El Tribunal Supremo da luz verde a la entrega de las declaraciones fiscales de Trump a un comité de la Cámara

En un nuevo giro de guion de un proceso que se dilata desde hace años, el Tribunal Supremo de EE UU ha rechazado este martes denegar la entrega de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump a una petición del Congreso de investigarlas. Al autorizar la entrega de los documentos al comité de Medios y Arbitrios, el Alto Tribunal propina un nuevo revés al republicano, investigado por otras causas que desde el viernes pasado supervisará un fiscal especial.

Trump presentó el pasado 31 de octubre un requerimiento de urgencia para impedir que sus declaraciones de impuestos vieran la luz pública si, como ahora parece probable, el comité del Congreso las escruta con luz y taquígrafos. El magnate pretendía así bloquear el fallo de un tribunal inferior, que había fallado previamente a favor de la entrega, mientras sus abogados presentaban una apelación por considerar que la solicitud del comité —presidido por un legislador demócrata— tenía una motivación política. Tanto el fallo de la instancia inferior como la del Supremo consideran que la petición del comité es parte consustancial del trabajo legislativo. Ninguno de los nueve magistrados que componen el Supremo, de mayoría ultraconservadora, ha disentido.

El fallo de hoy reactiva pues el proceso abierto en 2019 por el comité de Medios y Arbitrios, después de que el presidente del Supremo, John Roberts, decidiera el pasado 1 de noviembre bloquear temporalmente la entrega al comité de los documentos mientras el tribunal consideraba cómo proceder. Los demócratas de la Cámara de Representantes han estado pidiendo las declaraciones durante años, para determinar cómo acomete Hacienda (IRS, en sus siglas inglesas) sus auditorías presidenciales de rutina, mientras que los abogados de Trump han argumentado que el asunto es puramente político.

Trump, que estuvo en la Casa Blanca de enero de 2017 a enero de 2021, fue el primer presidente en cuatro décadas que no hizo públicas las declaraciones de impuestos. La comisión de Medios y Arbitrios insistió al Supremo en que ponerse del lado de Trump perjudicaría la autoridad constitucional “al impedir de hecho que el Congreso complete cualquier investigación que involucre a un expresidente siempre que haya alegaciones de que la investigación tuvo una motivación política”.

Los presidentes y vicepresidentes se han sometido a este tipo de auditorías desde 1977. La ley fiscal federal también exige a los funcionarios del Departamento del Tesoro que entreguen las declaraciones de impuestos individuales al recibir una solicitud por escrito del presidente del comité.

La pelea en torno a la publicación de sus datos fiscales es uno de los muchos frentes legales que Trump, que la semana pasada anunció su candidatura a la reelección en 2024, tiene abiertos. El fiscal general de EE UU, Merrick Garland, anunció el viernes pasado el nombramiento de un fiscal independiente para supervisar las investigaciones sobre su papel en el asalto al Capitolio por una horda de seguidores suyos en enero de 2021, así como por la retención irregular de documentos clasificados en su mansión de Florida, que el expresidente sacó de la Casa Blanca al dejar la presidencia. Hay una tercera, en el Estado de Georgia, por las maniobras del republicano para dar la vuelta al resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Además, el magnate afronta sendas investigaciones, una de carácter penal y otra civil, en la fiscalía de Manhattan y la del Estado de Nueva York por presuntas irregularidades fiscales en su emporio, la Organización Trump. La primera de ellas ha dado un vuelco esta semana al decidir el fiscal, Alvin Bragg, que heredó el caso de su predecesor Cyrus Jr. Vance —ambos demócratas—, retomar la investigación por el pago secreto que el magnate hizo a una actriz de cine para adultos, Stormy Daniel, para silenciar el escándalo acerca de su relación y no perjudicar su carrera política.

En el segundo de los casos, la investigación civil emprendida por la oficina de la fiscal general del Estado, la también demócrata Letitia James, un juez de Nueva York ha fijado para octubre de 2023 la vista del expresidente, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump. James acusa al magnate de sobrevalorar fraudulentamente los activos de la empresa inmobiliaria y el patrimonio familiar para conseguir exenciones fiscales y préstamos bancarios en condiciones ventajosas. Los abogados de Trump intentaron que la demanda fuera desestimada, querellándose en dos ocasiones contra James, sin éxito, además de acusar repetidamente al juez de parcialidad.

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