Elon Musk prevé una oleada de dimisiones de funcionarios si se les obliga a ir a la oficina

Elon Musk y Vivek Ramaswamy, responsables del futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental, que por ahora solo existe virtualmente, planean eliminar regulaciones federales a diestro y siniestro y acometer despidos masivos de funcionarios. El hombre más rico del mundo y su compañero trumpista han expuesto en un artículo en The Wall Street Journal sus planes para una reforma drástica de la Administración. Aunque quieren recortar el número de funcionarios de forma agresiva, esperan que muchos de ellos simplemente dimitan si se les hace ir a la oficina.

Musk despidió a tres de cada cuatro empleados tras comprar Twitter, aunque eso provocó una serie de fallos en la red y una fuga de anunciantes al abandonar la moderación de contenidos. El empresario, sin embargo, prefiere pasarse que quedarse corto. En su artículo señala que las protecciones que rigen para los empleados federales no se aplican, en su opinión, si lo que se está acometiendo es una reducción de empleo generalizada y no despidos a modo de represalia política.

“La sabiduría convencional sostiene que las protecciones legales de la función pública impiden que el presidente o incluso sus representantes políticos despidan a los trabajadores federales. El objetivo de estas protecciones es proteger a los empleados de las represalias políticas. Pero la ley permite ‘reducciones de plantilla’ que no afecten a empleados concretos”, aseguran Musk y Ramaswamy.

En su opinión, Donald Trump tendría amplios poderes como presidente para promulgar medidas que irían “desde despidos a gran escala a la reubicación de las agencias federales fuera del área de Washington”. Y ahí es donde añade su plan de terminar con el teletrabajo de los funcionarios: “Exigir a los empleados federales que acudan a la oficina cinco días a la semana provocaría una oleada de ceses voluntarios que acogemos con satisfacción: si los empleados federales no quieren acudir [a la oficina], los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de la época de la covid de quedarse en casa”, aseguran.

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Musk y Trump, juntos en el lanzamiento de Starship este martes

El hombre más rico del mundo lleva años mostrándose en contra del teletrabajo. En Twitter exigió que los trabajadores se presentaran en la oficina. Hace dos años se conoció su posición al respecto en Tesla, empresa que fundó y de la que sigue siendo máximo accionista: le parecía bien que los empleados se conectasen para seguir trabajando a distancia desde casa, pero solo si antes habían permanecido la jornada completa en la oficina. “Cualquiera que desee trabajar a distancia debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas a la semana o dejar Tesla. Esto es menos de lo que pedimos a los trabajadores de la fábrica”, escribió por entonces en un mensaje en que subrayaba que esas 40 horas eran un mínimo.

Conflictos de intereses

En su artículo, Musk y Ramaswamy dejan claro que no se integrarán en el Gobierno federal. Por tanto, no se les aplicará en principio el régimen de incompatibilidades ni el de prevención de conflictos de intereses de los empleados públicos. Musk quiere eliminar regulaciones que le molestan en sus empresas, como Tesla, SpaceX, xAI y Neuralink. En una conferencia con analistas dejó claro que usaría su influencia sobre el presidente para beneficiarse a sí mismo, con cambios, por ejemplo, en la regulación de los coches autónomos. El valor de sus empresas se ha disparado.

“El presidente Trump nos ha pedido a los dos que dirijamos un recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, para reducir el tamaño del Gobierno federal”, escriben en su artículo. “La burocracia atrincherada y en constante crecimiento representa una amenaza existencial para nuestra república, y los políticos la han consentido durante demasiado tiempo. Por eso hacemos las cosas de otra manera. Somos empresarios, no políticos. Seremos voluntarios externos, no funcionarios ni empleados federales. A diferencia de las comisiones gubernamentales o los comités consultivos, no nos limitaremos a redactar informes o cortar cintas. Reduciremos costes”, aseguran.

“Estamos ayudando al equipo de transición de Trump a identificar y contratar a un equipo reducido de cruzados del pequeño gobierno, incluidas algunas de las mentes técnicas y jurídicas más agudas de Estados Unidos. Este equipo trabajará en la nueva administración en estrecha colaboración con la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. Ambos asesoraremos a la DOGE en cada paso que dé en pos de tres grandes tipos de reforma: supresión de normativas, reducción de trámites administrativos y ahorro de costes”, afirman.

Musk y Ramaswamy se proponen usar la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que restó poder regulatorio a las agencias federales, para ir derogando aquellas normativas para las que dichas agencias no hayan tenido una delegación expresa del Congreso. Esos dos casos son Virginia Occidental contra la Agencia de Protección del Medio Ambiente, de 2022, donde los jueces sentenciaron que las agencias no pueden imponer reglamentos que traten cuestiones económicas o políticas importantes a menos que el Congreso les autorice específicamente. La otra sentencia es Loper Bright contra Raimondo, en la que el Supremo revocó este mismo año la doctrina Chevron y sostuvo que los tribunales federales ya no deben dar preferencia a las interpretaciones de la ley por parte de los organismos federales ni a su propia autoridad normativa.

“El DOGE trabajará con expertos legales integrados en agencias gubernamentales, ayudados por tecnología avanzada, para aplicar estas sentencias a las regulaciones federales promulgadas por dichas agencias. DOGE presentará esta lista de regulaciones al presidente Trump, quien puede, mediante una acción ejecutiva [un decreto], detener inmediatamente la aplicación de esas regulaciones e iniciar el proceso de revisión y rescisión. Esto liberaría a individuos y empresas de regulaciones ilícitas nunca aprobadas por el Congreso y estimularía la economía estadounidense”, afirman los dos responsables de esa reforma.

Recorte masivo de personal

La tesis de los dos multimillonarios es que una reducción drástica de las regulaciones debe traducirse en una “reducción masiva de personal en toda la burocracia federal”. El DOGE quiere reducir el personal al número mínimo de empleados necesarios en una agencia para que pueda llevar a cabo sus funciones constitucionalmente permitidas y por mandato legal.

“El número de empleados federales a recortar debe ser al menos proporcional al número de reglamentos federales anulados: no solo se necesitan menos empleados para hacer cumplir menos reglamentos, sino que la agencia produciría menos reglamentos una vez limitado adecuadamente su ámbito de autoridad”, apuntan con una lógica no demasiado refinada, pues no todas las normas exigen el mismo número de empleados para su aplicación.

“Los empleados cuyos puestos se eliminen merecen ser tratados con respeto, y el objetivo de la DOGE es ayudarles en su transición al sector privado. El presidente puede utilizar las leyes existentes para darles incentivos para la jubilación anticipada y para hacer pagos de indemnización voluntaria para facilitar una salida elegante”, afirman los multimillonarios. Eso, claro, suponiendo que no dimitan por hacerles ir a la oficina.