Polonia se rebela contra la justicia europea y coloca el país al borde de la ruptura legal con la UE

Polonia ha dado este jueves un paso de gigante hacia un choque frontal con el resto de socios de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional, en un veredicto demoledor y de consecuencias impredecibles, ha dictaminado que varios artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en su país, una decisión que equivale a una declaración de guerra jurídica contra uno de los pilares fundamentales de la UE: la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

La rebelión del máximo intérprete de la Constitución polaca llega en un momento de tensión extrema entre Bruselas y Varsovia, con fuego cruzado cada vez de mayor calibre a cuenta del Estado de derecho en el socio del Este. Y guerras abiertas en distintos frentes, que van de la independencia judicial al respeto al colectivo LGTBI+. El fallo coloca a Polonia al borde de la ruptura legal con el bloque comunitario, ya que dinamita uno de los principales fundamentos en los que se apoya la arquitectura jurídica de la UE y del que dependen en gran medida desde el buen funcionamiento del mercado interior a la cooperación judicial transfronteriza o la integridad de la normativa comunitaria en todo el territorio de los 27 Estados miembros.

La resolución, que se había pospuesto hasta cuatro veces, da respuesta a una pregunta planteada en marzo pasado al Constitucional por parte del Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), quien defendía la misma tesis que al final ha sostenido el alto tribunal: que el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo. El primer ministro polaco solicitó a la máxima autoridad judicial de su país que se pronunciara sobre la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional polaco y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.

Horas antes, el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, aseguraba a través de redes sociales que “la sentencia tiene en cuenta en gran medida la moción del primer ministro”. “La primacía del derecho constitucional sobre otras fuentes del derecho se deriva literalmente de la Constitución de la República de Polonia. Hoy (una vez más) esto ha sido claramente confirmado por el Tribunal Constitucional”, afirmaba.

El tribunal, formado por 12 miembros, ha tomado la decisión por mayoría, con dos votos discrepantes. El centro de gravedad del fallo sostiene que la UE no tiene competencia para evaluar la justicia polaca ni su funcionamiento, protegiendo así las reformas del poder judicial aprobadas por el PiS y cuestionadas por Bruselas, y dando alas —y una coartada jurídica— a las autoridades para no cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El partido del Gobierno asegura que las reformas buscan la modernización de un poder judicial con vestigios del sistema comunista; mientras que Bruselas ve en ellas una excusa para minar la independencia de los jueces, otro de los principios básicos del Estado de derecho.

Bruselas confiaba en obtener una resolución “salomónica”, en una de esas piruetas jurídicas capaces de contentar a europeístas y euroescépticos a un tiempo, y oxigenar así las tensas relaciones que han ido agravándose desde hace meses. Pero el fallo resulta contundente. El comisario de Justicia, Didier Reynders, que se enteró de la sentencia en Luxemburgo, durante un Consejo de ministros de Interior y Justicia de la UE, ha pedido tiempo para valorar en profundidad los detalles de la decisión polaca, pero ha advertido de que habrá una respuesta: “Se está poniendo en tela de juicio una serie de principios en los que se funda nuestra Unión, y esto justifica que la Comisión, como guardiana de los tratados, tome cartas en el asunto”, dijo en una comparecencia tras la cumbre. “Llevamos tiempo actuando en este ámbito y de nuevo lo haremos”, añadió sobre la “escalada” que se vive con Varsovia “desde hace meses e incluso años”.

A través de un comunicado, la Comisión ha expresado su “preocupación” y ha reafirmado su defensa de los principios fundadores del ordenamiento jurídico de la Unión: la primacía del derecho de la UE sobre el nacional, “incluidas las disposiciones constitucionales” y que “todas las sentencias del Tribunal de Justicia europeo son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales”. “Analizaremos detalladamente la sentencia del Tribunal Constitucional polaco y decidiremos los próximos pasos. La Comisión no dudará en hacer uso de sus competencias en virtud de los tratados para salvaguardar la aplicación uniforme y la integridad del derecho de la Unión”.

Los movimientos entre Bruselas y Varsovia recuerdan, de algún modo, a una guerra de trincheras en la que los soldados asoman la cabeza, disparan y luego se agachan y aguardan tumbados el fuego de respuesta desde el otro lado: a la espera de lo que haga ahora la Comisión, la decisión del Constitucional polaco llega solo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera el último golpe a Varsovia, al fallar que el traslado forzoso de jueces polacos para impedirles dirimir ciertos casos puede vulnerar los principios de la inamovilidad de los jueces y de la independencia judicial; el veredicto también cuestionaba el sistema de nombramiento de los miembros de las cámaras de apelación del Tribunal Supremo de Polonia y llega a reconocer que los magistrados polacos pueden obviar sus decisiones acogiéndose a la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

También este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE emitió un auto en el que rechazaba la petición de Polonia de aplazar las medidas cautelares dictadas en julio por la corte europea, a instancias de la Comisión, para frenar la puesta en marcha de una sala disciplinaria en el Supremo polaco que, según Bruselas, vulnera la normativa comunitaria. Varsovia defendía que las medidas cautelares solicitadas eran incompatibles con una reciente sentencia del Constitucional polaco. Pero el auto le recordó “la primacía del derecho comunitario” y que el artículo 19 del Tratado de la UE —el mismo que cuestiona con su fallo el Constitucional polaco— permite que “las disposiciones nacionales concernientes a la organización de la justicia en los Estados miembros puedan ser objeto de control”.

Millones de euros en juego

Con el apoyo de los igualmente contundentes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión, la Comisión trata de acorralar y poner un cerco cada vez más estrecho a Polonia. En septiembre, la Comisión solicitó a la justicia europea que impusiera una multa al país para obligarlo a acatar las medidas cautelares exigidas en julio para frenar el funcionamiento de una sala disciplinaria del Supremo; además, Bruselas inició un procedimiento para exigir a Varsovia que cumpla otra sentencia europea que declaró ilegal el régimen disciplinario de la magistratura polaca. En ambos casos, el Gobierno polaco se expone a unas sanciones que podrían alcanzar cientos de millones de euros.

Las declaraciones del comisario de Justicia indican que una de las opciones de Bruselas es instar un nuevo procedimiento contra Varsovia tras el veredicto del Constitucional. “Vamos a seguir utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance”, ha dicho Reynders, que ha mencionado otro de los argumentos con los que la Comisión pretende torcer el brazo del díscolo vecino del Este: los multimillonarios fondos de recuperación.

Polonia es, junto a Hungría, uno de los pocos países cuyo plan de recuperación aún no ha recibido el visto bueno de Bruselas. Y fuentes de la capital europea aseguran que el dinero —36.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos— no será bombeado hasta que no haya un compromiso firme, con hitos concretos, de reforma del sistema judicial, incluido el desmantelamiento de la controvertida sala disciplinaria del Supremo. La Comisión también pretende lanzar antes de final de octubre el llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta creada para asegurarse de que ni un euro de los históricos fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho.