Michelle Bachelet revela presiones de China a la ONU para ocultar la represión a la minoría uigur

Pekín presionó a Naciones Unidas para que dejara en un cajón un informe que aún no ha sido publicado sobre la situación de los derechos humanos en la región septentrional china de Xinjiang, hogar de 12 millones de miembros de la minoría musulmana uigur, reveló este jueves Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su última conferencia de prensa en Ginebra (Suiza) antes de abandonar el cargo el 31 de agosto, oficialmente por decisión propia. Al hacer balance de su mandato de cuatro años, Bachelet desveló que las autoridades chinas le remitieron una carta, rubricada por otros 40 países cuyos nombres no precisó, en la que instaban a la organización a no publicar ese documento. Su oficina “no respondió” a lo que definió como “presiones”, subrayó la alta comisionada.

El informe sobre el trato que China dispensa a los uigures lleva en elaboración tres años, pero se prevé que incluya también los resultados de una controvertida visita que Bachelet efectuó al país asiático entre el 23 y el 28 de mayo, la primera de un responsable de derechos humanos de la ONU desde 2005. Ese viaje le valió agrias críticas de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch e incluso del Departamento de Estado norteamericano, que le afearon su supuesta “tibieza” hacia China y el tono moderado de sus críticas a las autoridades del país, que equipararon a un lavado de imagen del régimen chino.

La divulgación de ese texto que, según Bachelet, Pekín ha tratado de impedir con el apoyo de sus aliados, se ha postergado durante meses por razones que se desconocen. La también expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), de 70 años, justificó este retraso precisamente con el argumento de que se precisa tiempo para añadir los resultados de su visita a China de mayo. “Estamos tratando de cumplir lo que prometí”, afirmó en alusión a su compromiso de publicar el documento antes del final de su mandato, el 31 de agosto, pero sin confirmar del todo que esta promesa se hará realidad.

“Estamos trabajando en el informe. Tenía toda la intención de publicarlo antes de que terminara mi mandato y hemos recibido comentarios sustanciales del Gobierno chino que tendremos que examinar cuidadosamente, como hacemos siempre con cualquier país (...) He estado bajo una enorme presión para publicar o no publicar [el documento] pero no serán esas presiones las que harán que lo publiquemos o no”, aseveró la alta comisionada. Varios países occidentales, encabezados por Estados Unidos, han instado a la ONU en los últimos meses a divulgar el informe.

Aunque el alcance masivo de la represión de Pekín hacia los uigures ya se había denunciado, el pasado 25 de mayo, mientras Bachelet se encontraba aún en territorio chino, una investigación periodística de 14 medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, desveló decenas de miles de fichas policiales, fotografías y documentos oficiales que confirmaron el carácter sistemático de la persecución hacia ese grupo étnico, con gravísimos abusos de derechos humanos que podrían haber sufrido más de dos millones de personas. La investigación reveló la generalización de atropellos como el internamiento, incluido de menores de edad, en centros de reeducación y adoctrinamiento, malos tratos por los más banales motivos, el trabajo forzoso institucionalizado e incluso una política oficial de “disparar a matar” si los reclusos tratan de escapar. Pekín niega estas acusaciones y asegura que las cárceles secretas son simples centros de formación profesional.

Cuando solo habían transcurrido dos semanas desde su retorno de China, el 13 de junio, Bachelet anunció que no se presentaría a la reelección en su cargo y alegó “razones personales”, aunque, según diversas fuentes, fue precisamente esa polémica visita lo que motivó su decisión. Días antes, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos—uno de los cinco miembros permanentes y con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU—criticó que la alta comisionada no exigiera acceder en China a personas trasladadas forzosamente por Pekín a regiones enclavadas del país y que Bachelet no hubiese investigado lo suficiente sobre los uigures desaparecidos. El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, había calificado antes de “desastrosa” la gestión de la expresidenta chilena en cuanto a China, y subrayado que debería reemplazarla en el cargo alguien más crítico frente a los abusos. El nombre de Bachelet figuraba hasta ahora en las quinielas para suceder a António Guterres como Secretario General de la ONU.

Sucesión

Con la sombra de estas críticas que han marcado el final de su mandato, Bachelet pronunció durante la conferencia de prensa, retransmitida por videoconferencia, un discurso final de perfil bajo en el que la revelación sobre las presiones de China y otros países no llegó hasta el turno de preguntas de los periodistas. Durante su alocución, rindió homenaje a “los defensores y defensoras de derechos humanos”, recordó algunas de las guerras aún abiertas en el mundo, como la de Ucrania, y pidió a Rusia que detuviera su “acción armada” en ese país. La alta comisionada aludió a su vez al “profundo impacto de la covid-19″, la crisis alimentaria y de energía y los efectos del cambio climático en el planeta.

“El viaje para defender los derechos humanos no acaba nunca y la vigilancia de los retrocesos en cuanto a esos derechos es vital”, reiteró Bachelet. Sobre su posible sucesor, la alta comisionada aseguró, sin ofrecer ningún nombre, que “hay unos 50 candidatos”.

Bachelet desglosó además varios de sus propósitos finales para los días que le quedan como responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Uno de ellos, el de llamar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para recordarle “promesas que no deben ser olvidadas”, en referencia a la situación de derechos humanos en ese país. La socialista Bachelet recalcó como un logro de su desempeño como alta comisionada el haber establecido “una cooperación” con las autoridades venezolanas en un país con el que antes “no había nada”.

Bachelet dejó en el aire sus planes al abandonar el cargo y regresar a su Chile natal. Solo ofreció dos detalles. El primero, que “votará [sí] la nueva Constitución” de su país promovida por el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, que se someterá a referéndum el próximo 4 de septiembre. El segundo, que “no se dedicará a hacer punto”.

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