este miércoles debatirá una moción en la que se expresan serias dudas de que el Gobierno ultra de Viktor Orbán pueda ostentar la presidencia de turno de la UE en 2024.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.