La reforma judicial de Polonia para liberar los fondos europeos se enreda en el Constitucional

El Tribunal Constitucional polaco es el paradigma del enfrentamiento jurídico entre Varsovia y la Unión Europea. Sus miembros, denuncian los críticos, no solo están politizados, sino que en algún caso han sido enviados al cargo directamente desde los escaños de la coalición ultraconservadora en el poder. Sus sentencias han desafiado los pilares básicos de la UE al proclamar la supremacía del derecho nacional sobre los tratados y han arrinconado los valores europeos al reducir prácticamente a la nada los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo. Ahora, en una paradójica pirueta política, la ley que ha aprobado el Parlamento polaco para supuestamente enderezar el Estado de derecho y conseguir desbloquear así los 35.400 millones de euros del plan europeo de recuperación por la pandemia está en manos de este tribunal. Una fuerte fractura interna con la rebelión de seis jueces atasca, en pleno año electoral, la reforma concebida para solucionar la crisis con Bruselas.

Los cambios legislativos atañen al Tribunal Supremo y pretenden responder a los compromisos acordados con la Comisión Europea en una serie de hitos para mejorar, entre otros asuntos, la independencia judicial. Después de años de choques con Bruselas, Polonia cedía en su pugna en un contexto marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, que ha impulsado el perfil de Varsovia como uno de los líderes en el apoyo al país invadido. Con signos de desaceleración económica, una inflación disparada que en enero llegó al 17,2% y elecciones previstas en otoño con las encuestas a la baja, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) necesita los fondos europeos más que nunca y los veía ya al alcance la mano, como un éxito para vender en campaña.

El texto legal superó los trámites parlamentarios en la segunda semana de febrero pese a la oposición interna de Solidarna Polska, el socio minoritario y euroescéptico del Gobierno, y gracias a la abstención de la oposición, que a toda costa quería evitar ser representada como la culpable de que los millones de Bruselas no llegasen. Solo faltaba el trámite final: la firma del presidente, Andrzej Duda. En su lugar, el jefe de Estado sorprendió a todos al enviar la ley al Tribunal Constitucional para su examen.

“En Polonia nos referimos a él como ‘el llamado Tribunal Constitucional’, porque ya no tenemos uno real”, critica Bogdan Klich, senador de Plataforma Cívica, el principal partido de la oposición. “Este organismo se ha llenado de personas que no son independientes; son políticos en activo que introducen la línea del partido gubernamental en sus decisiones”, acusa el también exministro de Defensa. Tomasz Sieniow, profesor de Derecho de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, opina que la decisión de Duda pone al tribunal “en una situación peculiar”. “Es difícil imaginar que pueda decidir sobre la ley del Tribunal Supremo, que debe cumplir con los fundamentos de la UE, el mismo tribunal que desde el principio ha permitido que se violen”, señala en la sala de juntas del Instituto Estado de Derecho, que preside. El 15 de febrero, la Comisión Europea denunció a Polonia por las sentencias del Constitucional que priman el derecho nacional sobre el europeo.

Amplio rechazo a la reforma

En realidad, a este experto la nueva ley del Supremo no le gusta, como a casi nadie en el sector judicial. Y cree que tampoco cumple con las exigencias de la Comisión Europea. La nueva norma busca soluciones alternativas a la Sala Disciplinaria del Supremo, encargada del régimen sancionador a los jueces, cuya actividad le cuesta un millón de euros de multa a Polonia al día por vulnerar la independencia judicial. En verano, bajo el auspicio de Duda, se aprobó la creación de una nueva cámara de responsabilidad profesional en el Supremo, un tribunal muy politizado. La solución no convenció a Bruselas y en la última reforma, Varsovia propone llevar los casos disciplinarios al Tribunal Supremo Administrativo. Comparado con el Supremo, este tiene menos presencia de neojueces, los magistrados considerados ilegítimos por los de siempre porque han sido nombrados o ascendidos por el nuevo Consejo Nacional Judicial (CNJ), el órgano de gobierno del poder judicial, cuyos miembros antes eran elegidos entre la judicatura y ahora, por políticos. La norma también permite, como exige Bruselas, que los magistrados puedan cuestionar el estatus de estos neojueces sin que esto sea motivo de sanción.

Que el Supremo Administrativo se ocupe de los casos disciplinarios de los jueces “es como si se lo encargasen a los árbitros de fútbol”, opina Dariusz Mazur, portavoz de la asociación de jueces Themis. “Está fuera de sus competencias constitucionales”, explica el juez en la estación central de Varsovia, antes de tomar un tren de vuelta a Cracovia. Además, la abogada y promotora, junto a tres compañeros, de la fundación Free Courts, Paulina Kieszkowska-Knapik, cree que el movimiento “paralizaría completamente el Tribunal Supremo Administrativo, el único que controla la acción del Gobierno”.

La idea de que el presidente se ha tomado como un asunto personal que el Gobierno envíe una propuesta distinta a la que él avaló en verano y que se puedan cuestionar los nombramientos de jueces, que llevan su firma, se repite en todas las conversaciones. Mazur considera “diabólico” que Duda haya dejado en manos del Constitucional la reforma, porque ahora mismo significa dejarla en un limbo sin asumir la responsabilidad. Los miembros del Constitucional están inmersos en una fuerte disputa interna. Un grupo de seis de los 15 magistrados que lo componen, considerados cercanos al ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, defienden que el mandato de la presidenta, Julia Przylebska, ha terminado y la consideran ilegítima. Ella, que tiene el apoyo del PiS y de la mayoría del tribunal, lo rebate y asegura que se mantendrá en su puesto hasta 2024. Para revisar el caso se necesitan 11 miembros, pero los rebeldes se niegan a sentarte hasta que la presidenta renuncie.

Estos enfrentamientos son reflejo de la brecha que divide también a los socios de coalición, que comienzan a negociar listas electorales. Por un lado, está el mayoritario PiS, que ha liderado los cambios en el Supremo y la negociación con la UE, y por otro, Solidarna Polska, de Ziobro, arquitecto de la reforma judicial iniciada tras la llegada al poder en 2015 y origen de los enfrentamientos con Bruselas. Está por ver hasta dónde son capaces de aguantar el desafío los seis díscolos, bajo presión del PiS.

Existen serias dudas de que los fondos europeos lleguen antes de las elecciones. Si el tribunal superase sus diferencias, tardaría al menos dos o tres meses en tomar una decisión, según los expertos, y después la ley y su implementación tendrían que ser examinadas por Bruselas. Anna Wojcik, investigadora del Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia Polaca de las Ciencias, opina que “lo más racional y rápido sería adoptar una nueva ley, porque el Constitucional no va a considerar la moción”. En un café en la orilla este del Vístula, cree que el país debe aprender de los muchos errores cometidos “y emerger con un sistema judicial más fuerte y mejor”.

Kieszkowska-Knapik explica que la asociación de jueces Iustitia tiene una reforma judicial alternativa que se podría implementar en seis meses, “de forma muy higiénica” y que crearía un CNJ “en condiciones” con un sistema transparente para el nombramiento de jueces. Abogan, además, por revisar la designación o ascensos de los neojueces, que ya son 3.000 de los 10.000 que hay en el país, según sus cálculos. “Tenemos que evitar el caos, pero debemos limpiar las heridas. Si no lo arreglamos, Polonia tendrá un sistema podrido”, lamenta.

“No darán marcha atrás porque sería admitir que se han equivocado”, apunta Sieniow, que no cree que haya avances hasta que se forme una nueva coalición de gobierno y se alcance un acuerdo. En una entrevista con CNN el pasado 9 de marzo, Duda aseguró que el conflicto con Bruselas es político y que “el principal problema es que la Comisión Europea viola la ley europea en detrimento de Polonia”. El presidente, que en teoría ensaya una posición independiente para continuar su carrera cuando termine su mandato, acusó a “representantes de las instituciones europeas, el campo de la izquierda liberal” de intentar “influenciar el resultado de las elecciones” y de querer “desbancar a las autoridades polacas al no darles este dinero”. La nota de prensa oficial que recoge la entrevista no menciona que la reforma con la que el Gobierno esperaba desbloquear los fondos está enredada en la maraña del tribunal al que él mismo la envió.

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