Bruselas trata de frenar la rebelión del Constitucional polaco contra las normas europeas
La Comisión inicia un procedimiento de infracción contra Varsovia por las decisiones del alto tribunal que cuestionan la primacía del derecho europeo
Bruselas se mantiene firme en su estrategia de no ceder ni un milímetro en la tensa batalla que mantiene con Polonia a cuenta del Estado de derecho. La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un procedimiento de infracción contra este país al considerar que su Tribunal Constitucional “desafió expresamente” la primacía del derecho comunitario. Este órgano emitió dos sentencias, una en julio y otra en octubre, que han provocado un terremoto institucional y han colocado al socio del Este al borde de la ruptura legal con la UE.
Las cuestionadas decisiones del máximo garante de la Constitución polaca dictaminaron que varios artículos de los tratados europeos son inconstitucionales en su país y cuestionaron la obligación de cumplir las disposiciones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Con la última de ellas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, perdió la paciencia y aseguró que haría todo lo que estuviera en su mano para vencer el pulso: “No vamos a tolerar que se pongan en riesgo nuestros valores comunes”, le espetó al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki en un debate en el Parlamento Europeo.
Dudas sobre la imparcialidad
“La Comisión tiene serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional y considera que ya no cumple los requisitos de un tribunal previamente establecido por ley, como exige el artículo 19.1 del Tratado de la UE”, ha incidido el Ejecutivo comunitario este miércoles a través del comunicado con el que ha anunciado el inicio del procedimiento. Este precepto de los tratados, que coloca al TJUE en lo alto de la arquitectura jurídica de la UE y obliga a los Estados miembro a garantizar la tutela judicial efectiva de sus ciudadanos, es precisamente uno de los cuestionados por Varsovia en sus sentencias.
“Consideramos que estos casos incumplen los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia”, ha considerado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una comparecencia, al anunciar el golpe de Bruselas. “La UE es una comunidad de valores y de derechos, y los derechos de los europeos bajo los tratados han de ser protegidos, con independencia del lugar en el que vivan”.
La iniciativa del Ejecutivo comunitario, que ha tardado más de dos meses en mover esta ficha, trata de colocar contra las cuerdas al Gobierno polaco, mientras ambas partes siguen negociando la reforma de su sistema judicial, un requisito indispensable para que la Comisión apruebe el plan de recuperación polaco. Bruselas pide que Varsovia desmantele la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que vulnera la independencia de los jueces, según estima Bruselas. Ahora el Gobierno polaco tiene dos meses para responder a la notificación formal del Ejecutivo comunitario.
A finales de octubre, el Tribunal de Justicia de la UE obligó a Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa de un millón de euros al día por no paralizar las actividades de esta sala disciplinaria del Tribunal Supremo. Esta medida, adoptada por la justicia europea para evitar que el “control político” de los jueces pueda causar un “perjuicio grave e irreparable”, mientas el órgano siga en marcha, tiene también su origen en la larga batalla del Ejecutivo comunitario para frenar la deriva iliberal de Polonia.
De algún modo, el embrollo judicial y político entre Varsovia y la Comisión recuerda a una liosa madeja que siempre gira en torno a lo mismo —la independencia judicial, el Estado de derecho— y a la que se van sumando capas con cada movimiento en el tablero. Toda acción tiene una reacción y los procedimientos se van sumando a las sentencias, y estas a las medidas cautelares, y estas a su vez a las multas y sanciones, formando una complejísima amalgama de la que es fácil perder el hilo. Este nuevo procedimiento, llegado el momento, podría acabar también en el Tribunal de Justicia de la UE y con este organismo decretando una sanción.
Las dos sentencias contra las que Bruselas ha planteado el procedimiento de infracción este miércoles tienen también como fondo las reformas del sistema judicial de Polonia, que Bruselas trata de meter en vereda desde 2019, al considerar que Varsovia pretende con ellas incrementar el control político sobre los jueces. El Gobierno de Varsovia, en cambio, saca las uñas y asegura estar defendiendo su país de la intromisión creciente de una UE con vocación centralizadoras que se inmiscuye en los asuntos internos.
Bruselas lleva meses tratando de estrechar el cerco en torno al Gobierno de Morawiecki. La negativa del Ejecutivo comunitario a aprobar el plan de recuperación polaco (36.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos) puede suponer un primer golpe serio en las arcas del socio del Este: si el fondo no obtiene luz verde antes del 31 de diciembre, este país perdería automáticamente el derecho a recibir el 13% como adelanto de prefinanciación (cerca de 5.000 millones).
A esto se suma la otra herramienta con la que Bruselas quiere apretar las tuercas de Morawiecki: el llamado mecanismo de condicionalidad, un instrumento diseñado para evitar que los fondos europeos lleguen a regímenes iliberales. A finales de noviembre, el Ejecutivo comunitario dio los primeros pasos para activarlo, solicitando a Polonia (y también a Hungría) explicaciones sobre el impacto que el deterioro del Estado de derecho en ambos países puede tener en la gestión de los fondos europeos.
Pero Varsovia también juega con algunas cartas en su mano: en la última cumbre europea del año, celebrada la semana pasada, dinamitó las negociaciones sobre Energía, impidiendo que el Consejo Europeo pactara unas conclusiones sobre uno de los asuntos más serios del año. Oficialmente, Polonia expresó su desacuerdo con el sistema de comercio de derechos de emisiones de CO2. Pero Bruselas, y algunas capitales, temen que se trató de un primer gesto de represalia por la negativa de la Comisión a dar luz verde al fondo de recuperación.
Morawiecki ataca la “mala interpretación” de la UE
Varsovia no está dispuesta a ceder ante la presión de las instituciones de la UE que pugnan por defender el Estado de derecho en Polonia. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se reafirmó ayer en su posición y afirmó que “la Unión Europea malinterpreta la división de competencias entre los Estados y las estructuras” europeas tras la apertura del procedimiento de infracción contra Polonia.
El dirigente del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) añadió, en declaraciones a medios locales durante una visita a Katowice, en el sur del país, que no está “de acuerdo con la conclusión de la UE de que el Tribunal Constitucional (polaco) no cumple con los requisitos” de independencia.
“Es un Tribunal Constitucional que se ocupa de que la Constitución sea realmente la ley suprema de la República de Polonia”, declaró. “Solo puedo expresar mi gratitud al Constitucional por su trabajo sobre las decisiones y veredictos”, añadió el primer ministro. “Si la Comisión Europea malinterpreta el principio de las competencias conferidas por el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, evidentemente, es un problema”, concluyó.
El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, arquitecto de la reforma judicial polaca y de un partido más a la derecha del PiS, defendió la primacía de la Constitución que “cuestiona” la Comisión Europea y anunció que su departamento emprenderá acciones legales. En un comunicado publicado por el ministerio tras una comparecencia ayer, el también fiscal general de Polonia acusó a las instituciones comunitarias de querer “incapacitar al Estado y a la democracia polacos” con su postura. “Se trata de privar a los polacos de su subjetividad y de la elección soberana de sus propias autoridades: Parlamento, Gobierno y la tercera autoridad en forma de tribunales, incluido el Tribunal Constitucional”, manifestó en el comunicado.
Según Ziobro, que ya había defendido que Polonia no debe permanecer en la Unión “a cualquier precio” en el pasado, “los polacos no podrán decidir sobre sus leyes y sus normas constitucionales”. A su entender, “Bruselas será quién decida y la ley suprema para los polacos serán los tratados y la interpretación de ellos que hagan las agencias de la UE”. El ministro, según el comunicado, confía en que el Gobierno polaco no acepte “reducir a Polonia al papel de una colonia de las instituciones de la UE”.
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