Europa adopta una ley pionera contra la deforestación pese a los recelos de Brasil y el sureste asiático

Europa ha dado un gran paso este martes en la lucha global contra la deforestación, aunque a riesgo de retroceder en otras ya de por sí complejas negociaciones de gran interés para los Veintisiete, como son los acuerdos comerciales pendientes, especialmente el de Mercosur. El Consejo de la UE ha dado el último visto bueno que faltaba —tras la aprobación en el Parlamento Europeo en abril— a la ley acordada en diciembre pasado que busca cerrar el espacio europeo a productos como el café, la madera, la soja o la carne que contribuyan a la deforestación o degradación de los bosques.

La norma ecológica, pionera en el mundo, afectará a varios países del Mercosur con los que Europa lleva dos décadas tratando de sellar el pacto de libre comercio más ambicioso del bloque europeo. De ellos, el que más preocupa a los europeos es el gigante Brasil, con quien Bruselas busca una nueva complicidad desde el regreso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las funestas relaciones con su predecesor, el antiecologista populista Jair Bolsonaro.

A Brasil le molesta que la UE cierre la puerta a los productos de áreas deforestadas de la Amazonia precisamente cuando estrena un presidente que llegó al poder con un compromiso medioambiental ambicioso y explícito que incluye la deforestación cero en 2030. El Gobierno de Lula considera, según fuentes diplomáticas brasileñas, que “acciones unilaterales” como la nueva norma contradicen el libre comercio y el espíritu de acuerdos como el Mercosur-UE. Además, agrava el malestar creado por lo que Brasilia considera exigencias adicionales en materia ambiental planteadas por la parte europea a Mercosur para ratificar el acuerdo comercial entre ambos bloques.

Con la nueva normativa europea contra la deforestación, que entrará en vigor en las próximas semanas (20 días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la UE), las empresas que quieran comercializar en el mercado europeo los, por el momento, siete productos identificados como cruciales en materia de deforestación —aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja, así como sus derivados, como carne de vacuno, productos de cuero, papel impreso, muebles, cosméticos o chocolate— solo podrán hacerlo si demuestran la denominada “diligencia debida”. Es decir, deberán tener una etiqueta que verifique que los bienes comercializados, a los que podrían añadirse en el futuro nuevos productos, han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y que también cumplen con todas las leyes relevantes al respecto en el país de producción.

En un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la norma, la Comisión deberá hacer una evaluación de riesgo que clasificará a los países, o a zonas de los mismos, en una escala que va del “bajo riesgo”, para cuyos productos la diligencia debida será un proceso más leve, a los de “alto riesgo”, lo que implicará que las importaciones de esos lugares estarán sometidas a más controles. La UE además revisará regularmente la lista de productos sometidos a estos controles y se reserva la capacidad de actualizarla, así como de designar zonas nuevas de preocupación.

Las empresas que no cumplan los requisitos serán objeto de sanciones “eficientes y disuasorias” con una multa máxima que será “al menos el 4% del total de ventas en la UE del operador o comerciante” concernido.

Desde antes de que se anunciara en diciembre el acuerdo político sobre este reglamento, los países potencialmente afectados —exportadores de los bienes que ahora deberán demostrar su procedencia ecológica—, sobre todo del sureste asiático y el gigante sudamericano Brasil, manifestaron su preocupación con una normativa que afecta directamente algunas de sus principales exportaciones.

En noviembre, 14 de los principales productores de materas primas, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Indonesia, Malasia o Costa de Marfil, enviaron una carta a los líderes de las instituciones europeas, quejándose de lo que consideran una medida unilateral y preocupados además por la “naturaleza discriminatoria y punitiva” del proceso de evaluación de riesgo que establece esta normativa. También se han lanzado acusaciones de proteccionismo y hasta de colonialismo, según documentos que registran los potenciales conflictos que Europa cree que puede provocar esta norma, y a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En estos, se identifica a Brasil como uno de los países donde se recomienda una pedagogía más insistente. Al fin y al cabo, no solo es uno de los mayores exportadores a la UE de este tipo de productos. También es un actor clave en América Latina, un continente al que Europa quiere ahora dirigir una mayor atención y esfuerzos, aprovechando para ello la inminente presidencia rotatoria española de la UE y el regreso al poder de Lula. Brasil asume además a finales de año la presidencia de turno del G-20.

En Bruselas tienen claro que el reglamento ahora a punto de entrar en vigor habría recibido un rechazo de plano del expresidente Bolsonaro. El regreso de Lula, que ha hecho compromisos concretos en materia de lucha contra la deforestación desbocada durante el mandato del ultraderechista, allana sin duda el camino. No obstante, los recelos manifestados en los últimos meses por Brasilia han llevado a que la UE haya lanzado una ofensiva diplomática intensa, con constantes visitas a Brasil de altos representantes europeos: desde misiones parlamentarias —ahora mismo hay dos, una delegación de la comisión de Comercio Internacional y otra de la delegación para las relaciones con Brasil— a la reciente visita del comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius. En enero viajó hasta el gigante sudamericano su jefe inmediato y principal responsable de políticas medioambientales de Bruselas, Frans Timmermans. Y la propia presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, debería realizar en junio una visita que tuvo que posponer en abril.

Incertidumbre en Brasil

Al eurodiputado César Luena, la aprobación final de la norma le ha sorprendido justo de visita en Brasil. Como vicepresidente de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara, el socialista español conoce muy bien la ley de deforestación europea y las suspicacias que suscita. En sus conversaciones con diversas autoridades brasileñas estos días, el tema ha salido de forma reiterada, reconoce. Aun así, se muestra confiado en que no tendrán necesariamente mayor impacto en las relaciones que la UE quiere ahora relanzar con la región. Según explica en conversación telefónica desde Brasilia, su impresión es que, “más que preocupación o desconfianza, lo que hay es incertidumbre” ante una ley que no tiene precedentes y cuyo impacto es global. Pero se dice convencido de que las dudas se despejarán en cuanto empiece a aplicarse una ley que, asegura, está “muy medida” y que al fin y al cabo, recuerda, busca el mismo objetivo que el que ha declarado Lula: acabar con la deforestación y la degradación de la selva.

En cualquier caso, Lula preferiría que los países aliados en el combate de la crisis climática le ayudaran económicamente a través del Fondo Amazonia, que financia proyectos sostenibles. En paralelo, los exportadores brasileños consideran que el proceso burocrático para certificar sus productos los hará menos competitivos. En el último año, la Amazonia brasileña perdió más de 11.500 kilómetros cuadrados, un 11% menos que el anterior balance. Alcanzar la deforestación cero en 2030 es un enorme desafío, una carrera de fondo que requiere acabar con un lucrativo negocio ilícito y ofrecer nuevas fuentes de renta a los infractores, a los que Bolsonaro alentó durante los últimos años.

La impunidad durante el mandato de Bolsonaro aceleró una deforestación que aumentaba desde 2012. Lula pretende emular, de la mano de su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, los logros de su primera etapa, cuando la tala ilegal se desplomó con voluntad política, inspectores, multas e inversión. También ha anunciado una alianza de Brasil con Congo e Indonesia —los tres países con más bosque tropical del mundo— para proteger la selva mediante la explotación sostenible.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal