Bruselas toma la decisión inédita de retener fondos a Polonia por incumplir un auto judicial europeo

La paciencia se le ha agotado a Bruselas. La Comisión Europea ha comunicado este martes a Polonia que comenzará a deducir de sus fondos europeos la multa impuesta por negarse a cumplir un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ordenó a Varsovia detener provisionalmente las actividades de una mina de carbón en Turów, cerca de la frontera con Alemania y la República Checa. La suma de este primer mordisco sancionador asciende a unos 15 millones de euros.

Se trata de una decisión inédita porque la Comisión nunca se había enfrentado a un caso semejante. “Es la primera vez que un Estado miembro no paga una multa impuesta por el TJUE”, asegura un portavoz. Y el movimiento de Bruselas podría, además, servir de referencia para los otros frentes del embrollado rifirrafe judicial entre el Ejecutivo comunitario y el díscolo vecino del Este, a cuenta del Estado de derecho y el sometimiento de Varsovia a la arquitectura jurídica de la UE.

Los 15 millones del primer sopapo económico de Bruselas a Varsovia corresponden al primer mes de incumplimiento desde que el tribunal de Luxemburgo decretara en septiembre de 2021 que Polonia debía hacer frente a una multa de 500.000 euros diarios. El motivo era que Varsovia se negaba a cumplir con el auto de la justicia europea dictado en mayo de ese mismo año que exigía que parar cautelarmente la actividad de una mina a cielo abierto de lignito en Turów, mientras el tribunal decidía sobre el fondo del asunto.

El tribunal europeo entendió que esta mina debía cesar la actividad debido a que afecta a las aguas subterráneas que discurren hasta la República Checa. Pero Varsovia se ha negado a su cierre alegando que la explotación, que nutre una planta de generación eléctrica, es clave para la estabilidad energética del país.

Bruselas tiene previsto hacer efectiva la decisión en 10 días, que empiezan a contar desde este martes. El precedente supone un paso decisivo en la batalla de Bruselas por meter en vereda a Varsovia, con quien lleva años enfrentándose por el incumplimiento del Estado de derecho, una guerra cuya intensidad ha crecido en los últimos meses.

El Gobierno ultraconservador de Polonia anunció la semana pasada, en cualquier caso, que había llegado a un acuerdo con la República Checa para resolver el conflicto en torno a la mina, por lo que este país se habría comprometido a retirar sus reclamaciones de las instituciones europeas a cambio de una compensación económica por parte de Polonia (35 millones de euros) y la planta de generación eléctrica que gestiona la mina (otros 10 millones). Al existir un acuerdo entre las partes, el TJUE ha hecho público este martes que retira el caso de su registro, dándolo por cerrado. Aún así, según fuentes del TJUE y de la Comisión, la sanción será efectiva entre el inicio del incumplimiento y la fecha del acuerdo entre Polonia Y República Checa.

Al hacer público este acuerdo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró en una comparecencia que ya se habían transferido los fondos a Praga y presumió de la rebaja conseguida en las negociaciones con el país vecino. El líder polaco también añadió que usaría “todos los medios posibles para evitar pagar esta multa extremadamente injusta”, en referencia a las sanciones que ahora le reclama Bruselas, según recogió la agencia polaca PAP.

Castigo por menoscabar la independencia de los jueces

En octubre, un mes después de imponer la multa por el caso de la mina, el TJUE tomó el mismo camino sancionador y obligó a Polonia a pagar a la Comisión Europea un millón de euros al día por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, tal y como le reclamaba la justicia europea.

Este órgano, que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas, se encuentra en el centro de la batalla política y judicial con Varsovia. La decisión de Luxemburgo obtuvo como respuesta una creciente retórica rupturista por parte de Polonia, cuyo Tribunal Constitucional llegó a cuestionar la primacía del derecho comunitario, lo que sitúa al país al borde de la ruptura jurídica con la Unión.

A la batalla judicial y a los diversos procedimientos de infracción iniciados por Bruselas para poner coto a la deriva de Polonia, se suma la refriega sobre los fondos de recuperación, con la que el Ejecutivo comunitario pretende estrechar aún más el cerco en torno al Gobierno de Morawiecki. El polaco es uno de los pocos planes del fondo creado para atajar la crisis de la pandemia que aún no ha sido aprobado. Suma 36.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos.

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