Los Veintisiete rechazan los cambios a una ley medioambiental pionera impulsados por populares y ultras europeos

Los Veintisiete han frenado los cambios profundos a la ley de deforestación —una normativa medioambiental clave del Pacto Verde europeo— que buscaba impulsar el Partido Popular Europeo (PPE) mediante una reforma legislativa para la que se apoyó en las fuerzas ultras del Parlamento Europeo.

El Consejo (los Estados) ha rechazado este miércoles, por una amplia mayoría, los cambios propuestos por la Eurocámara la semana pasada. Han preferido limitarse a validar el aplazamiento de un año de la entrada en vigor del reglamento, tal como reclaman varios países y lobbies industriales. Cortan así de raíz el intento de los legisladores conservadores de introducir unas reformas que, según habían advertido expertos y eurodiputados opuestos a ellas, habrían vaciado de contenido una ley que considerada pionera en el mundo en la lucha contra la deforestación, una de las claves para combatir el cambio climático.

La ley de deforestación, ratificada en 2023 con holgadas mayorías tanto por los Estados como en la Eurocámara, debía empezar a ser aplicada a partir del 1 de enero. Pero tras múltiples presiones de la industria, lobbies, países —tanto europeos como algunos de los más afectados, como Brasil, Indonesia o Malasia— y varios grupos políticos europeos, la Comisión Europea aceptó el pasado octubre aplazar un año su implementación.

Al tratarse de una ley ya aprobada, el cambio debía recibir el visto bueno de las dos partes que la negociaron: el Consejo y el Parlamento Europeo. Y es ahí donde el PPE aprovechó para presentar una serie de enmiendas —empezando por aplazar hasta dos años su entrada en vigor— que, según coinciden defensores de la ley tanto legisladores como de la sociedad civil, habría significado vaciar totalmente de contenido el reglamento pionero.

Tras un acuerdo con los liberales de Renew, el PPE aceptó retirar algunas de las enmiendas más duras (además de los dos años, pretendía que solo el productor original tuviera que dar garantías sobre la no deforestación y no el resto de la cadena de producción, lo que prácticamente habría dejado las cosas tal como estaban antes de la ley). Pero mantuvo, entre otros, la de crear una nueva categoría de “países de no riesgo”, que varios Estados temían que pudiera acabar convirtiéndose en una puerta de salida para países, también europeos, que busquen evitar el impacto de esta ley que prevé cerrar el mercado europeo a productos como el café, el cacao o la madera que procedan de tierras deforestadas.

Los cambios fueron aprobados en una acalorada votación la semana pasada en la que el PPE solo logró sacar adelante su propuesta gracias a los votos de todos los grupos ultras a su derecha: los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni, los Patriotas por Europa del húngaro Viktor Orbán y la líder ultra francesa Marine Le Pen y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) donde se sienta el partido de extrema derecha alemán Alternativa por Alemania (AfD). Aunque en los últimos meses esta alianza ya le ha servido al PPE para sacar adelante iniciativas sorteando la oposición de sus aliados tradicionales, las fuerzas proeuropeas de socialdemócratas y los liberales, esta fue la primera vez que se sacaba adelante una reforma legislativa con estas mayorías de las derechas y derechas extremas de la Eurocámara, muy reforzadas tras las elecciones europeas de junio. Todo ello en pleno pulso parlamentario entre estas mismas fuerzas para aprobar a los nuevos comisarios europeos.

Varios países habían anunciado ya su rechazo a los cambios impulsados por el PPE y, desde la víspera del encuentro de este miércoles, había quedado claro que había una minoría de bloqueo suficiente para frenarlos, a iniciativa de España, Alemania y Francia, entre otros. Finalmente, sin embargo, el rechazo ha sido mucho más amplio y, según algunos recuentos (oficialmente no se contabilizaron los votos porque estaba clara la mayoría en contra) entre 24 y 25 países habrían dejado claro que no apoyarían las enmiendas del PPE y los partidos ultras.

Uno de los países que durante el debate de este miércoles sí se dijo “abierto” a la propuesta parlamentaria fue Italia, aunque también precisó, según fuentes diplomáticas, la importancia de que esta no pusiera en peligro el aplazamiento de la ley.

Guiño de Meloni a Weber

El Gobierno de Giorgia Meloni parece hacer así un guiño al PPE liderado por Manfred Weber. Los eurodiputados de ECR apoyaron a su vez —como también hicieron los grupos más ultras de Patriotas y Europa de Naciones Soberanas— la votación para cambiar la ley de deforestación, un respaldo clave —y la primera vez que sucedía a nivel legislativo— en vista de lo ajustado de los resultados, que salieron adelante la semana pasada en el pleno parlamentario con solo tres o cinco votos de diferencia.

Pese a ello, la propia Italia había subrayado la importancia de no poner en peligro el objetivo real de los Veintisiete, que es aplazar por 12 meses la entrada en vigor de la ley. Si no hay acuerdo de todas las partes, el reglamento de deforestación empezará a aplicarse, como estaba previsto inicialmente, el 1 de enero próximo, de ahí que los países —muchos de los cuales pidieron abiertamente el aplazamiento de un año— no hayan querido arriesgar unos cambios que podrían haber hecho descarrilar todo. Aunque también otros países dijeron ver cuestiones positivas en la propuesta parlamentaria, finalmente ha pesado más el calendario.

Tal como ha recordado el Consejo en el comunicado en el que ha informado de la decisión de los Estados miembros, el aplazamiento de la ley tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la UE “antes del 30 de diciembre” para que se pueda hacer el cambio. Menos de mes y medio de plazo para lograr el acuerdo, que requiere que ahora se sienten de nuevo Consejo y Parlamento Europeo para negociar un texto común, en el formato popularmente llamado trílogo. Según diversas fuentes, la idea es celebrar esta reunión como tarde el 2 o 3 de diciembre.

Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan además que el análisis jurídico de las enmiendas propuestas ha sido muy duro. Los expertos habrían advertido de la ausencia de un análisis de impacto de las modificaciones, así como una potencial falta de cumplimiento de las mismas de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La negociadora por el PPE de las enmiendas, la alemana Christine Schneider, ha calificado de “irresponsable” la respuesta de los Estados miembros, aunque no ha adelantado si su grupo se opondrá a que solo se negocie el aplazamiento de un año. Por su parte, ONG como Greenpeace o WWF han celebrado la decisión de los Veintisiete. Aunque siguen considerando un error también el aplazamiento de un año, los cambios propuestos por el PPE habrían tenido consecuencias aún más graves: “Retrasar la implementación un año ya amenaza con exacerbar la deforestación global. Cualquier postergación adicional y debillitamiento [de la ley] provocaría más destrucción, con consecuencias devastadoras para nuestros bosques, nuestro clima y nuestra biodiversidad”, ha declarado la responsable de bosques de WWF, Anke Schulmeister-Oldenhove.