Polonia aprueba una ley contra la influencia rusa que amenaza con inhabilitar al líder de la oposición

La precampaña para las elecciones legislativas en Polonia, previstas para este otoño, ya estaban dando muestras de dureza, con el enfrentamiento de dos bloques irreconciliables. Pero los ataques verbales cruzados parecen ahora casi anecdóticos si se los compara con el último movimiento del bloque ultraconservador, en el poder. El presidente, Andrzej Duda, ha dado luz verde este lunes a una polémica ley que aprobó el viernes el Parlamento. La norma impulsa la creación de una comisión para examinar la influencia rusa en el periodo 2007-2022. La oposición y los medios independientes la llaman Ley Tusk, porque creen que esta iniciativa contra políticos, periodistas u otros ciudadanos polacos que hubieran favorecido los intereses de Moscú, está hecha a medida para perseguir a la oposición, y en concreto a su líder, el ex primer ministro Donald Tusk, en el poder entre 2007 y 2014. La iniciativa, denuncian, supone un golpe a la democracia en el país.

Tusk —líder del partido conservador liberal Plataforma Cívica (PO, en sus siglas en polaco), aunque ahora no ocupa ningún cargo electo— siguió la votación de la ley desde la tribuna de invitados del Parlamento el viernes pasado, entre abucheos y gritos de “¡A Berlín!”, porque los ultraconservadores le acusan también de excesiva sintonía con Alemania. Tras la aprobación de la norma, que salió adelante con 234 votos a favor frente a 219 en contra, el ex primer ministro llamó “cobardes” a quienes, según él, habían “roto las buenas normas parlamentarias y los derechos fundamentales de la democracia, por miedo a perder el poder”.

El también expresidente del Consejo Europeo llamó a la ciudadanía a participar en una marcha convocada para el próximo domingo, en el aniversario de las primeras elecciones parcialmente libres del país, en 1989. Este lunes, tras conocer la decisión del presidente Duda, Tusk ha invitado al mandatario a “la consulta pública el 4 de junio”, en referencia a la manifestación. “Nos oirá y nos verá bien desde las ventanas de su palacio. ¿Vendrá?”, ha escrito en Twitter.

La comisión creada por la nueva ley, que respondería directamente ante el Gobierno, tiene la capacidad de investigar e imponer un castigo de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos que permitan tener acceso a fondos públicos y a información clasificada. También tiene competencias para retirarle a la persona investigada la licencia de armas e imponer multas, y para revertir decisiones administrativas y empresariales.

El encaje en la Constitución de esa capacidad para investigar, acusar y a la vez, juzgar e imponer castigos, es problemático, según los críticos. También la falta de una definición clara de qué se considera influencia rusa. La comisión parlamentaria de Administración y Asuntos Internos se mostró contraria a la norma la semana pasada y votó a favor del veto que había recibido en el Senado, donde la oposición tiene la mayoría. El Defensor del Pueblo, Marcin Wiacek, en declaraciones recogidas por la prensa polaca, ha subrayado que entre las competencias de la administración pública no entra este tipo de decisiones. “No administra justicia, eso solo lo hacen los tribunales”, señaló. Expertos constitucionalistas critican que la actividad de la comisión socava el derecho a un juicio justo.

Tras algunas decisiones recientes en las que el jefe del Estado polaco se ha desmarcado de la línea oficial del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), algunos sectores mantenían una partícula de duda sobre el siguiente paso. Estos confiaban, si no en un veto del presidente, en que al menos enviase la ley al Tribunal Constitucional para examinarla. Duda ha decidido, sin embargo, darle luz verde ya —la norma entrará en vigor una semana después de su publicación— y enviarla después al Constitucional. Con las banderas de Polonia, la UE y la OTAN a su espalda, ha defendido ante las cámaras la creación de un órgano similar en la UE, una propuesta que ha encomendado al primer ministro, Mateusz Morawiecki. El presidente ha asegurado que la norma busca “mejorar la transparencia” y que no otorga poderes a la comisión para eliminar a nadie de la vida pública.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, las relaciones con Rusia no han hecho más que tensarse y cualquier indicio de haber favorecido la relación con el invasor es objeto de ataque. Este lunes, tras conocerse la decisión de Duda, Borys Budka, vicepresidente de PO, acusó en Twitter a Jaroslaw Kaczynski, presidente de PiS, de poner en marcha políticas a favor del Kremlin: “Hizo estallar la Unión Europea desde dentro, admiró a Trump, construyó alianzas con políticos pro-Putin e hizo que el sector energético dependiera del carbón ruso”, enumeró.

Supuesta cercanía a Moscú

En respuesta, el portavoz del Gobierno publicó una lista pormenorizada de hechos ocurridos durante el Gobierno de Tusk que, según él, demuestran que buscó constantemente una política prorrusa. “¿Quién visitó Rusia primero y luego Ucrania en 2008? ¿A quién en 2008 el portal ruso Gazeta.ru llamó ‘nuestro hombre en Varsovia’? ¿Quién paseaba con Putin por el muelle de Sopot en 2009?”, escribió Piotr Müller, que remató su mensaje con la otra cuestión que el bando progobierno suele arrojar contra Tusk: la acusación de haber sido demasiado amigable con la Alemania de Angela Merkel. “¿Quién dijo en 2015 sobre Nord Stream 2 que era un ‘acuerdo de empresas privadas’?”, concluía el portavoz.

El periodista y expresentador Szymon Holownia, líder de la formación centrista Polonia 2050 —que en coalición con un partido de corte agrario se ha convertido en tercera fuerza, según algunas encuestas—, ha acusado a Duda de “disparar al límite la guerra civil” en la sociedad polaca. “Cuando más falta hace la paz, la verdad, la información contrastada, abrió con alegría la fábrica de mentiras preelectorales del PiS”, escribió Holownia en un mensaje en Twitter. También acusó a Duda de “envenenar la democracia polaca”. Robert Biedron, eurodiputado de Lewica (La Izquierda), describió en la misma red la aprobación de la ley como “un acto vergonzoso e irresponsable” y añadió que “las consecuencias para la democracia polaca y el sistema legal serán verdaderamente devastadoras”.

La vuelta de Tusk en 2021 a la política polaca, después de haber estado al frente del Partido Popular Europeo, impulsó en más de 10 puntos las opciones de su partido en las encuestas y le convirtió en objetivo principal de los ataques del Gobierno ultraconservador y su maquinaria mediática. En abril, la Fiscalía, al frente de la cual está el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, abrió una investigación contra el líder de la oposición por presunto abuso de poder mientras era primer ministro. En las elecciones legislativas de otoño, que previsiblemente se celebrarán en octubre, las encuestas arrojan unos resultados muy ajustados y la movilización será clave.

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