Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump

Ha costado más de tres años, los que ha durado una investigación de carácter penal de la fiscalía de Manhattan con idas y venidas. Pero las abundantes sospechas acerca de irregularidades en la Organización Trump se han visto confirmadas este martes, cuando un tribunal ha dictaminado que el gran emporio inmobiliario del expresidente republicano Donald Trump desarrolló durante 15 años un sistema de pagos en negro que defraudó millones de dólares al fisco, incurriendo en una práctica continuada de fraude fiscal. El fallo judicial empaña los esfuerzos del magnate en su campaña para volver a la Casa Blanca en 2024, aunque no había sido imputado en la causa.

A trompicones, con sonoras renuncias de investigadores por el punto muerto en que el proceso pareció haber entrado en ocasiones, la investigación iniciada en 2018 por el anterior fiscal de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance Jr., y heredada por el actual, Alvin Bragg, se ha sustanciado en una condena que sólo supondrá multas para la Organización Trump, un conglomerado de bienes raíces que explota hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo. Será el juez que preside el tribunal el encargado de determinar la cuantía de la sanción. La empresa se ha declarado inocente, pese a la asunción de culpabilidad del director financiero y mano derecha de Trump durante décadas, Allen Weisselberg, que ha resistido a las presiones de los fiscales para implicar en la trama a su jefe.

Aunque la cuantía de la multa sea abordable por un emporio milmillonario como el de Trump, la condena por un jurado podría complicar su margen de maniobra en los negocios con prestamistas, bancos y socios. La causa se basó en acusaciones de que la Organización Trump, con sede en la Quinta Avenida de Nueva York, pagó gastos en especie, como alquileres de alto nivel y de coches de lujo, a importantes directivos de la firma, a la cabeza de todos ellos Weisselberg, que no declararon esos ingresos, además de pagarles primas como si fueran autónomos.

“La oferta de beneficios [en negro] se había diseñado para mantener a sus altos ejecutivos contentos y para garantizar su lealtad”, dijo el fiscal Joshua Steinglass a los miembros del jurado durante su alegato final, el viernes pasado. De hecho, dado que las deliberaciones del jurado arrancaron este mismo lunes, ha sorprendido la rapidez de la sentencia, no así su contenido. El tribunal considera culpable a la Organización Trump de nueve cargos, entre ellos estafa, conspiración para cometer hurto mayor, fraude fiscal, falsificación de documentos comerciales y otros relacionados.

Weisselberg, de 75 años, declaró como testigo estrella como parte de un acuerdo con los fiscales que le permitirá no pasar más de cinco meses en la cárcel pese a haberse declarado culpable. La Organización Trump argumentó que Weisselberg desarrolló el esquema por su cuenta, para beneficiarse a sí mismo. Sigue a sueldo de la empresa a cambio de no implicar a su jefe y declaró en su día que recibió más de un millón de dólares en pagos de salarios y bonos.

En paralelo a la causa penal instruida por la fiscalía de Manhattan, la Organización Trump afronta otra paralela por fraude presentada por la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, también demócrata, al igual que su colega Bragg. De ahí que Trump haya rechazado las acusaciones en ambos casos, por considerarlas motivadas políticamente por sus rivales. En su comparecencia ante James, en agosto, el magnate se acogió a su derecho a no declarar para no incriminarse.

Pese al relativo daño que pueda causar en las finanzas de Trump la multa, el baldón del fallo publicado hoy se añade a una panoplia de investigaciones en curso, en las que el expresidente republicano se juega su crédito político. La investigación del FBI por haberse llevado documentos confidenciales de la Casa Blanca, los ya conocidos como papeles de Mar-a-Lago -nombre de su residencia en Florida de donde fueron decomisados por los agentes-; la citación a declarar por el comité del Congreso que investiga su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021 y, por último, sus intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 en el Estado de Georgia, de los que sin embargo no está formalmente acusado, se suman en una tormenta judicial perfecta contra el exmandatario, cuando aspira a desalojar a Joe Biden de la Casa Blanca dentro de dos años.

Además, el Tribunal Supremo dio luz verde a la entrega de las declaraciones de impuestos de Trump a un comité del Congreso -ha sido el único mandatario que rehusó hacerlo durante su estancia en la Casa Blanca-, mientras el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, nombraba un superfiscal especial para dos de los casos, el del asalto al Capitolio y la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

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