Marina Silva: “Bolsonaro mantiene su poder de convocar turbas enfurecidas, tal vez no el de desmovilizarlas. Y eso es peligroso”

La salud del planeta ha empeorado tanto desde que la brasileña Marina Silva (Breu Velho, Acre, 64 años) fue ministra hace dos décadas, con Luiz Inácio Lula da Silva, que su cartera se denomina ahora Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, aunque el rótulo dorado de la fachada aún no refleja el nombre completo. Tres días después del asalto bolsonarista al corazón del poder político y judicial de Brasil, la monumental explanada de Brasilia donde se alzan los ministerios está este miércoles cerrada al tráfico porque los seguidores del expresidente amenazan con nuevas movilizaciones. La alerta es máxima ahí fuera, pero esta ambientalista que lleva cuatro décadas en política es la serenidad en persona. La ministra recibe a EL PAÍS en una de sus primeras entrevistas con medios internacionales y la primera con un medio en español desde que tomó posesión. Habla suave, pausado. Varias veces candidata presidencial, conoce bien el desafío y los riesgos en el horizonte.

Pregunta. Empecemos por el asalto a los tres poderes. Usted hizo campaña con Lula para salvar la democracia, para impedir el paso a la barbarie, como dijo entonces. ¿Temía un ataque como el perpetrado aquí al lado?

Respuesta. Éramos conscientes del riesgo. Por eso sabía que, para derrotar esa visión política autoritaria, antidemocrática, anti-derechos humanos, antiambiental, era necesario un frente amplio que diera al presidente Lula a una victoria estratégica. Porque Brasil no aguantaría cuatro años más [de Jair Bolsonaro en la presidencia]. Pero la derrota electoral de Bolsonaro no significa la derrota del bolsonarismo. ¿Qué nos da tranquilidad para avanzar en la restauración de las instituciones, de políticas públicas y en el fortalecimiento de la democracia? Que logramos responder cada vez que amenazan la democracia. El Congreso, el Tribunal Supremo, más de la mitad de la sociedad civil han estado a la altura. Pero no es algo que se pueda subestimar bajo ningún concepto. Es fundamental mantener las instituciones en estado de alerta, el frente amplio y la solidaridad internacional. Es muy importante que el presidente Lula pueda cumplir agendas estratégicas en beneficio de la sociedad brasileña para ganar impulso frente a esta amenaza a la democracia”.

P. ¿Dónde estaba el domingo? ¿Cómo lo siguió?

R. Trabajando en mi casa, en el ordenador. Mi hija me avisó: “¡Mamá, está pasando algo terrible. Tienes que verlo!”. Estábamos alerta. Los ministros de Justicia, de Defensa… estaban vigilantes. Fue abominable, qué tristeza ver una turba enfurecida ultrajando la democracia, sin respeto por la propiedad pública, por el patrimonio histórico, por la sociedad brasileña.

P. ¿Hasta dónde cree que llega la responsabilidad del expresidente Bolsonaro?

R. Se investiga por la vía judicial y política. Nadie puede ser condenado a priori, pero el Congreso debe formar una comisión de investigación. Quien atenta contra el Estado democrático de derecho no puede mantener sus derechos políticos.

P. Defiende que, si Bolsonaro es culpable de atentar contra la democracia, no pueda concurrir a las elecciones.

R. Bolsonaro tiene un historial de actos, palabras y omisiones que testifican fuertemente en su contra. Pero necesitamos investigar. Tiene una trayectoria antidemocrática de apología del autoritarismo. Y, como presidente, atacó constantemente a otros poderes de la República. Y esa invocación al autoritarismo, la falta de respeto a las formas civilizatorias de resolver los conflictos resultó en lo que vimos. Hay cosas que haces de manera tan orgánica que aunque no dijiste “mira, pues hazlo así”, creaste una expectativa de impunidad. Bolsonaro mantiene su poder de convocar turbas enfurecidas, pero tal vez no el de desmovilizarlas. Y eso es muy peligroso.

P. Acaba de regresar al ministerio, de nuevo con Lula. ¿Cuál es el primer asunto en su lista?

R. Ya hemos hecho cosas. En la transición, el Gobierno agregó 500 millones [de reales] a nuestro presupuesto, que es poco, pero nos da un respiro porque el de Bolsonaro era totalmente insuficiente. Conseguimos sacar el Fondo Amazonía (de donaciones extranjeras) y otros fondos ambientales del techo de gasto. Y en los primeros decretos, el presidente Lula incluyó la lucha contra la deforestación y la minería ilegal y las colocó como una política prioritaria del Gobierno para combatir el cambio climático. Y hemos revocado una ordenanza por la que hubieran prescrito multas por unos 18.000 millones. Y ya tenemos la Comisión Interministerial del Plan de Lucha contra la Deforestación. Es una política transversal, que implica a 17 ministerios. Pero no se puede hacer sin planificación ni apoyo de inteligencia. La política contra la minería ilegal es un compromiso del presidente Lula que atañe a los ministerios de Justicia, de Defensa, a los del área social. La prioridad son las tierras de los pueblos yanomami, mundurukú y kayapó. Requiere planificación porque, si haces una acción errática, los dejas vulnerables.

P. Cuando usted era ministra la deforestación cayó como nunca (de 27.000 kilómetros cuadrados a 13.000 entre 2003 y 2008). ¿Cuál fue la receta? ¿Funcionará ahora?

R. Aquel plan se ha restablecido y se actualizará. Me alegra que, cuando las políticas públicas están bien diseñadas, implementadas y estructuradas, sobreviven al tiempo y a los distintos gobiernos. Por eso cuando me sumé a la campaña del presidente Lula le presenté el documento Rescate actualizado de la Agenda Socioambiental perdida. Estoy muy feliz de estar aquí para ayudarlo. Creo que somos los únicos que venimos aquí por tercera vez, él con 77 años, yo con 64. Es emocionante, pero triste porque el desafío es enorme. El presidente Lula ahora asume esta agenda como propia. Cuando [en 2002] propuse el plan contra la deforestación, para muchos era una locura. Y el presidente, solidario, aceptó que estuviera vinculado a la presidencia. El otro día le dije: ‘antes, usted me ayudaba, ahora yo le ayudo’, porque es él quien ha asumido el liderazgo de la política de clima, de deforestación y de los pueblos indígenas.

P. La emergencia climática está ahora en el centro de la agenda política. ¿El presidente Lula tiene más conciencia ambiental que hace 20 años?

R. Lo que está en juego es la destrucción del planeta. Todos hemos aprendido. No solo los líderes políticos, sino líderes empresariales. Los que estaban centrados en asuntos sociales y de desarrollo han asumido el tema del clima, los ambientalistas hemos entendido que el desarrollo tiene que ir de la mano. Yo decía que la agenda climática tenía que ser transversal, ahora lo dice el presidente Lula.

R. En 2008 chocó con Lula hasta el punto de que usted dimitió como ministra en protesta por los grandes proyectos de infraestructuras en la Amazonia.

R. Belo Monte [una polémica hidroeléctrica] no se hizo durante su mandato.

P. Pero sí se proyectó entonces.

R. Fue presentado el proyecto y el presidente acordó que debía ser estudiado más a fondo. Se construyó durante el Gobierno de la presidenta Dilma [Rousseff]. Ahora, cuando al presidente le preguntaron por Belo Monte, dijo que tenemos alternativas: energía solar, eólica… que tienen un coste menor y serán priorizadas. Necesitamos esas redefiniciones, incluso ayudando a otros sectores que necesitan impulso. Anteayer hablé con el ministro de Agricultura para que avancemos hacia una agricultura baja en carbono. La petición del presidente Lula es que creemos sinergias. ¿Habrá desacuerdos? Por supuesto. Pero existe la determinación de que todos entiendan que combatir el cambio climático, no permitir la destrucción de la Amazonia, marcará una diferencia enorme. Es una situación de tierra arrasada, tenemos una crisis económica y una crisis social a las que responder junto a la crisis política. Por eso el presidente Lula realmente necesita esta ayuda y solidaridad del mundo desarrollado. No condicionamos proteger la Amazonia a que nos paguen, queremos hacerlo y ya lo hicimos. Ahora necesitamos solidaridad para estabilizar la democracia, la solidaridad [el pasado domingo] fue increíble y nos ayudó a responder, a que la gente sienta que este camino de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la justicia social, la lucha contra la desigualdad, es el camino correcto.

P. En la Amazonia es más fácil ganarse la vida ilegalmente con la minería, la pesca o la madera ilegal, que encontrar un buen empleo legal. ¿Cómo van a revertir esta situación? ¿Habrá ayudas para incentivar la legalidad?

R. La Amazonia tiene más de 25 millones de habitantes. Posee riquezas y bellezas incalculables, pero coexiste con índices de pobreza inaceptables. Requiere políticas de corto, medio y largo plazo. Políticas de emergencia, como Bolsa Familia, apostar por la bioeconomía, por la diversificación, aumentar la productividad en la agricultura… Pero no se logra de noche a la mañana, ni en cuatro años. Nuestro sueño es tener una agricultura con trazabilidad de las cadenas productivas, etc. Pero antes hay que hacer la planificación territorial del suelo, el registro ambiental… No es magia.

P. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional, además de ayudar económicamente?

R. Por ejemplo, abrir los mercados a productos producidos de forma sostenible, cooperación científica en el campo de la bioeconomía, en áreas prometedoras como la cosmética o la industria farmacéutica, en actividades para estimular el turismo…

P. Bolsonaro no demarcó un centímetro de tierras indígenas o reservas naturales. Varias están listas para ser creadas. ¿Cuándo ocurrirá?

R. Estamos haciendo un calendario para que el presidente Lula cree tanto unidades de conservación como tierras indígenas. Está entre las medidas de los primeros 100 días.

P. ¿Los asesinos del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips serán juzgados y castigados?

R. El ministro de Justicia ha insistido en que tanto aquellos que ejecutan los crímenes, como los autores intelectuales, como los que lo financian, serán rigurosamente castigados. Tanto en el caso de Chico Mendes como en el de la hermana Dorothy [Stang] los autores fueron castigados. Y cuando dejas claro que no habrá impunidad para quien ejecuta, ordena o financia un crimen, reduces la violencia.

P. Usted es uno de los tres ministros evangélicos de este Ejecutivo. ¿Cree que el Gobierno debe hacer gestos hacia ese colectivo?

R. Los gestos que un Gobierno debe tener son garantizar el respeto a la Constitución, a la libertad de creer o no creer y tener políticas públicas eficientes para todos y no discriminar. Ahora bien, tener una actitud de diálogo con un segmento que pronto será casi la mitad de la población brasileña es fundamental. Lo correcto es tratar a todos como sujetos de derechos políticos, sociales, derecho a creer, a no creer, sin importar el color o la orientación sexual. Este es un Estado laico. Pero tampoco podemos tener políticos que ignoren o traten con indiferencia a ciertos colectivos. Nunca, ni cuando era católica y quise ser monja, usé mi fe para promocionarme en política. A veces me acusan de ser poco evangélica o fundamentalista. No soy ni una cosa ni la otra. Quien puede juzgar mi fe es Dios.

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